Panamá: la crisis de que se trata

Guillermo Castro Herrera

El debate en torno a la pandemia de COVID 19 ha enriquecido nuestras capacidades para comprender el alcance y las formas del impacto de la crisis global en nuestra América. Hoy entendemos con mayor claridad dos elementos relevantes en esta circunstancia. Uno consiste en que la pandemia detonó una crisis generada por la acumulación de contradicciones y conflictos de orden económico, social, político y ambiental en toda la región. Otro, que esa detonación tuvo características distintas en países diferentes, asociadas al tipo de formación económico social existente en cada uno de ellos.[1]

En Panamá, esa formación tiene un carácter transitista. Ese término designa dos elementos a un tiempo. El primero es la función que Panamá desempeña desde el siglo XVI en la provisión de servicios al tránsito interoceánico para la circulación de capitales, mercancías y personas en el mercado mundial. El segundo, las formas de vida económica, social y política, y de organización territorial del Istmo, asociadas a esa función.

A lo largo de esos cinco siglos, la formación transitista ha desarrollado rasgos característicos. Uno consiste en la organización monopólica del tránsito interoceánico a partir de una sola ruta: la del valle del río Chagres. Así, esa ruta estuvo sujeta al control de poderes políticos externos al Istmo – la Monarquía española, el Estado colombiano y los Estados Unidos de América – hasta 1999, cuando pasó a ser responsabilidad del Estado nacional de Panamá.[2]

Ese control, a su vez, ha garantizado al tránsito interoceánico subsidios ambientales y sociales – tierra, agua, energía y fuerza de trabajo, en primer término – provenientes del entorno natural, social y económico de la ruta. Esto ha permitido concentrar y centralizar la vida económica del país en torno a esa actividad, al punto de limitar el resto del país al desarrollo de actividades compatibles con esa función de subsidio.

En lo social, esto estimuló la constante fragmentación del mundo de los trabajadores entre los sectores directa e indirectamente vinculados a las actividades de la ruta. Así, el subsidio al tránsito genera un retraso constante en el desarrollo de las fuerzas productivas en el resto de la economía nacional, y en la transformación de las relaciones sociales de producción y de la cultura en el resto de la sociedad. De aquí resultó una estructura económica que concentra en el sector terciario magnitudes de actividad y producción que en el resto de la región corresponden por lo general a los sectores primario y secundario.

Dentro de ese marco, el país enfrenta hoy una peculiar contradicción. La operación sostenida del Canal demanda, hoy, el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, la cultura transitista no está en capacidad de asumir esa necesidad y traducirla en un proyecto de nación sustentado en una organización no transtista del tránsito, que multiplique la capacidad del conjunto del país para ofrecer servicios tanto al mercado mundial como a la integración de nuestra América.

El hecho de que el Estado no se haya planteado siquiera esa tarea, ni mucho menos se la haya propuesto a la sociedad como un empeño en común, debe ser objeto de una seria reflexión política. En efecto, si el Estado controla al Canal, lo que cabe discutir es quién controla al Estado, cómo lo hace, y hasta qué punto está o no está en la disposición y la capacidad de someter su gestión del bien público mayor de la Repúlica al control social de sus ciudadanos.

Los elementos fundamentales para la construcción de ese proyecto de reconstrucción nacional se encuentran dispersos, hoy, en las demandas de múltiples sectores de la sociedad panameña. Sin embargo, los sectores dominantes en la formación transitista no pueden ni quieren ir más allá de su interés en modernizar en lo tecnológico, y preservar en lo político, los privilegios de que han disfrutado desde 1903. Por su parte, los sectores populares y la nueva generación de intelectuales que buscan vincularse a ellos no se resisten al desarrollo de las fuerzas productivas generado por el tránsito tránsito, sino a preservar las relaciones de producción que constituyen el cimiento fundamental del transitismo.

Hemos llegado, así, a la más singular de las contradicciones de nuestra historia: aquella en la que el transitismo se constituye en el peligro mayor para la actividad del tránsito en Panamá. Aquí está el nudo gordiano de la crisis que nos aqueja. Cortarlo de raíz es sin duda el desafío mayor de nuestro tiempo en nuestra tierra.

Panamá, 12 de junio de 2001

[1] En el sentido de que en todas las formas de sociedad “existe una determinada producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango de influencia, y cuyas relaciones por lo tanto aseguran a todas las otras el rango y la influencia. Es una iluminación general en la que se bañan todos los colores y [que] modifica las particularidades de éstos. Es como un éter particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve.” / Marx, Karl: Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857 – 1858. I. Siglo XXI Editores, México, 2007. I: 27 – 28.

[2] Por contraste, la población prehispánica había desarrollado al menos media docena de rutas de intercambio entre los litorales del Pacífico y el Atlántico del Istmo, cuyas funciones iban desde el intercambio interno de bienes, hasta facilitar el que tenía lugar entre civilizaciones situadas fuera del Istmo, en las riberas de ambos mares.

Panamá: el informe del presidente

Guillermo Castro H.

