Panamá: confusiones y (algunas) precisiones

Guillermo Castro H.
El planteamiento de los problemas que encara Panamá en este momento de su historia debe encarar una confusión cada vez más evidente. Entre nosotros, se da por sentado que la economía crece en una sociedad que no cambia. Así, el incremento de la desigualdad se constituye en un problema administrativo, y no de relacionamiento social: por lo mismo, su remedio no está en la transformación de la sociedad, sino en un mejor reparto de lo producido mediante las llamadas “políticas públicas”, que han venido a convertirse en el fetiche de primera instancia en el debate del tema.
En realidad, el crecimiento – y la desigualdad – son formas – entre otras- en que se expresa un proceso más complejo de transformación de la sociedad, de su economía, y de su cultura. En lo más esencial, ese proceso consiste en la transformación de la vieja economía transitista – en la que la actividad del tránsito operaba al interior de un enclave que hacía parte de una economía distinta y distante a la nacional -, en otra en la que el tránsito hace parte de la economía interna, y se diversifica en su contenido como en sus rutas.
El transitismo propició en Panamá la formación de una economía rural atrasada. Las zonas más prósperas de aquella economía estaban asociadas a enclaves económicos que recibían grandes subsidios del resto del país, su población y su territorio: la Zona del Canal, las bananeras, y la Zona Libre de Colón. La integración del Canal a la economía interna, como la inserción de la economía local en la global a través de la formación de la Plataforma de Servicios Transnacionales en torno al Canal, no son hechos que puedan ser reducidos a una mera expansión cuantitativa de la vieja economía de transitista organizada en enclaves.
La nueva economía podrá llegar a ser transitista, o no. De momento, está aún en formación, y su desarrollo va devastando toda la institucionalidad creada para el servicio y reproducción de la economía anterior, así como va haciéndolo – aunque a un ritmo mucho más lento – con las formas del razonar propias de la cultura asociada a aquella institucionalidad. En el plano cultural, por ejemplo, esto se expresa en la crisis de dirección en el sistema educativo, que a su vez expresa la crisis de identidad y propósito en la vida social.
La primera reacción, naturalmente, ha sido la de resistir a esa devastación.Una parte significativa del movimiento popular salió así a la defensa de lo que restaba de los derechos sociales otorgados durante el período torrijista populista de 1972 – 1976, como los sectores democráticos de capas medias salieron a defender lo que restaba de la institucionalidad restaurada por el golpe de Estado de diciembre de 1989. Todo eso, sin embargo, va de salida.
Los que intuyeron la inminencia de ese cambio – no para conducirlo, sino para explotarlo en su propio beneficio – no saben con qué sustituir lo que tan activamente contribuyen a destruir.
Sus oponentes tampoco saben con qué sustituir lo que ya no están en capacidad de defender.
Todo apunta aquí a confirmar que a lo real hay que estar, no a lo aparente, y que en política lo real “es lo que no se ve”, como lo advirtiera José Martí.
Urge, cada vez más, identificar la naturaleza del cambio que ya está en curso, como la de los rezagos del pasado y los obstáculos de coyuntura que lo hacen más lento y lo distorsionan, acentuando sus peores rasgos – en lo que hace a la inequidad social y la desesperanza política -, y limitando la posibilidad de encauzarlo en una dirección que se corresponda con los mejores intereses del país. Ante este desafío, la vieja cultura nos dice que estamos ante un problema de mala gestión pública. Eso no es cierto: la mala gestión pública expresa, aquí, el divorcio entre el Estado que se desintegra y la sociedad que emerge en este proceso de transformación que nos conduce a una etapa enteramente nueva en nuestra historia.
Esa nueva etapa será recordada por lo mucho peor o mucho mejor que llegue a ser con respecto a la que la precedió. Libradas las cosas a la espontaneidad del cambio, será sin duda peor. Encaradas en su carácter contradictorio, apoyando lo que esa contradicción entraña de promesa y previendo a tiempo lo que trae de amenaza, la etapa nueva puede llegar a ser mucho mejor. Gestionar con claridad de propósitos la transformación de la sociedad y de su Estado viene a ser, aquí, la clave para evitar aquel riesgo y abrir paso a un país en el que el interés público se corresponda, en sus expresiones de política estatal, con el interés general de la nación.

