Panamá. Escogiendo entre inconvenientes: naturaleza, mercado y servicios ambientales.

Guillermo Castro H.
I
La naturaleza no es en sí misma capital natural. Su aprovechamiento por parte de los humanos sólo ha estado dedicado a la producción de ganancias y la acumulación de capital en un sistema histórico específico: aquel creado a lo largo de los últimos cinco siglos, a partir del desarrollo del capitalismo como sistema de escala planetaria, mediante la formación del primer y único mercado mundial que ha conocido la Humanidad. En esta perspectiva, iniciativas como el Pago por Servicios Ambientales constituyen herramientas que la sociedad capitalista contemporánea – esto es, aquella que enfrenta hoy en la crisis ambiental las consecuencias de sus intervenciones en los ecosistemas de ayer – utiliza para culminar el proceso de transformar el patrimonio natural de la Humanidad en capital natural mediante la organización de mercados de bienes y servicios ambientales, que pasan a constituirse a su vez en un subsistema del mercado mundial.
El subsistema ambiental del mercado mundial, sin embargo, se distingue de todos los demás – extractivo, agrícola, industrial, comercial y financiero – en cuanto su función fundamental consiste en poner a la disposición de aquellos otros condiciones que son imprescindibles para su funcionamiento. Esas condiciones de producción – para designarlas como lo hiciera el antropólogo Karl Polanyi en su obra clásica La Gran Transformación – incluyen, además del acceso a los elementos naturales imprescindibles para cualquier actividad productiva – agua, aire, tierra y energía -, la producción de la fuerza de trabajo capaz de transformar esos elementos en recursos para otras actividades productivas, y la organización del espacio en que esas actividades tienen lugar – esto es, la gestión integrada del ambiente y el territorio.
La organización de los procesos necesarios para la producción de esas condiciones de producción es una responsabilidad fundamental del Estado, y la forma en que cada uno la ejerce expresa con especial claridad el carácter social de ese Estado, esto es, los intereses y valores que rigen sus relaciones con su propia sociedad. La organización de tales procesos, en efecto, abre todo un abanico de opciones. En un extremo de ese abanico, el Estado puede asumir el monopolio de todas las funciones relacionadas con la producción de esas condiciones y con el acceso a las mismas de otros productores. Tal fue el caso del Estado soviético. En el otro extremo, el Estado puede transferir la mayor parte de esas funciones a operadores privados, reteniendo para sí algunas tareas de regulación y control del cumplimiento de las mismas. Tal ha sido, hasta ahora, el caso de la gestión de esos servicios en el caso de los Estados neoliberales.
Entre ambos extremos, naturalmente, hay múltiples combinaciones intermedias. En todas ellas, sin embargo, el Estado conserva una función de intermediación política entre todas las partes involucradas, la cual puede ir desde la gestión de conflictos por vía de la negociación, hasta la represión de expresiones de descontento asociadas a tales conflictos. Lo esencial, en todo caso, es que el éxito o el fracaso del Estado en el cumplimiento de esa función dependerá de la relación general de fuerzas – o debilidades – que se derive del grado de desarrollo cultural y organizativo de cada una de las partes involucradas, incluyendo por supuesto a las agencias gubernamentales directamente implicadas. Dado que todos estos elementos son el producto de complejos procesos de formación y transformación a lo largo del tiempo, su análisis en perspectiva histórica puede aportar valiosos elementos de juicio respecto a la viabilidad y la eficacia de las diversas opciones para la creación de mercados de bienes y servicios ambientales en nuestros países.
II
Aquí conviene empezar con una precisión. Mientras en el resto de Occidente las abreviaturas AC y DC sirven para ordenar el tiempo en un antes y un después del nacimiento de Cristo, entre nosotros sirven además para ordenar nuestra propia historia en sus dos momentos fundamentales: antes y después de la Conquista europea. Así, la extraordinaria complejidad ecosistémica, social y cultural de América Latina tiene su origen en el período 1500 – 1550, cuando la región se vio incorporada – mediante la violencia ejercida por los últimos grandes enclaves de poder feudal en Europa -, al proceso de formación del moderno sistema mundial, como proveedora de alimentos y materias primas y como espacio de reserva de recursos. Esa modalidad de inserción definió, a su vez, una estructura de larga duración que opera con tiempos y modalidades distintas en tres sub regiones diferentes – que a menudo se sobreimponen a las estructuras político – administrativas de los Estados de la región – , y en todos los planos de la interacción entre los sistemas sociales y naturales presentes en cada una de ellas.
Las subregiones a que hacemos referencia se despliegan entre los siglos XVI y XIX, de acuerdo a la forma fundamental de organización de las interacciones entre los sistemas sociales y naturales en el espacio americano. Una se articula a partir del trabajo esclavo, asociado sobre todo – pero no exclusivamente – a actividades de plantación. Otra se constituye a partir de distintas modalidades de trabajo servil – desde la encomienda al peonaje -, destinado sobre todo a la producción de alimentos y a la explotación minera. Y otra más toma forma a partir de  una amplia modalidad de actividades de subsistencia en los inmensos espacios de la región que escapan a la articulación directa en el mercado mundial durante un período más o menos prolongado, como la Amazonía, la Orinoquia y el litoral Caribe mesoamericano.
La primera de esas regiones tiene, así, un claro carácter afroamericano, asociado con frecuencia a una gran debilidad organizativa de los sectores más pobres. La segunda tiene un carácter indoamericano, en el que persisten a menudo importantes tradiciones de organización campesina y comunitaria. La última, de carácter indígena y mestizo, sin tradiciones relevantes de producción para un mercado que en el mejor de los casos sólo ha tenido una importancia complementaria, nunca central, en sus actividades económicas y sociales, pasó a constituirse así en una frontera interior de recursos sometida a una constante presión por parte de las otras dos.
Esas regiones, ciertamente, constituyen una realidad en constante transformación. Así, el tránsito del siglo XIX al XX es testigo de la formación de mercados de trabajo y de tierra constituidos mediante procesos masivos de expropiación de territorios sometidos a formas no capitalistas de producción, para  crear las premisas indispensables a la apertura de la región a la inversión directa extranjera y la creación de economías de enclave en el marco del llamado Estado Liberal Oligárquico. Los ciclos posteriores – populista, desarrollista y neoliberal – marcarán el camino hacia el siglo XXI entre las décadas de 1930 y 1990.
Hoy, asistimos a lo que bien podría ser la incorporación de las últimas fronteras de recursos a la economía global. Esto explica la creciente importancia que adquieren en nuestras sociedades los conflictos de origen ambiental – esto es, aquellos que surgen del interés de grupos sociales distintos en hacer usos excluyentes de los ecosistemas que comparten –.  Y esto hace necesario, también, entender que esos conflictos no se reducen al enfrentamiento entre ricos y pobres, mestizos e indígenas, grupos rurales y urbanos, o capitalistas nacionales y extranjeros, sino que expresan todo eso y mucho más.
La transformación de las fronteras de exclusión de anteayer en las últimas fronteras de recursos de hoy, asociada a menudo a la inversión masiva en megaproyectos de infraestructura, no es tanto el resultado del desarrollo interno de nuestras propias sociedades sino, y sobre todo, del fomento de procesos de producción de condiciones de producción de alcance global con apoyo técnico, financiero y político de instituciones financieras internacionales. Dicho proceso – que incluye la formación de una fracción “verde” del capital transnacional y nacional – opera a menudo en contradicción, y a veces en conflicto, con las fracciones extractiva, agraria, industrial y financiera, más tradicionales en nuestros países.
III
