Un Canal de Panamá

Guillermo Castro H.
Para Ascanio Arosemena, frente a la llama que lo ilumina
El Canal de Panamá está destinado a cambiar el país, pero el país aún debe llegar a entender lo que ese cambio implica. La primera manera de verlo consiste en imaginar que se dispondrá de más dinero para consumir más, sin salir de los hábitos y formas de producir que ya existían. Es la visión del nuevo rico que todos quisiéramos ser: fuimos pobres hasta que alguien descubrió petróleo en el patio de nuestra casa, y ahora somos sultanes tropicales. Sin embargo, sería mejor contraponer a esa visión de nuevo rico la de una prosperidad que siempre será precaria mientras que no sepamos entender que la inserción del Canal en nuestra economía interna nos ofrece – por primera vez en nuestra historia – los medios para encarar el vínculo entre la aspiración a una sociedad distinta, y las tareas que demanda crear una economía diferente, capaz de sostener esa sociedad, y desarrollarse con ella.
La relación entre ambas visiones es de tensión, no de armonía. La primera puede llevarnos matar la gallina de los huevos de oro, rebasando en corto plazo la capacidad de la Cuenca del Canal para proveer los múltiples servicios que se requieren de ella, aplastándola con el impacto ambiental del desarrollo predatorio de su entorno, e incrementando la huella ecológica de la región interoecéanica sobre todos los ecosistemas del Istmo. La segunda nos obliga a entender que sólo podrá haber un uso sostenido de la Cuenca del Canal si hay un desarrollo sostenible del país, esto es, uno que combine la equidad en el acceso a sus frutos con el trabajo con la naturaleza, y no contra ella.
La tensión entre esas opciones se expresa, por ejemplo, en las críticas a la ACP por haberse constituido en un “Estado dentro del Estado”, dirigido por un “Emperador del Canal”. Y, sin embargo, lo que esas críticas expresan es, en realidad, la contradicción evidente entre el Canal como empresa de Estado, y el estado general de la economía, la sociedad y la administración pública en el país. En ese sentido, el distanciamiento entre la población general y la administración del Canal no es sino otra faceta del que se viene acentuando en la relación entre el Estado y sus  ciudadanos. En ese marco, es inevitable preguntarse – ante el hecho de que el Estado controla el Canal -, quién (y para qué) controla el Estado.
Enmascarar esta contradicción con programas comunales de micro inversión financiados con una micro fracción de los ingresos generados por el Canal, o con fondos de ahorro de recursos para los que no se encuentra de momento empleo adecuado, no sólo no la resuelve, sino que termina por agravarla. Lo sensato sería utilizar esos ingresos para financiar el desarrollo del país en su conjunto, mediante inversiones estratégicas destinadas a producir las condiciones de producción – fuerza de trabajo, infraestructura, organización de la base territorial de la economía – necesarias para un desarrollo mucho más armónico de las relaciones de nuestros distintos grupos sociales entre sí, y con nuestro medio natural.
El camino hacia este tipo de decisiones es largo, todavía. Precisamente por eso, es necesario empezar a reconocerlo y recorrerlo lo antes posible, y en primer término desde las organizaciones sociales, culturales y científicas de nuestra sociedad. Anteayer nos preguntábamos si seríamos capaces de administrar el Canal. Algo hemos avanzado en eso, exitosamente: lo bastante para darnos cuenta de que aquello era apenas el primer paso hacia la tarea verdadera, que es la de administrar mucho, muchísimo mejor nuestro propio país, con todos y para el bien de todos.