El pasado 1 de julio, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, presentó ante la Asamblea Nacional el Informe a la Nación sobre el desempeño del gobierno a su cargo en su primer año de gestión. Como era de esperar, el Informe enfatizó en lo que ese gobierno considera los dos mayores problemas que enfrenta su gestión. Uno es la reactivación de una economía en proceso de contracción. El otro, el manejo de la pandemia de COVID 19 que ha acelerado el deterioro de esa economía, y ha dejado en evidencia la gravedad de los problemas que han venido acumulándose a lo largo del siglo XXI en la vida de Panamá y sus habitantes.

La reactivación económica se centró en el anuncio de nuevos subsidios masivos a la banca y la construcción – de viviendas y obras de infraestructura -, y de otros más modestos a la pequeña y mediana empresa y la producción agropecuaria. En lo más esencial, las medidas anunciadas apuntan a procurar que el modelo de desarrollo neoliberal-transitista navegue con el menor daño posible por las aguas de la crisis, y llegue a puerto en capacidad de reactivarse con energías renovadas.

Lo relativo a la pandemia fue abordado en una perspectiva técnica de prevención y atención de la enfermedad, dejando de lado el enfoque de salud pública inicialmente adoptado por la Ministra de Salud, destituida de su cargo casi sin previo aviso la semana anterior a la presentación del informe. Con ello, el Informe se concentró a dar cuenta de equipos, instalaciones, inversiones, medidas de control sanitario, donaciones a los más pobres -1,600,000 panameños, dijo – y un agradecimiento público a la labor de los trabajadores de la salud, los bomberos, la fuerza pública y los voluntarios que participan en la atención a la enfermedad y la vigilancia de una cuarentena particularmente rigurosa.

Así las cosas, tiene el mayor interés aquello a que el Informe no hizo referencia. En primer lugar, la crisis que aqueja al país fue presentada como el producto de un relámpago en un día claro, sin ninguna alusión a los factores internos y externos que convergen en ella. Salvo referencias rituales a la lucha contra la corrupción y por la probidad en la gestión de la cosa pública – que nunca faltan en estos discursos en nuestros países – fue eludido todo lo que hay de realmente medular en el problema.

A lo largo de las últimas décadas, en efecto, se había hecho evidente que el país encaraba, a un tiempo, un crecimiento económico incierto, una inequidad social persistente, una degradación ambiental constante, y un creciente deterioro institucional. Esto último expresado los constantes conflictos entre los poderes del Estado y, sobre todo, en el colapso de los servicios públicos de salud y educación, y en el riego evidente de colapso también en la seguridad social.

Más allá de protestas populares dispersas, aunque sin duda crecientes, esa crisis no ha tenido aún una expresión política significativa. Hay múltiples razones que explican esto, desde la continuidad de la política de marginación, y aun hostigamiento, a las organizaciones comunitarias y de trabajadores – establecida por el militarismo criollo en la década de 1980 -, hasta el éxito logrado por los gobiernos habidos de 1990 a nuestros días en el cultivo del clientelismo político.

Esta situación, sin embargo, tiene límites que van emergiendo con creciente claridad. El prolongado confinamiento de la población ha llevado a graves extremos la situación de precariedad los sectores más pobres, y afectado severamente tanto a la baja clase media que depende de pequeñas empresas, como a la de ingresos mayores, ahogada en deudas cuyo pago se le ha permitido postergar por unos meses…sin condonación de intereses. Al propio tiempo, una prolongada política de desdén por la producción industrial y agropecuaria ha deteriorado la credibilidad del Estado ante pequeños y medianos productores, y acentuado los conflictos de interés entre el campo y la ciudad.

Por otra parte, si bien sectores como el universitario, que protagonizaron importantes luchas políticas de corte patriótico y social a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1979 están de hecho desmovilizados en el siglo XXI, va tomando forma una generación de relevo, en la que jóvenes trabajadores, estudiantes e intelectuales encuentran en esta crisis su mejor escuela de ciencia política. A eso se agrega, también, la actividad de grupos emergentes en el sector privado – sobre todo en zonas del interior del país – que van convergiendo en la demanda de llevar al país a un modelo de desarrollo que amplíe el mercado interno y favorezca un progreso más equitativo y sostenible.

La crisis va creando así un clima de diálogo, debate e iniciativa política que va poniendo en evidencia las afinidades menores y mayores de una diversidad de sectores sociales que hasta ahora han marchado por separado, temiéndose unos a otros y desconfiando por principio entre sí. Esos sectores se ven ahora en la necesidad de confluir, porque los cambios acumulados en la sociedad panameña a partir de la integración del Canal a su economía interna, y de esa economía al mercado global, contribuyen hoy a la fermentación de transformaciones de las que emergerá una sociedad diferente, para mejor o para peor, según cuál sea la coalición de sectores que logra conducir el proceso en curso.

De nada de esto trató el Informe, que sin esto no puede ser comprendido a cabalidad. Razón tenía Martí en su advertencia de 1891:

el que pone de lado, por voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella. [1]

A esa luz será juzgado lo dicho al país por su presidente, como será decidido por su pueblo lo que haya de hacer al respecto.

Panamá, 3 de julio de 2020

[1] “Nuestra América”. El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La habana, 1975. VI:18.