El panorama descrito se expresa con especial claridad en el caso de Panamá. Aquí, a lo largo de diez mil años, la gestión del ambiente y el territorio ha concedido una importancia de primer orden al tránsito interoceánico como elemento articulador de la actividad humana en el Istmo. Así, en el momento de la Conquista europea el territorio panameño estaba organizado en cacicazgos asociados al control de corredores interoceánicos de orientación Sur – Norte. Esos corredores definían territorios estrcuturados a lo largo de grandes cuencas – como las de los ríos Santa María, Coclé, Bayano y el sistema Chucunaque – Tuira – que facilitaban en su parte alta el tránsito interoceánico, y ofrecían tanto el acceso tanto a una multiplicidad de ecosistemas y recursos – desde los manglares de las zonas de grandes mareas del Pacífico, hasta el bosque tropical húmedo y los yacimientos de oro aluvial del Atlántico -, como a rutas de intercambio comercial entre los mundos chibcha y maya, por las que circulaba una abundante riqueza.
Tras la Conquista, en cambio, fue establecido un eje central de organización orientado en dirección Este – Oeste, a partir de un corredor agroganadero a lo largo de las sabanas antrópicas ya existentes entre Chepo y Natá, con prolongaciones posteriores en dirección a la Península de Azuero y a Centroamérica, en la región Sur – Occidental del país. Al propio tiempo, el establecimiento del monopolio del tránsito por el valle del Chagres llevó a la clausura de las demás rutas anteriormente en uso, y a la creación de una extensa frontera interior que segregó la mayor parte del litoral Atlántico y del Darién del territorio considerado “útil” en el nuevo ordenamiento creado por la Conquista. Esa utilidad, por otra parte, era percibida a partir de una nueva cultura de la naturaleza, que privilegiaba la sabana ganadera por sobre el manglar y el bosque húmedo, promovía la explotación extensiva de un número mucho más reducido de recursos específicos por sobre el manejo de ecosistemas complejos, y valoraba esos recursos por su demanda en la zona de tránsito y en el mercado exterior.
El principal centro de población pasó a estar ubicado en la zona articulada por la ciudad de Panamá, conectada al Este y el Oeste con su nuevo hinterland. La población indígena que sobrevivió a la Conquista o que migró al Istmo después fue desplazada a tierras marginales, o contenida más allá de la frontera interior, y la fuerza de trabajo fundamental pasó a estar constituida por esclavos africanos, primero, y por sus descendientes y la población mestiza del siglo XVIII en adelante. De este modo, el contraste contemporáneo entre los paisajes sociales y naturales del corredor interoceánico y los del interior del país no se debe a que haya en el Istmo varios países en uno. Se trata, por el contrario, de la expresión territorial de una de una misma sociedad integrada por grupos sociales que organizan sus relaciones con la naturaleza en el marco de una estructura de poder tan contradictoria y conflictiva como para generar y sostener el proceso de crecimiento económico con deterioro social y degradación ambiental que hoy conoce el país.  Estamos, en suma, ante un extraordinario ejemplo de una estructura que genera procesos de larga duración.
Para comienzos del siglo XXI, sin embargo, la creciente escasez relativa de tierra y agua en Panamá genera tensiones sociales que tienden a encarecer los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la actividad de tránsito, bloquean el fomento de nuevas ventajas competitivas, e impiden un aprovechamiento integral y sostenido de los recursos humanos y naturales del país. En ese marco, la operación sostenida del Canal demanda hoy el desarrollo sostenible del país. Y esto, a su vez, supone la necesidad de encarar las dificultades inherentes al hecho de que solo puede ser sostenible una sociedad democrática; que solo puede ser democrática una sociedad culta, y que solo puede llegar a ser plenamente culta y democrática una sociedad que sea a la vez próspera y equitativa.
Hoy, una mirada al país desde el futuro que deseamos para nuestra gente revela ya posibilidades y capacidades para construir una sociedad así mediante el fomento de los recursos humanos y naturales que la sociedad insostenible que tenemos ha  despilfarrado por más de cuatro siglos. Nuestra propia gente, el agua y la biodiversidad de los ecosistemas que garantizan su presencia en el Istmo son los principales recursos de Panamá. Y la unidad fundamental de interacción de esos recursos está constituida por cada una de las 52 cuencas hidrográficas que organizan desde sí mismo el territorio de la nación.
La resistencia al cambio, en este plano, hunde sus raíces tanto en las estructuras de relación con la naturaleza gestadas por la orgaización del tránsito interoceánico vigente desde el siglo XVI, y sustentadas por las estructuras de gestión pública asociadas a esa relación. Así, por ejemplo, la estructura político – administrativa vigente en el país da lugar a que en la Cuenca del Canal – la de más urgente necesidad de una gestión territorial y ambiental integrada – coincidan 3 provincias (Coclé, Panamá y Colón), una decena de Distritos y unos 48 Corregimientos. Y a ello se agrega que todos los Distritos y corregimientos ubicados en el perímetro de la Cuenca incluyan territorio situado fuera de ésta. Las dificultades que esto supone son fáciles de imaginar.
Todo esto nos dice que ha llegado ya la hora de empezar a discutir la transformación del Estado panameño, para ponerlo en condiciones de contribuir realmente a la transformación de la sociedad a la que debe servir. Si quiere ser eficaz, esa transformación deberá encarar las afinidades y contradicciones entre las estructuras naturales del país y la de las regiones geo económicas presentes en el territorio nacional. Y esto, en lo más esencial, supone que ambas estructuras – las naturales y las históricas – pueden converger o divergir en el proceso de reordenamiento del territorio para su gestión integrada, pero que en última instancia serán las naturales las que predominen. El país que emerja de una transformación semejante será sin duda muy distinto al que nos legara la Conquista, pero sin duda será también mucho más semejante a sí mismo y mucho más capaz, por eso, de conocerse, ejercerse y crecer desde sí.
Es bajo esa luz que cabe considerar el papel que viene desempeñando el Estado panameños en la gestión del proceso de organización del mercado de bienes y servicios ambientales en nuestro país. Aquí no sólo se trata de que el Estado apenas ha iniciado el esfuerzo de deslinde de la trama – cada vez más complicada – de sus propias estructuras de administración en la materia, incluyendo la creación de las capacidades técnicas y culturales necesarias para una gestión integrada del territorio y el ambiente. Se trata, sobre todo, de que esas tareas son más importantes y complejas que nunca, dado el hecho de que las principales áreas de provisión de los servicios ambientales de los que depende la sostenibilidad del desarrollo en Panamá se ubican en las regiones de menor nivel de desarrollo del país, en las que la pobreza afecta a entre el 60 y el 90 por ciento de la población, y coinciden los más altos niveles de incultura con los más bajos niveles de organización social.
Precisamente por esto, la comprensión de los riesgos y las oportunidades que se abren ante nosotros en esta circunstancia exige pasar de un enfoque estructural, referido a modelos de gestión más o menos bien definidos a priori, a otro de carácter sistémico, referido a relaciones de interdependencia entre factores múltiples en cambio constante, en el análisis de los problemas ambientales. Y dado que toda nuestra educación ha tendido a formarnos en torno a una concepción estructural y funcionalista de la realidad, el hecho de reconocer y enfrentar esta necesidad representa ya un importante logro cultural y político. Cultural, porque dispondremos de mejores respuestas en la medida en que seamos capaces de producir mejores preguntas. Y político, porque empezamos a entender que si queremos un ambiente distinto necesitamos crear una sociedad diferente.
En política, a fin de cuentas, sólo podemos escoger entre inconvenientes. En este caso, se trata de optar entre los problemas que origina la ausencia de un mercado de bienes y servicios ambientales bien regulado y equitativo, y los que inevitablemente acarreará la organización de ese mercado. A fin de cuentas, la libertad consiste en poder decidir con qué problemas queremos vivir, y con cuáles no estamos dispuestos a hacerlo, y en atenernos a las consecuencias de lo que decidamos al respecto.
Fundación Ciudad del Saber, Panamá
Julio 2008 – agosto 2013