Panamá: un puente al futuro

Pma topografico
La noticia de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entregó el 8 de enero a la empresa francesa Vinci Construction Grands Projets la orden de construir el primer puente sobre la vía acuática en el sector Atlántico pasó casi desapercibida en nuestro país. Sin embargo, tiene tanta importancia histórica como valor simbólico, si se considera que el 9 de enero se conmemoraba el Día de los Mártires de la lucha por nuestra soberanía.
La construcción del puente sobre el Canal en el Atlántico facilitará, en efecto, plantear en nuevos términos la solución a una de las contradicciones ocultas que se opone a un desarrollo sostenible de Panamá: aquella que enfrenta la organización natural de nuestro territorio con la organización territorial del Estado nacional. El territorio, en efecto, está organizado en múltiples corredores interoceánicos, a lo largo de los principales ríos que corren hacia el Atlántico y hacia el Pacífico desde nuestra Cordillera Central. Los primeros habitantes del Istmo hicieron un uso constante de esos corredores, sobre los cuales se asentaban sus sociedades más avanzadas en el momento de la Conquista europea.
El Estado, en cambio, fue siendo organizado desde el siglo XVI a partir de la decisión de concentrar el tránsito interoceánico únicamente por el valle del Chagres, relegando al litoral Atlántico y el Darién a la condición de fronteras interiores. Esto se combinó con la creación de un corredor agroganadero a lo largo de la vertiente Pacífica, entre Chepo y Chiriquí, con el fin de ofrecer soporte a la actividad de tránsito, dando lugar a un eje de organización Este – Oeste. Ese eje segmentó todas las cuencas de la subregión, privilegiando el uso de su sector medio para actividades agropecuarias, y aislando entre sí sus segmentos bajo y alto, en condición de áreas marginales.
Esta decisión limitó nuestras posibilidades de desarrollo, y contribuyó al empobrecimiento del interior rural en ambas vertientes del Istmo. La situación así creada se vio agravada y perpetuada, después, por el Tratado Hay – Buneau Varilla de 1903, que vedaba a Panamá crear vías de comunicación interoceánica alternas al Canal, y establecía una Zona del Canal bajo control extranjero, que dividía en dos al territorio panameño y acentuaba su desarticulación funcional.
Todo ello empezó a revertirse a partir de la ejecución de los Tratados Torrijos – Carter, entre 1979 y 1999, que liquidaron la Zona del Canal y transfirieron la administración del Canal del Estado norteamericano al panameño. La construcción del puente sobre el Canal en el lado Atlántico hace parte de ese proceso de reordenamiento territorial y tendrá consecuencias de gran importancia para nuestro futuro. Esas consecuencias incluyen, por ejemplo:
  1. Re – establecer las vías de comunicación indígenas entre la cuenca del río Coclé del Norte en el Atlántico, y las del Zaratí y el Coclé, en el Pacífico. Esto hará de Colón el principal puerto de Penonomé en el Atlántico, facilitará el desarrollo minero del distrito de Donoso, y el desarrollo turístico y agropecuario de la vertiente Nor – Atlántica de la región del Valle de Antón.
  2. Re – establecer las vías de comunicación indígenas entre las cuencas del río Chagres y la del río Indio, vinculando a Colón con La Chorrera a lo largo de la ribera Occidental del lago Gatún.
  3. Abrir al desarrollo turístico de alto costo la Costa Abajo de Colón, desde Sherman hasta la boca del río Belén.
  4. Facilitar la construcción de una carretera Colón – Bocas del Toro, con un empalme hacia Veraguas por la vía Calovébora – Cañazas, y otro a Chiriquí por la vía Rambala – Gualaca.
  5. Facilitar el movimiento de mercancías desde y hacia Centro América por vía de Guabito y, eventualmente,
  6. Facilitar la vinculación física entre Colón y la región Atlántica de Colombia.
La ACP, añade el despacho de EFE, “adjudicó la licitación del nuevo puente de acuerdo con la Ley que aprueba la ampliación de la vía interoceánica mediante la construcción de un tercer juego de esclusas y que dispone la edificación de este cruce de vehículos en el sector Atlántico que comunique ambas riberas del Canal. Este cruce contribuirá al desarrollo de la provincia de Colón, señala el comunicado.” En realidad, como vemos, se trata de mucho más que eso, aunque ninguna autoridad estatal ha presentado una visión de conjunto sobre las implicaciones de esta decisión para el futuro del país.
El abordaje de esas implicaciones, si llega a ocurrir, será el producto de la iniciativa de las organizaciones sociales, culturales y políticas de Panamá, y pondrá a prueba lo mucho que ignoramos los panameños sobre la historia, la geografía y las opciones de futuro de nuestro país. No hay certeza de que esto ocurra. Debe haber certeza, en cambio, de que una inversión de ese monto y trascendencia haya sido ya objeto de consideración y decisiones por parte de los sectores económicos dominantes en Panamá. Las consecuencias que se deriven de la inacción de unos y la iniciativa de los otros se verán con toda claridad en el curso de los años por venir.
Panamá, 10 de enero de 2013.

Tiempos nuevos, Estado nuevo. Panamá en las vísperas de 2010.