Liberales de ayer y, y de hoy

 

Liberales de ayer, y de hoy

Guillermo Castro H.
 
Un artículo sobre el papel de los pueblos originarios en el desarrollo de Panamá publicado recientemente en el diario La Prensa (“Madre tierra indígena”, 27-4-2013) ha estimulado lo que ojalá llegue a ser un verdadero debate nacional sobre el tema. El valor principal del texto no se encuentra en la evidente ignorancia de que hace gala en relación al problema que trata, que ha motivado denuncias bien justificadas. Ese valor aflora más bien en el intento de construcción de una postura ideológica que busca prolongar en el presente una importante premisa de la Reforma Liberal de mediados del siglo XIX en América Latina: que la condición del indígena estaba directamente asociada a la ausencia de propiedad privada de la tierra que ocupaba.
Dicha ausencia de propiedad privada, en efecto, impedía la formación de un verdadero mercado de trabajo en la medida en que la propiedad comunitaria permitía a todos el acceso a la tierra de cultivo que requerían para su sostenimiento, y reforzaba la necesidad de relaciones de colaboración al interior de cada comunidad. La Reforma, en cambio, buscaba la creación de un mercado de trabajo a través de la creación de un mercado de tierras, esto es, crear condiciones que son indispensables para el desarrollo del capitalismo en sociedades cuyo mundo rural – y mayoritario – seguía sujeto a formas precapitalistas de propiedad que hacían parte del legado colonial español, como la comunal y la eclesiástica, e impedían transferir esas tierras a terceros.
La expropiación de esas tierras sujetas a regímenes de propiedad no capitalistas privaba a los indígenas tanto de la propiedad del suelo que conocían, como de las bases de la cultura que conocían, y de las normas de relación social correspondientes. De aquí provino la sustitución del misionero eclesiástico como portador de la civilización cristiana por la pareja clásica del nuevo orden liberal: el maestro que educaba para la nueva cultura, y el policía que recordaba el verdadero trasfondo de esa cultura a quienes se desviaban del recto camino del progreso.
Estas visiones están de vuelta porque está de regreso la mentalidad de la Reforma, ahora referida al interés en culminar el proceso de transformación del patrimonio natural de los pueblos indígenas en capital natural, al servicio del desarrollo de un capitalismo ya incapaz de generar verdadero progreso, en las regiones que escaparon a ese proceso en el siglo XIX. Durante la mayor parte del siglo XX, las actuales Comarcas Ngabe Bugle y de Guna Yala desempeñaron un importantísimo papel como proveedoras “externas” de mano de obra para las economías de enclave del banano y el café, en el primer caso, y del Canal, en el segundo. Los recursos que permitían a esos pueblos producir los medios de vida necesarios para reproducirse a sí mismos como fuente de mano de obra disponible para las economías de enclave son los que ahora están en disputa entre el capital y esas comunidades.
En realidad, lo que en el fondo parece angustiar más al autor del texto – y lo que mejor lo retrata en los valores que ejerce, que no son necesariamente los que reclama a otros que ejerzan – es el vínculo entre la defensa de esos recursos y la creciente conciencia de sí mismos y sus intereses que caracteriza hoy a los movimientos indígenas. No han pasado en balde 150 años desde la Reforma Liberal: ya no son los liberales los que imponen en sus propios términos la integración al mercado de los indígenas mediante la construcción de caminos y escuelas, sino los indígenas los que reclaman la infraestructura y la educación necesarios para su propio desarrollo.
El debate sobre el significado y las implicaciones de esta etapa nueva en nuestra historia – por ejemplo, en lo que hace a las relaciones entre los trabajadores de la ciudad y del campo, y entre el campesinado indígena y el mestizo – apenas empieza entre nosotros. Habrá que agradecer al autor del artículo su contribución en plantearlo, y en el estímulo que eso ha ofrecido a la participación de todos los sectores involucrados.