Panamá: las transformaciones en curso

Guillermo Castro H.[*]
1
Para cualquiera que nos conozca, Panamá atraviesa por un período de transformaciones evidentes. Algunas son más visibles que otras, sin duda, y es probable que sean estas últimas las de mayor trascendencia para nuestros futuro. De todas ellas, la más importante consiste, sin duda, en la transformación de nuestra República en un estado nacional en el pleno sentido de la expresión, a partir de la década de 1990 y al cabo de un largo período precedente de desarrollo semicolonial primero, entre 1903 y 1936, y neocolonial después, entre aquel último año y 1979.
También es evidente un proceso de crecimiento económico sin precedentes por su intensidad y su duración, tras el cual subyace la transformación de una economía de enclave, articulada en torno a un canal vinculado a la economía interna de los Estados Unidos, en otra mucho más abierta, que se estructura a partir de una Plataforma de Servicios Globales de creciente complejidad. Y a esto cabe agregar la transformación de una sociedad de fuertes valores rurales y estrechos vínculos entre los sectores populares y de capas medias profesionales de origen reciente, en otra de carácter urbano, de gran desigualdad estructural, que aún se encuentra en el proceso de construir su nueva identidad.
En ese marco, también, ha venido transformándose la actitud de los pobres de la ciudad y el campo ante sus propios problemas, desde la aceptación más o menos pasiva de su condición de marginalidad, hacia una creciente voluntad y capacidad para reclamar mejores condiciones de vida. Aquí, la formación de alianzas entre movimientos indígenas, campesinos y de pobladores urbanos pobres, junto a la inscripción – por primera vez en décadas – de un partido político que tiene sus raíces en un sector del movimiento obrero, constituyen novedades del mayor interés.
De momento, sin embargo, estas transformaciones en curso no parecen incluir la de nuestra capacidad para percibirlas en lo más trascedentes de su significado. Por el contrario, lo que se transforma con mayor lentitud entre nosotros es el pensamiento político forjado entre las décadas de 1940 y 1970, en el que se confrontan hasta hoy un populismo liberal y otro conservador, que comparten una concepción del mundo organizada en categorías como pueblo y oligarquía, tradición y modernidad, o atraso y  progreso.
Por lo mismo, el planteamiento de los problemas que encara Panamá en este momento de su historia encara una confusión cada vez más evidente. Entre nosotros, por ejemplo, se da por sentado que la economía crece en una sociedad que no cambia, y que el evidente incremento de la desigualdad constituye en un problema administrativo de reparto, y no de relacionamiento social.
En realidad, lo que no se alcanza a percibir entre nosotros es que el crecimiento económico y la desigualdad social son formas – entre otras- en que se expresa un proceso más complejo de transformación de la sociedad, de su economía, y de su cultura. En lo más esencial, ese proceso consiste en la transformación de la vieja economía – en la que la actividad del tránsito operaba al interior de un enclave que hacía parte de una economía distinta a la nacional -, en otra en la que el tránsito hace parte de la economía interna, y se diversifica en su contenido como en sus rutas.
Aquella economía fue definida como transitista, no porque dependía del tránsito interoceánico – una actividad milenaria en el Istmo -, sino por la forma en que esa actividad vino a ser organizada a partir del momento en que el territorio que hoy habitamos fue incorporado a la formación y el desarrollo del moderno mercado mundial, desde mediados del siglo XVI.
Aquella organización – aún vigente en lo más esencial – se caracterizó por el control monopólico del tránsito por una potencia externa; la concentración de la actividad del tránsito  por una única ruta, la del valle del río Chagres, y la de sus beneficios en quienes controlaban esa ruta; el subsidio ambiental a la actividad así concentrada a partir de un corredor agroganadero extendido a lo largo del litoral Pacífico Occidental del Istmo, y la formación de una frontera interior que marginó al litoral Atlántico y el Darién del proceso de formación nacional hasta fecha relativamente reciente.
A esto cabe agregar, en lo cultural y lo ideológico la formación y reproducción constante de una mentalidad característica en los sectores dominantes, que considera a estos rasgos históricos como consustanciales a la condición ístmica del territorio y al predominio del tránsito como actividad económica, y no como elementos característicos de una determinada fase de la historia de Panamá. Para esa mentalidad, por lo mismo, el problema fundamental no era la organización transitista del tránsito, sino el control de esa organización por una potencia extranjera. Y, así planteado el problema, su solución no podía ser más evidente: nacionalizar y preservar el transitismo, bajo el control del Estado que esos sectores controlan.
Así, a lo largo del siglo XX – cuando la organización del tránsito alcanzó su forma transitista más extrema con la construcción y operación de un Canal en el Istmo por un gobierno extranjero – se fue constituyendo una situación en la que la zonas más prósperas de aquella economía estaban asociadas a enclaves económicos que recibían grandes subsidios del resto del país, su población y su territorio: la Zona del Canal, las bananeras de la United Fruit Company en Bocas del Toro y Chiriquí, y la Zona Libre de Colón.
Así la cosas, tendría que ser evidente que la integración del Canal a la economía interna, como la inserción de la economía local en la global a través de la formación de una Plataforma de Servicios Transnacionales en torno al Canal, no son hechos que puedan ser reducidos a una mera expansión cuantitativa de la vieja economía de transitista organizada en enclaves. Por el contrario, estos cambios tienen una singular trascendencia, en cuanto abren posibilidades inéditas para el desarrollo del país.
La nueva economía podrá llegar a ser transitista, o no. Si sigue siéndolo – esto es, si sigue concentrando el tránsito y sus beneficios en un único corredor interoceánico, subsidiado mediante la devastación ambiental y el deterioro social del resto del país -, esa economía demandará una organización social y política tan autoritaria como lo fue la antigua Zona del Canal. Si opta por una nueva organización, que descentralice el tránsito y sus beneficios mediante múltiples corredores interoceánicos e interamericanos, y fomenta su capital natural mediante el fomento de su capital social, esa economía será realmente nueva y le será natural sustentarse en una organización democrática de su vida social y política.
2
