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Panamá: del agua entre los mares

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Guillermo Castro H.

De súbito, en apariencia, la degradación constante en las relaciones entre la sociedad panameña y su entorno natural se ha tornado socioambiental. El debate en torno a un contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum, que ya venía explotando una enorme concesión minera en el entorno de áreas protegidas vinculadas al Corredor Biológico del Atlántico Mesoamericano, se combinó con un gran incendio en el relleno sanitario de la Capital, situado entre la cuenca del Canal y áreas ya urbanizadas de la ciudad. A esto se sumó la protesta masiva de residentes en las ciudades dormitorio situadas en la ribera Oeste del Canal, a quienes se les han vendido viviendas sin dotación segura de agua potable mientras, por su parte, el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá advertía al país sobre la necesidad de atender a las necesidades de abastecimiento de agua para la vía interoceánica en el mediano plazo.

Panamá ha ingresado así – y a una escala no vista antes – a una circunstancia en que grupos sociales distintos aspiran a hacer usos mutuamente excluyentes de los recursos de un mismo ecosistema. Tal es el terreno de la ecología política, que hasta ahora carecía de un lugar relevante en nuestra cultura ambiental, aún vinculada en buena medida al conservacionismo conservador norteamericano. Pero ahora puede ser que 2024 pase a ser el año en la ecología política encuentre un lugar para sí entre nosotros.

El país, por ejemplo, necesita establecer una política realmente pública en materia de gestión del agua. Dado que la política es cultura en acto, el proceso de formación y formulación de esa política deberá insertarse en otro, más amplio y complejo, de formación de una cultura del agua correspondiente al papel que ésta desempeña en la sostenibilidad del desarrollo humano de la sociedad panameña. Y esto, a su vez, demanda indagar en la manera en que las contradicciones en nuestra relación con el agua se vinculan con las que animan nuestro desarrollo social.

En lo general, sabemos que el agua es un elemento vital en el metabolismo entre las sociedades humanas y sus entornos naturales. Aquí, lo que distingue la relación de los humanos con el agua consiste en que todos los demás seres vivientes la utilizan, pero solo nuestra especie la transforma. Así, si bien para todos los seres vivientes es un elemento natural, los humanos se vinculan con ese elemento transformándolo en un recurso adecuado a sus necesidades.

En esa relación entre la especie, el elemento y el recurso destacan dos elementos. Uno, que la relación entre ambos está mediada por el trabajo socialmente organizado. Otro, que el carácter y el alcance de esa organización social del trabajo cambia con el desarrollo histórico de la sociedad, y con los cambios que en ese proceso ocurren en su entorno natural.

Así, el agua tiene tanto una historia natural como tiene una historia social, cuya combinación sustenta su historia ambiental, que hace parte de otra, más amplia: la del desarrollo humano a partir del metabolismo que cada sociedad establece con su entorno natural.  En ese sentido, por ejemplo, el historiador y sinólogo Karl Wittfogel resaltó en su momento la existencia “de al menos dos grandes tipos de civilizaciones agrarias rural – urbanas -las hidráulicas y las no hidráulicas”, destacando el peculiar potencial civilizatorio de las primeras a partir de la eficacia de su producción agrícola.[1]

Para Wittfogel, ese potencial estaba determinado por la capacidad de aquellas civilizaciones para la gestión del agua como recurso para la agricultura a partir del hecho de que -a diferencia de otros factores como la temperatura, la disposición de la superficie, la fertilidad del suelo, y el carácter de las plantas cultivables – el agua “es el único recurso que tiende a aglomerarse en bulto.” Al respecto, propuso una caracterización de las actividades agrícolas a partir de su relación con el agua.

Así, llamó pluviagricultura a aquella en la cual “un clima favorable permite el cultivo sobre la base de las precipitaciones naturales”; “hidroagricultura”, a la que recurre a la irrigación, aunque solo a pequeña escala, y “agricultura hidráulica” a aquella en que la abundante oferta de agua disponible lleva “a la creación de grandes obras hidráulicas, productivas y de protección, que son administradas por el gobierno.” Esta combinación de “una agricultura y un gobierno hidráulicos, y una sociedad organizada en torno a un único centro,” dijo, “constituye la esencia institucional de la civilización hidráulica.”