De momento, sin embargo, el hecho dominante en la vida nacional es la desintegración de la vieja economía. Ese proceso va devastando toda la institucionalidad creada para el servicio y reproducción de la economía anterior, así como va haciéndolo – aunque a un ritmo mucho más lento – con las formas del razonar propias de la cultura asociada a aquella institucionalidad.  Esto explica, por ejemplo, que nuestra intelectualidad tienda a percibir las transformaciones en curso como un mero asunto de circunstancia y oportunidad, en el mejor de los casos, o de simple desorden y desgreño, en el peor.
En esas circunstancias, la primera reacción ha sido la de resistir a esa devastación.  Así, a mediados de la década de 1990 una parte significativa del movimiento popular salió a la defensa de lo que restaba de los derechos sociales otorgados durante el período torrijista populista de 1972 – 1976, mientras un gobierno presidido por el PRD procedía a desmantelar el aparato de Estado que había permitido ofrecer y sostener aquellos derechos. De manera semejante, los sectores democráticos de capas medias salieron a defender lo que restaba de la institucionalidad establecida a partir del golpe de Estado de diciembre de 1989.
Aquellas tensiones de fines del siglo XX parecieron encontrar alivio a mediados de la primera década del XXI con el primer auge de la economía nueva, estimulado por la enorme inversión de fondos públicos en las obras de ampliación del Canal y de construcción de la infraestructura necesaria para facilitar su integración a la economía interna del país. Ese auge se acercar a su límite con el fin de esas inversiones, y entre los sectores dominantes empieza a ser creciente la preocupación por las medidas que requiera hacer sostenible el crecimiento sostenido que ha experimentado la economía nacional.
Esto es más complejo de lo que parece a primera vista. No se trata, en efecto, de un problema meramente económico, sino de un proceso que abarca tanto el conjunto de la realidad nacional, como el de las relaciones internacionales de Panamá. Los problemas inherentes a un proceso de tal complejidad no pueden ser encarados asumiendo que la economía simplemente arrastra tras de sí en un proceso único y lineal al resto de los componentes de la vida nacional. Por el contrario, esos componentes – político, social, cultural, identitario, ambiental – se transforman a distintas velocidades, a veces interactuando sinérgicamente entre sí, a veces obstaculizándose unos a otros.
Así, el crecimiento económico modifica la estructura social haciéndola cada más inequitativa y excluyente. Esto,  a su vez, tensiona cada vez más las relaciones de los sectores más y menos favorecidos entre sí, y con el Estado.  Esas tensiones, por su parte, erosionan los elementos de identidad colectiva y comunidad de propósitos imprescindibles para la construcción de consensos, lo cual hace cada vez más difícil el manejo de las contradicciones que emergen del crecimiento económico, y así sucesivamente. Comprender esas interacciones, y su incidencia sobre la velocidad de marcha y la orientación del proceso de transformación en su conjunto, tiene aquí la mayor importancia.
Los conflictos y contradicciones que se derivan de esa interacción se manifiestan, en lo más visible, como rezagos que limitan la posibilidad de acercarse a un modelo de desarrollo social para el crecimiento económico, capaz de procesar sus propios conflictos y obtener de ese procesamiento la energía necesaria para sostenerse en el tiempo.  Así, algunos de los factores de conflicto que operan al interior de las transformaciones en curso en la vida nacional incluyen, por ejemplo, el que opone los procesos de formación de fuerza de trabajo y los de formación y desarrollo de nuevas formas de organización de la producción en el país, bloqueando la posibilidad de ofrecer la educación – en sentido estricto de formación técnica y moral para una sociedad distinta a la que tenemos – que demandaría un crecimiento sostenible; la creciente tendencia a la concentración de la riqueza, que contradice la necesidad de hacer mucho más inclusiva la vida productiva del país, estimulando el desarrollo de formas de organización productiva correspondientes a la creciente riqueza y diversidad de nuestras relaciones económicas internacionales y, sobre todo, el conflicto entre una sociedad cada vez más atrasada, y una economía cada vez más articulada a la complejidad del mercado global.
3
En lo inmediato, nuestro problema mayor radica en que quienes intuyeron la inminencia de este proceso de transformaciones – no para conducirlo, sino para explotarlo en su propio beneficio – no saben con qué sustituir lo que tan activamente contribuyen a destruir. Sus oponentes tampoco saben con qué sustituir lo que ya no están en capacidad de defender, y todos claman por una Asamblea Constituyente, que no se materializa porque aún no emerge un bloque social capaz de convocarla y conducirla.
Y aun esto, sin embargo, se refiere más al aspecto principal de las contradicciones que encaramos, que a la principal de esas contradicciones: aquella que enfrenta al tránsito contra el transitismo o, lo que es su equivalente en el terreno político, contrapone la esperanza imposible de crecer sin cambiar, propia de los sectores dominantes en toda sociedad, y la necesidad de cambiar para crecer, característica de períodos de transición entre lo que fue y lo que aún no llega a ser. En una circunstancia así, adquiere especial vigencia el viejo refrán que nos advierte que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Urge, por lo mismo, identificar con verdadera claridad tanto la naturaleza del cambio que ya está en curso, como la de los rezagos del pasado y los obstáculos de coyuntura que lo hacen más lento y lo distorsionan, acentuando sus peores rasgos – como la inequidad social y la desesperanza política -, y limitando la posibilidad de encauzarlo en una dirección que se corresponda con los mejores intereses del país.
No estamos – como lo proclaman quienes hoy reclaman para sí la conducción política del país – ante problemas derivados de una mala gestión pública en los gobiernos de ayer, de hoy o de mañana. Por el contrario, la mala gestión pública expresa, aquí, el divorcio entre el Estado que se desintegra y la sociedad que emerge en este proceso de transformación que nos conduce a una etapa enteramente nueva en nuestra historia.
Esa nueva etapa se caracterizará por lo mucho peor o mucho mejor que llegue a ser con respecto a la que la precedió. Libradas las cosas a la espontaneidad del cambio, será sin duda peor. Encaradas en su carácter contradictorio, apoyando lo que esa contradicción entraña de promesa y previendo a tiempo lo que trae de amenaza, puede llevarnos a una situación mucho mejor. Gestionar con claridad de propósitos la transformación de la sociedad y de su Estado viene a ser, aquí, la clave para evitar aquel riesgo y abrir paso a un país en el que el interés público se corresponda, en sus expresiones de política estatal, con el interés general de la nación.
Agradezco a Nils Castro, Ana Elena Porras, Jorge Montalván y Jorge Giannareas sus comentarios, observaciones y sugerencias en el proceso de elaboración de estas ideas.
Panamá, mayo 2013

 


[*]Agradezco a Nils Castro, Ana Elena Porras, Jorge Montalván y Jorge Giannareas sus comentarios, observaciones y sugerencias en el proceso de elaboración de estas ideas.

Panamá: confusiones y (algunas) precisiones

Guillermo Castro H.
El planteamiento de los problemas que encara Panamá en este momento de su historia debe encarar una confusión cada vez más evidente. Entre nosotros, se da por sentado que la economía crece en una sociedad que no cambia. Así, el incremento de la desigualdad se constituye en un problema administrativo, y no de relacionamiento social: por lo mismo, su remedio no está en la transformación de la sociedad, sino en un mejor reparto de lo producido mediante las llamadas “políticas públicas”, que han venido a convertirse en el fetiche de primera instancia en el debate del tema.
En realidad, el crecimiento – y la desigualdad – son formas – entre otras- en que se expresa un proceso más complejo de transformación de la sociedad, de su economía, y de su cultura. En lo más esencial, ese proceso consiste en la transformación de la vieja economía transitista – en la que la actividad del tránsito operaba al interior de un enclave que hacía parte de una economía distinta y distante a la nacional -, en otra en la que el tránsito hace parte de la economía interna, y se diversifica en su contenido como en sus rutas.
El transitismo propició en Panamá la formación de una economía rural atrasada. Las zonas más prósperas de aquella economía estaban asociadas a enclaves económicos que recibían grandes subsidios del resto del país, su población y su territorio: la Zona del Canal, las bananeras, y la Zona Libre de Colón. La integración del Canal a la economía interna, como la inserción de la economía local en la global a través de la formación de la Plataforma de Servicios Transnacionales en torno al Canal, no son hechos que puedan ser reducidos a una mera expansión cuantitativa de la vieja economía de transitista organizada en enclaves.
La nueva economía podrá llegar a ser transitista, o no. De momento, está aún en formación, y su desarrollo va devastando toda la institucionalidad creada para el servicio y reproducción de la economía anterior, así como va haciéndolo – aunque a un ritmo mucho más lento – con las formas del razonar propias de la cultura asociada a aquella institucionalidad. En el plano cultural, por ejemplo, esto se expresa en la crisis de dirección en el sistema educativo, que a su vez expresa la crisis de identidad y propósito en la vida social.
La primera reacción, naturalmente, ha sido la de resistir a esa devastación.Una parte significativa del movimiento popular salió así a la defensa de lo que restaba de los derechos sociales otorgados durante el período torrijista populista de 1972 – 1976, como los sectores democráticos de capas medias salieron a defender lo que restaba de la institucionalidad restaurada por el golpe de Estado de diciembre de 1989. Todo eso, sin embargo, va de salida.
Los que intuyeron la inminencia de ese cambio – no para conducirlo, sino para explotarlo en su propio beneficio – no saben con qué sustituir lo que tan activamente contribuyen a destruir.
Sus oponentes tampoco saben con qué sustituir lo que ya no están en capacidad de defender.
Todo apunta aquí a confirmar que a lo real hay que estar, no a lo aparente, y que en política lo real “es lo que no se ve”, como lo advirtiera José Martí.
Urge, cada vez más, identificar la naturaleza del cambio que ya está en curso, como la de los rezagos del pasado y los obstáculos de coyuntura que lo hacen más lento y lo distorsionan, acentuando sus peores rasgos – en lo que hace a la inequidad social y la desesperanza política -, y limitando la posibilidad de encauzarlo en una dirección que se corresponda con los mejores intereses del país. Ante este desafío, la vieja cultura nos dice que estamos ante un problema de mala gestión pública. Eso no es cierto: la mala gestión pública expresa, aquí, el divorcio entre el Estado que se desintegra y la sociedad que emerge en este proceso de transformación que nos conduce a una etapa enteramente nueva en nuestra historia.
Esa nueva etapa será recordada por lo mucho peor o mucho mejor que llegue a ser con respecto a la que la precedió. Libradas las cosas a la espontaneidad del cambio, será sin duda peor. Encaradas en su carácter contradictorio, apoyando lo que esa contradicción entraña de promesa y previendo a tiempo lo que trae de amenaza, la etapa nueva puede llegar a ser mucho mejor. Gestionar con claridad de propósitos la transformación de la sociedad y de su Estado viene a ser, aquí, la clave para evitar aquel riesgo y abrir paso a un país en el que el interés público se corresponda, en sus expresiones de política estatal, con el interés general de la nación.