Para Wittfogel, la eficacia administrativa de ese tipo de civilización podía incluso dar lugar a la existencia de gobiernos que, sin tener funciones hidráulicas relevantes, utilizaran los métodos de administración y ejercicio del poder propios del “despotismo hidráulico” con el fin de “mantener débil a la propiedad privada, y políticamente impotentes a las fuerzas no burocráticas de la sociedad.” Tal, quizás, sea el caso de Panamá.

De hecho, el agua como recurso natural siempre es objeto de una política – implícita o explícita -, cuyos orígenes, racionalidad y posibilidades de transformación y desarrollo pueden y deben ser estudiados. En el caso de Panamá nuestra cultura del agua ha tenido dos momentos formativos. Entre los siglos XVI y XIX, fue una pluvicultura. Del XX acá, es una cultura hidráulica, ligada primero a la construcción y operación del Cana en el marco de una relación de protectorado impuesta por la mayor potencia capitalista del Hemisferio a una pequeña sociedad comercial y agraria, primero, y de una red de hidroeléctricas, después, a la que ahora se agrega la minería metálica a cielo abierto en la región más lluviosa del país.[2]

Así, los conflictos en torno al agua se expresen aquí a partir de la contradicción entre una cultura hidráulica dominante en la administración del Canal de Panamá y en el imaginario estatal, que coexiste en una relación inarmónica con la pluvicultura dominante en el resto de la sociedad. La cultura hidráulica, en efecto, hace una administración centralizada y cuidadosa del agua. La pluvicultura, en cambio, simplemente se apropia del agua donde esté disponible, la utiliza en actividades de muy limitada complejidad, y la devuelve sin tratamiento alguno a su entorno natural.

De esta inarmonía proviene el hecho de que en Panamá el agua sea un elemento natural muy abundante, pero un recurso natural cada vez más escaso debido a la ausencia de una adecuada gestión de las cuencas hidrográficas, y el uso muy frecuente de los cursos de agua como vertederos de desechos. Todo ello deteriora la calidad del elemento natural e incrementa los costos de su producción como recurso para actividades complejas, como las que demandan agua potable.

En estas circunstancias, la atención a los problemas indicados demandaría un alto grado de organización social comunitaria, y una efectiva capacidad de gestión de los municipios. Ambas cosas están ausentes en Panamá, en particular la organización social de los sectores populares y de capas medias, que los condena esperar que el Estado encuentre la voluntad y los recursos para atender a sus necesidades. El Estado, por su parte, espera de esos sectores paciencia y comprensión – mientras mayores, mejor – porque en realidad carece hoy de la capacidad para comprender y atender a esas necesidades, y trabajar con los afectados en su solución.

Dicho en liberalés, Panamá requiere fomentar su capital natural mediante el fomento de su capital social, para hacer posible la protección del elemento y garantizar la disponibilidad del recurso. De ese doble fomento hace parte el proceso de formación y formulación de una política del agua sustentada en la capacidad de nuestra gente para comprender y ejercer relaciones con el agua que contribuyan a resolver los problemas socioambientales que hoy afectan su relación con ella.

Esto, naturalmente, demandará promover y facilitar la organización social y comunitaria que permita a la población construir una relación social con el agua que contribuya al desarrollo humano en el siglo XXI. Tal política nos permitiría iniciar el tránsito desde el despotismo hidráulico a la gestión democrática del agua, en el camino que nos lleve a la economía del Pro Mundi Beneficio – como lo proclama el escudo nacional -, por otra que haga de los servicios al tránsito interoceánico e interamericano la base de una sociedad que trabaje con el mundo Pro Domo Beneficio, como debe ser.

Alto Boquete, Panamá, 10 de abril de 2023

[1] “The Hydraulic Civilizations”, en Thomas, William L. (ed  .), 1956: Man’s Role in Changing the Face of the Earth, The University of Chicago Press, 1967. Traducción de Guillermo Castro H.

[2] De hecho, la abundancia del agua en Panamá generó un grave problema y una innovadora solución para el tránsito interoceánico entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. El proyecto francés de un canal a nivel, en efecto, fracasó en su intento de conquistar el agua conquistando la tierra. El canal norteamericano, logró dominar el agua trabajando con ella, para convertir el elemento natural provisto por el río Chagres en el recurso natural almacenado y administrado en el lago Gatún.