Confusión / nota sobre el carácter de la crisis que enfrentamos

GCH
Hay una confusión en el planteamiento básico de los problemas que encara Panamá en este momento de su historia.
Se da por sentado que la economía crece en una sociedad que no cambia.
En ese sentido, por ejemplo, la desigualdad puede incrementarse, sin duda, pero sigue siendo un problema ancestral, etc.
En realidad, el crecimiento – y la desigualdad – son formas – entre otras- en que se expresa un proceso más complejo de transformación de la sociedad, de su economía, y de su cultura.
Fuimos una economía rural atrasada.
Las dos zonas más prósperas de aquella economía estaban asociadas a enclaves económicos que recibían grandes subsidios del resto del país, su población y su territorio: las bananeras, la Zona del Canal, la Zona Libre de Colón.
La integración del Canal a la economía interna, como la inserción de la economía local en la global a través de la formación de la Plataforma de Servicios Transnacionales en torno al Canal, no son hechos que puedan ser reducidos a una mera expansión cuantitativa d ela vieja economía de enclave.
Estamos frente a una nueva economía, aún en formación, cuyo desarrollo va devastando toda la institucionalidad creada para el servicio y reproducción de la economía anterior, así como va haciéndolo con las formas del razonar propias de la cultura asociada a aquella institucionalidad.
Expresión de ello, en el plano cultural, lo es tanto la crisis de dirección en el sistema educativo como la de identidad y propósito en la vida social.
La primera reacción, naturalmente, ha sido la de resistir a esa devastación.
FRENADESO salió así a la defensa de lo que restaba de los derechos sociales otorgados durante el período torrijista populista de 1972 – 1976, como salieron a la defensa de lo que restaba de la institucionalidad restaurada por el golpe de Estado de diciembre de 1989 los sectores democráticos de capas medias.
Todo eso, sin embargo, va de salida.
Los que intuyeron la inminencia de ese cambio – no para conducirlo, sino para explotarlo en su propio beneficio – no saben con qué sustituir lo que tan activamente contribuyen a destruir.
Sus oponentes tampoco saben con qué sustituir lo que ya no están en capacidad de defender.
Todo apunta aquí a confirmar que a lo real hay que estar, no a lo aparente, y que en política lo real “es lo que no se ve”, como lo advirtiera José Martí.
Urge, cada vez más, identificar la naturaleza del cambio que ya está en curso, como la de los rezagos del pasado y los obstáculos de coyuntura que hacen más lento y distorsionan ese cambio, acentuando sus peores rasgos – en lo que hace a la inequidad social y la desesperanza política -, y limitando la posibilidad de encauzarlo en una dirección que se corresponda con los mejores intereses del país.
No estamos ante un problema de mala administración del Estado y la economía, sino de gestión del proceso de transformación que nos conduce a una etapa enteramente nueva en nuestra historia.
Esa nueva etapa será recordada por lo mucho peor o mucho mejor que llegue a ser con respecto a la que la precedió.
Libradas las cosas a la espontaneidad del cambio, será sin duda peor.
Encaradas en su carácter contradictorio, apoyando lo que esa contradicción entraña de promesa y previendo a tiempo lo que trae de amenaza, la etapa nueva puede llegar a ser mucho mejor.

Pero nunca, eso sí, será una mera continuidad de la que la precedió.

Liberales de ayer y, y de hoy

 

Liberales de ayer, y de hoy

Guillermo Castro H.
 
Un artículo sobre el papel de los pueblos originarios en el desarrollo de Panamá publicado recientemente en el diario La Prensa (“Madre tierra indígena”, 27-4-2013) ha estimulado lo que ojalá llegue a ser un verdadero debate nacional sobre el tema. El valor principal del texto no se encuentra en la evidente ignorancia de que hace gala en relación al problema que trata, que ha motivado denuncias bien justificadas. Ese valor aflora más bien en el intento de construcción de una postura ideológica que busca prolongar en el presente una importante premisa de la Reforma Liberal de mediados del siglo XIX en América Latina: que la condición del indígena estaba directamente asociada a la ausencia de propiedad privada de la tierra que ocupaba.
Dicha ausencia de propiedad privada, en efecto, impedía la formación de un verdadero mercado de trabajo en la medida en que la propiedad comunitaria permitía a todos el acceso a la tierra de cultivo que requerían para su sostenimiento, y reforzaba la necesidad de relaciones de colaboración al interior de cada comunidad. La Reforma, en cambio, buscaba la creación de un mercado de trabajo a través de la creación de un mercado de tierras, esto es, crear condiciones que son indispensables para el desarrollo del capitalismo en sociedades cuyo mundo rural – y mayoritario – seguía sujeto a formas precapitalistas de propiedad que hacían parte del legado colonial español, como la comunal y la eclesiástica, e impedían transferir esas tierras a terceros.
La expropiación de esas tierras sujetas a regímenes de propiedad no capitalistas privaba a los indígenas tanto de la propiedad del suelo que conocían, como de las bases de la cultura que conocían, y de las normas de relación social correspondientes. De aquí provino la sustitución del misionero eclesiástico como portador de la civilización cristiana por la pareja clásica del nuevo orden liberal: el maestro que educaba para la nueva cultura, y el policía que recordaba el verdadero trasfondo de esa cultura a quienes se desviaban del recto camino del progreso.
Estas visiones están de vuelta porque está de regreso la mentalidad de la Reforma, ahora referida al interés en culminar el proceso de transformación del patrimonio natural de los pueblos indígenas en capital natural, al servicio del desarrollo de un capitalismo ya incapaz de generar verdadero progreso, en las regiones que escaparon a ese proceso en el siglo XIX. Durante la mayor parte del siglo XX, las actuales Comarcas Ngabe Bugle y de Guna Yala desempeñaron un importantísimo papel como proveedoras “externas” de mano de obra para las economías de enclave del banano y el café, en el primer caso, y del Canal, en el segundo. Los recursos que permitían a esos pueblos producir los medios de vida necesarios para reproducirse a sí mismos como fuente de mano de obra disponible para las economías de enclave son los que ahora están en disputa entre el capital y esas comunidades.
En realidad, lo que en el fondo parece angustiar más al autor del texto – y lo que mejor lo retrata en los valores que ejerce, que no son necesariamente los que reclama a otros que ejerzan – es el vínculo entre la defensa de esos recursos y la creciente conciencia de sí mismos y sus intereses que caracteriza hoy a los movimientos indígenas. No han pasado en balde 150 años desde la Reforma Liberal: ya no son los liberales los que imponen en sus propios términos la integración al mercado de los indígenas mediante la construcción de caminos y escuelas, sino los indígenas los que reclaman la infraestructura y la educación necesarios para su propio desarrollo.
El debate sobre el significado y las implicaciones de esta etapa nueva en nuestra historia – por ejemplo, en lo que hace a las relaciones entre los trabajadores de la ciudad y del campo, y entre el campesinado indígena y el mestizo – apenas empieza entre nosotros. Habrá que agradecer al autor del artículo su contribución en plantearlo, y en el estímulo que eso ha ofrecido a la participación de todos los sectores involucrados.

Un Canal de Panamá

Guillermo Castro H.
Para Ascanio Arosemena, frente a la llama que lo ilumina
El Canal de Panamá está destinado a cambiar el país, pero el país aún debe llegar a entender lo que ese cambio implica. La primera manera de verlo consiste en imaginar que se dispondrá de más dinero para consumir más, sin salir de los hábitos y formas de producir que ya existían. Es la visión del nuevo rico que todos quisiéramos ser: fuimos pobres hasta que alguien descubrió petróleo en el patio de nuestra casa, y ahora somos sultanes tropicales. Sin embargo, sería mejor contraponer a esa visión de nuevo rico la de una prosperidad que siempre será precaria mientras que no sepamos entender que la inserción del Canal en nuestra economía interna nos ofrece – por primera vez en nuestra historia – los medios para encarar el vínculo entre la aspiración a una sociedad distinta, y las tareas que demanda crear una economía diferente, capaz de sostener esa sociedad, y desarrollarse con ella.
La relación entre ambas visiones es de tensión, no de armonía. La primera puede llevarnos matar la gallina de los huevos de oro, rebasando en corto plazo la capacidad de la Cuenca del Canal para proveer los múltiples servicios que se requieren de ella, aplastándola con el impacto ambiental del desarrollo predatorio de su entorno, e incrementando la huella ecológica de la región interoecéanica sobre todos los ecosistemas del Istmo. La segunda nos obliga a entender que sólo podrá haber un uso sostenido de la Cuenca del Canal si hay un desarrollo sostenible del país, esto es, uno que combine la equidad en el acceso a sus frutos con el trabajo con la naturaleza, y no contra ella.
La tensión entre esas opciones se expresa, por ejemplo, en las críticas a la ACP por haberse constituido en un “Estado dentro del Estado”, dirigido por un “Emperador del Canal”. Y, sin embargo, lo que esas críticas expresan es, en realidad, la contradicción evidente entre el Canal como empresa de Estado, y el estado general de la economía, la sociedad y la administración pública en el país. En ese sentido, el distanciamiento entre la población general y la administración del Canal no es sino otra faceta del que se viene acentuando en la relación entre el Estado y sus  ciudadanos. En ese marco, es inevitable preguntarse – ante el hecho de que el Estado controla el Canal -, quién (y para qué) controla el Estado.
Enmascarar esta contradicción con programas comunales de micro inversión financiados con una micro fracción de los ingresos generados por el Canal, o con fondos de ahorro de recursos para los que no se encuentra de momento empleo adecuado, no sólo no la resuelve, sino que termina por agravarla. Lo sensato sería utilizar esos ingresos para financiar el desarrollo del país en su conjunto, mediante inversiones estratégicas destinadas a producir las condiciones de producción – fuerza de trabajo, infraestructura, organización de la base territorial de la economía – necesarias para un desarrollo mucho más armónico de las relaciones de nuestros distintos grupos sociales entre sí, y con nuestro medio natural.
El camino hacia este tipo de decisiones es largo, todavía. Precisamente por eso, es necesario empezar a reconocerlo y recorrerlo lo antes posible, y en primer término desde las organizaciones sociales, culturales y científicas de nuestra sociedad. Anteayer nos preguntábamos si seríamos capaces de administrar el Canal. Algo hemos avanzado en eso, exitosamente: lo bastante para darnos cuenta de que aquello era apenas el primer paso hacia la tarea verdadera, que es la de administrar mucho, muchísimo mejor nuestro propio país, con todos y para el bien de todos.