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Tal nuestro riesgo, tal nuestra esperanza

Guillermo Castro H.

El concepto de formación económico – social – elaborado por Marx a fines de la década de 1850, pero incorporado al desarrollo del marxismo solo en la segunda mitad del siglo XX -, permite referir aquel otro, más amplio y abstracto, de modo de producción, a sociedades específicas en tiempos puntuales.  El primero, en efecto, resalta el hecho de que en toda sociedad existe “una determinada producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango [e] influencia”, la cual constituye “un éter particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve.”[i]

En Panamá, el tránsito interoceánico ha desempeñado un importante papel en el desarrollo histórico del Istmo durante miles de años, a partir de múltiples rutas existentes en el territorio. De cinco siglo acá, sin embargo, ese tránsito se ha concentrado en una ruta específica para una función específica: facilitar la la circulación del capital a escala mundial.

De allí ha resultado una formación económico – social que podemos llamar transitista, cuya formulación teórica no se origina en nuestro marxismo, sino desde nuestro liberalismo. El transitismo, en efecto, fue presentado por primera vez al país por Hernán Porras en 1953, en un ensayo de vasta influencia en nuestra cultura, destinado a demostrar que en Panamá había clases sociales, sino grupos étnicos vinculados entre sí por sus relaciones con la oligarquía blanca que controlaba las relaciones de todos con la economía de tránsito.[ii]

Veinte años después, el transitismo fue objeto de generalización teórica por parte del historiador Alfredo Castillero.[iii] Eran tiempos nuevos: la oligarquía blanca había perdido el control político de la situación, y una alianza entre los cholos del interior y los mestizos de la Capital negociaba con Estados Unidos el fin de su enclave colonial en Panamá.

Desde esa circunstancia, Castillero enfatizó tres rasgos fundamentales en el transitismo. Uno fue la concentración del tránsito interoceánico por una sola ruta, bajo control de una potencia extranjera. Otro, la subordinación de las actividades productivas en el conjunto del territorio del país a las necesidades del tránsito. Y el último, la concentración de la renta producida por el tránsito, y del poder político en el Istmo, en los sectores sociales que controlan esa actividad.

Hoy, las actividades asociadas a la circulación del capital en el mercado mundial generan cerca del 90% del Producto Interno Bruto de Panamá, mientras las vinculadas a los sectores industrial y agropecuario se disputan el 10% restante. Esas actividades, además, se concentran en el Corredor Interoceánico establecido a lo largo del Canal de Panamá, que ya concentra el 50% de la población del país.

El factor determinante en la formación transitista panameña durante el siglo XX radicó en el control del Corredor Interoceánico por una potencia extranjera. En el XXI, la integración del Canal a la economía interna, y del país al mercado global, crearon una circunstancia inédita en nuestra historia. Esto, a su vez, inauguró un proceso de transición que aún está en marcha, y que determinará en su momento las nuevas formas de organización del país.

Esas formas nuevas ya se anuncian en la reorganización territorial de la economía y la sociedad panameñas. Esa reorganización va desde la creación de nuevas vías interoceánicas en diversos puntos del país,  a la recuperación de nuestra función como puente terrestre entre las Américas, y la presencia de formas nuevas y más complejas de actividad económica más allá del Corredor interoceánico.

Por otra parte, esa transición opera a partir del empeño de los sectores conservadores en preservar un orden de cosas en el que constiuyen una minoría social con el poder de una mayoría política. Esto genera una brecha creciente entre esa minoría social y los sectores mayoritarios del país, que demandan una reforma del Estado que garantice la representatividad del sistema político y permita organizar el tránsito de una manera no transitista, de modo que los frutos de esa actividad lleguen a todas las regiones del país.