Nota sobre el país que viene

Panamá: Nota sobre las transformaciones en curso en la sociedad y el Estado

Guillermo Castro Herrera
En el análisis de la formación y las transformaciones de las estructuras y las prácticas sociales tienen especial importancia dos tipos de proceso histórico distinto, estrechamente relacionados entre sí. El primero corresponde a procesos organizados en torno a estructuras de larga duración, como las derivadas de la función de tránsito desempeñada por el territorio de Panamáen la formación y desarrollo del mercado mundial desde el siglo XVI. El segundo, a procesos de transición entre momentos distintos de organización de la vida social.
A lo largo de estos procesos, los diversos elementos de la vida social cosas dejan de ser lo que habían sido en un período anterior, cambian a ritmos con frecuencia muy desiguales – a menudo acompañadas por formas aberrantes de ejercicio de la política -, y terminan por desembocar en estructuras generales de una calidad distinta a la precedente. Nuestra sociedad se encuentra hoy inmersa en un proceso de ese tipo.
No es el primero, por supuesto. Uno ocurrió a lo largo del siglo XVI, cuando el Istmo transitó desde una situación de desarrollo humano separado del mercado mundial, a otra de desarrollo integrado al de ese mercado. Otro tuvo lugar durante el período de adhesión a la Gran Colombia, en cuyo marco ocurrió nuestra transición desde la condición de dominio de la Corona española a la de Estado nacional independiente. Y otro más tuvo lugar a lo largo del siglo XX, que llevó a ese Estado desde su condición semicolonial de origen hasta la de Estado nacional en vías de maduración, en que se encuentra hoy.
Las contradicciones inherentes a la maduración de ese Estado y de su sociedad constituyen el aspecto principal del proceso de transformación que encaramos hoy. Este proceso se expresa en una serie de transformaciones en curso, de entre las cuales cabe mencionar por ejemplo las siguientes:
  1. La transformación de una economía de enclave, articulada en torno a un canal vinculado a la economía interna de los Estados Unidos, y dotada apenas de un sector agropecuario atrasado, y de una Zona de Libre Comercio y un Centro Financiero Internacional volcados hacia el exterior, que hoy se estructura a partir de una Plataforma de Servicios Globales en pleno desarrollo, y de un mercado de servicios ambientales en proceso de formación.
  2. La incorporación a la vida nacional de nuevos sectores emergentes – desde corporaciones transnacionales hasta movimientos indígenas y de trabajadores -, que se combina con la declinación de actores tradicionales de gran influencia ayer apenas, como las organizaciones empresariales, gremiales y sindicales forjadas al interior de la vieja sociedad semicolonial.
  3. La transformación de una sociedad de fuertes valores rurales y estrechos vínculos entre los sectores populares y capas medias profesionales de origen reciente, en otra de carácter urbano, de gran desigualdad estructural, que aún se encuentra en el proceso de construir su nueva identidad.
  4. La transformación de los pobres de la ciudad y el campo desde una situación de aceptación más o menos pacífica de su condición de marginalidad hacia otra de creciente voluntad y capacidad para reclamar mejores condiciones de vida, a partir de la actividad tanto de sectores de trabajadores urbanos cada vez mejor educados y organizados, como del incremento en el número y las mejoras en la educación y la organización de grupos antes marginales, como los pueblos originarios.
  5. La creciente vinculación de nuestros movimientos sociales a la vida política de la región, que deja atrás un prolongado período de aislamiento parroquial y abre posibilidades inéditas de aprendizaje y maduración política a una población que se caracteriza en su bajísimo nivel de organización y su alto nivel de dependencia de los peores hábitos del clientelismo político.
  6. El deterioro ideológico, político y moral de los grupos dirigentes tradicionales y sus organismos de participación política y concertación social, que han perdido toda capacidad de expresar el interés general de la nación en un proyecto de desarrollo realmente alternativo.
En este marco general, en el que todo lo que apenas ayer parecía sólido hoy se desintegra ante los ojos del país entero, el proceso de transformación del Estado es por necesidad lento, contradictorio, de apariencia errática, y se presenta preñado de riesgos de confrontación interna. En ausencia de un bloque histórico capaz de conducirlo, ese proceso ha operado a partir de tres factores principales.
El primero ha sido el debilitamiento de la capacidad de gestión de los grandes organismos estatales a cargo de la atención a demandas sociales masivas, como las de educación, salud y seguridad social. El segundo, la multiplicación de agencias con mandatos específicos en sectores como los del transporte, el agua, la recolección de desechos, la energía, la incorporación de tecnologías innovadoras a la gestión pública, y la administración de bienes públicos, como las tierras del Estado. Y el tercero consiste en la creciente militarización de la fuerza pública, en curso desde fines de la década de 1990, y su implicación cada vez mayor en proyectos regionales de seguridad y control.
De momento, esto nos ha llevado a la situación – paradójica solo en apariencia – de que Panamá haya venido a tener en el siglo XXI un gobierno cada vez más fuerte en un Estado cada vez más débil. Con ello, atravesamos por una circunstancia caracterizada por la erosión simultánea de la eficiencia del Gobierno y de la legitimidad del Estado en la tarea de conducir las transformaciones en curso en el país, que genera un riesgo creciente de anomia social y política.
Aun así, el nuestro es todavía un tiempo “de ebullición, no de condensación; de mezcla de elementos, no de obra enérgica de elementos unidos”, en el que “las especies luchan por el dominio en la unidad del género”, como dijera del suyo José Martí del suyo en 1881. En estas circunstancias, el problema mayor que debemos encarar es el de crear las condiciones que permitan hacer posible lo que ya es percibido como necesario por sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad, cada uno desde su propia perspectiva de interés.
Frente a todo esto, podemos tener motivos de optimismo bien fundados. Nosotros, los panameños, hemos sido capaces en el pasado de encarar con éxito desafíos de tan extraordinaria complejidad como la negociación de los Tratados Torrijos Carter, que pusieron fin tanto al enclave colonial norteamericano en Panamá, como a la condición semicolonial de nuestro Estado.
Dado que a fin de cuentas la política es cultura en acto, trabajar con la gente, y desde ella, será la mejor manera de vincular entre sí las iniciativas que ya están en marcha en el país, y de proporcionarles la orientación que les permita contribuir a establecer en Panamá un Estado capaz de representar y ejercer el interés general de la nación en este momento de su historia. Por eso mismo, crear las condiciones que permitan a nuestra gente conocerse y ejercerse en la construcción de una vida justa y buena para todos es, sin duda, el más importante desafío que encaran hoy los hombres y mujeres de cultura de mi tierra.