Es a través de este aflorar de viejas y nuevas contradicciones que participamos, junto a todos los pueblos de nuesta América, en una circunstancia en la que el mundo “está en tránsito violento, de un estado social a otro.” Ante un cambio tal, si no hay una gestión política previsora,

los elementos de los pueblos se desquician y confunden; las ideas se obscurecen; se mezclan la justicia y la venganza; se exageran la acción y la reacción; hasta que luego, por la soberana potencia de la razón, que a todas las demás domina, y brota, como la aurora de la noche, de todas las tempestades de las almas, acrisólense los confundidos elementos, disípanse las nubes del combate, y van asentándose en sus cauces las fuerzas originales del estado nuevo: ahora estamos, en cosas sociales, en medio del combate.[iv]

Tales nuestros riesgos; tal, nuestra esperanza.

Panamá, 5 de marzo de 2019

 

[i] Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857 – 1858. I. Siglo XXI Editores, México, 2007. I, 27 – 28.

[ii] “Papel histórico de los grupos humanos en Panamá” (1953). Gandásegui, Marco (compilador): Las Clases Sociales en Panamá. CELA, segunda edición, Panamá. 2002, 41-78.

[iii] Nueva Sociedad Nº 5, San José, marzo-abril, 1973, pp 35-50; Estudios Sociales Centroamericanos Nº 5, San José, mayo-agosto, 1973, pp.  65-114;  Revista Cultural Lotería, Panamá, agosto-septiembre 1973, de la cual se tiró una separata, y Anuarios de Estudios Centroamericanos Nº1, San José, 1975.

[iv] “Cuentos de Hoy y de Mañana, por Rafael Castro Palomares”. La América, Nueva York, octubre de 1883. Obras Completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. V, 109.

 

Nota sobre el Estado, el país y su Universidad

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Nota sobre el Estado, el país y su Universidad

Guillermo Castro H.

La discusión sobre el Gobierno de la Universidad de Panamá está íntimamente asociada a la que demanda el Gobierno del país. La dificultad para encararla en estos términos se hace aún mayor cuando los medios de comunicación informen sobre la Universidad y el Gobierno de un modo que busca exacerbar los conflictos entre personas, antes que para discutir las ideas que puedan estar en pugna, convirtiéndose así en verdaderas armas de distracción masiva.

En el caso de la Universidad de Panamá, por ejemplo, esto acentúa la percepción de que la contradicción principal radica en quién ocupa la Rectoría, cuando habría que buscarla en la pérdida de vinculación de la Universidad con el país al que debe servir de centro de producción y debate de conocimientos sobre sí mismo, y sobre sus desafíos y oportunidades en el mundo contemporáneo. Este problema se agrava, además, porque el Estado nacional ha venido a reducir su relación con la Universidad a la de un mero proveedor de fondos de funcionamiento, y no está – desde hace mucho – en capacidad ni disposición de proporcionar un marco de relación correspondiente a una visión del desarrollo nacional que vaya más allá de proporcionarle al mercado los subsidios y la protección legal que necesita para funcionar a su libre arbitrio.

No es de extrañar, así, que el sistema nacional de educación superior tienda cada vez más a convertirse en un mercado de servicios académicos de formación profesional. En ese mercado convergen como si fueran iguales entidades públicas y privadas, y son las primeras, con sus intereses legítimamente particulares, las que imponen su lógica y sus demandas a las segundas, cuyos intereses sólo puede ser legítimos en la medida en que sean nacionales. En una situación como esta, la Universidad no sabe hacia dónde encaminarse – y tiende espontáneamente a replegarse sobre sí misma hasta el riesgo de asfixia -, como no lo sabe la Nación, porque el Estado ha dejado de cumplir la función de representante del interés general de nuestra sociedad.

En estas circunstancias, el orden de cosas vigente en el país y en sus instituciones, origen de los problemas que nos aquejan, tiende inevitablemente a aislar a la Universidad de su entorno. Distinta sería – y será – la situación cuando el tema de las relaciones entre la Universidad y la sociedad sea llevado a la sociedad misma, saliendo del campus para debatirlo con organizaciones sindicales, profesionales, empresariales, comunistarias y con el propio Estado, además de hacerlo con todos los estamentos universitarios, como es natural.

Para algunos, esto puede parecer un riesgo político excesivo. Y, sin embargo, el riesgo puede ser mucho mayor si no se entiende que si no se resuelve el problema por esa vía a partir de la alianza de los universitarios con los sectores más sanos de nuestra sociedad, la solución quedará en manos de los sectores más retrógrados de nuestra vida nacional, para mal del país entero.