Tiempos nuevos, Estado nuevo.
Panamá en las vísperas de 2010.
Guillermo Castro H.
Se dice desde hace mucho que la política es el arte de lo posible. En esa misma perspectiva, cabría decir que la administración es el arte de crear las condiciones que hagan posible aquello que el desarrollo de la sociedad revela ya como necesario. Comprender de esta manera el vínculo entre administración y política tiene especial importancia en países en los que el desarrollo se manifiesta en formas heterogéneas y contradictorias, que tienden a acentuar los conflictos internos sin llegar a crear realmente las premisas para su pronta solución. Y aunque esto no es privativo de los países más afectados por las asimetrías de la interdependencia global, es en ellos donde esos conflictos suelen manifestarse de manera más aguda y más compleja.
Esta situación se acentúa en casos como el de Panamá, donde está en curso un proceso de transición entre un país que ya no existe, y otro que aún se encuentra en construcción. Aquí, en efecto, la sociedad y su administración pública se encuentran desde hace ya una década en el proceso de pasar de un Estado concebido para promover un estilo de desarrollo protegido al margen de un enclave de capital monopólico estatal extranjero – no fue otra cosa la antigua Zona del Canal – a otro, nuevo, que fomente un estilo de desarrollo abierto, organizado a partir de la Plataforma de Servicios Transnacionales que viene tomando forma en el entorno de la vía interoceánica.
Hoy, los desencuentros y las diferencias de ritmo entre los diversos sectores de la vida nacional en el marco de dicho proceso explican los graves problemas que aquejan a los servicios públicos que el Estado debe ofrecer en materia de educación, salud, seguridad y transporte. Esos servicios, en efecto, se encuentran a cargo de instituciones que fueron diseñadas para cumplir sus funciones en una circunstancia social, económica, cultural y demográfica que ya no existe, y tendrán que ser objeto de una re – creación, de un alcance no menor – y de una complejidad mucho mayor – que el de los esfuerzos equivalentes llevados a cabo en el pasado por las administraciones encabezadas por estadistas como Belisario Porras, Harmodio Arias y Omar Torrijos Herrera.
De lo que se trata hoy, en efecto, no es tanto de administrar con mayor eficiencia una estructura consolidada, sino y sobre todo de fomentar y orientar de manera eficaz la formación de las nuevas estructuras de gestión que el desarrollo del país requiere. Son muchos ya los problemas que el viejo Estado ya no puede resolver, pero el mayor de todos consiste, sin duda alguna, en que las estructuras de gestión pública – y las mentalidades correspondientes a las mismas – perdieron hace mucho la capacidad que alguna vez tuvieron para propiciar la formación de tejido social nuevo, que permita al Estado actuar en acuerdo de conjunto con la ciudadanía, y que permita a la ciudadanía ejercer un verdadero control social de la gestión estatal.
En esta circunstancia, convendría empezar por un examen atento de experiencias y logros muy valiosos que ya han sido obtenidos en esta transición. En lo que respecta a la cooperación entre el ámbito privado y el sector público para ofrecer soluciones innovadoras a problemas nuevos, por ejemplo, la Ciudad del Saber es un caso destacado. En lo que respecta a la oferta de servicios internacionales de gran complejidad, la Autoridad del Canal de Panamá ya es, sin duda, el más destacado caso de innovación exitosa en el país.
Hay mucho que hacer, en verdad, y mucho que aprender. Para encarar con éxito el desafío de la transición hacia un Estado nuevo, conviene recordar que el mejor camino es el que nos lleve desde lo que somos a lo que aspiramos a ser. Aquí, ahora, no basta crecer en el mundo. Hay que ir más allá. Hay que crecer con el mundo, para ayudarlo a crecer y cambiar de un modo que nos permita colaborar a todos en la superación de las estructuras globales, regionales y locales que generan la desigualdad en el acceso a los frutos del progreso, y renuevan sin cesar – entre nosotros y en torno nuestro – los obstáculos al desarrollo que surgen de la pobreza, la incultura y el atraso.
Esto tiene especial importancia, además, porque nuestros problemas ya no son administrativos, sino políticos. Por lo mismo, demanda la creación – justamente – de las condiciones necesarias para establecer una administración nueva, mucho más ágil, mucho más participativa: en breve, mucho más democrática. Hasta ahora, en campos como los de la provisión de servicios de educación y de salud, el esfuerzo nacional se ha orientado mucho más a preservar que a transformar las estructuras de gestión que hemos heredado del viejo Estado proteccionista. Y esto nos ha llevado al intento imposible de encarar, contra los vientos y mareas de los tiempos nuevos, los problemas del mañana desde las mentalidades del anteayer.
Ante todo esto, hay que ser creativos, sin duda. Pero la creatividad sólo será útil en la medida en que hunda sus raíces en la realidad que debemos transformar. Hay que tener extremo cuidado aquí con la transformación de las experiencias de otros en modelos a imitar por nosotros. A ese cuidado se debe, por ejemplo, el gran éxito de Singapur y de Corea del Sur. El primero, por haber adoptado la estrategia de desarrollo más adecuada para una economía que carece de agricultura y de una amplia reserva de mano de obra barata. El segundo, por haber resuelto primero en un mismo empeño los problemas – íntimamente relacionados entre sí – del atraso agrario y el atraso industrial, mediante una reforma agraria que garantizó el abastecimiento de alimentos para los trabajadores de la industria urbana, y creó al mismo tiempo un mercado de trabajo para los hijos de los campesinos, y un mercado rural para la producción industrial. Y ambos, además, llevaron a cabo la tarea gracias a la consolidación de un Estado nacional que ha sido fuerte en la medida en que ha sido eficaz.
¿Cómo será el nuevo Estado panameño? Es difícil imaginarlo en detalle en las actuales circunstancias, tan marcadas por el conflicto entre lo nuevo que emerge, y lo viejo que se resiste a desaparecer. Aun así, cabe imaginar que no será simplemente el Estado que resulte más adecuado para llevar a su culminación los primeros grandes logros de nuestra transición, como la creación de una verdadera plataforma de servicios transnacionales en torno al Canal, y la proyección de un nuevo lugar de Panamá en la economía mundial que hoy se reconstituye en torno a la cuenca del Pacífico Norte. Además, y sobre todo, deberá ser el Estado que resulte más capaz de encarar, encauzar y convertir en una fuerza transformadora toda la enorme energía social que surge de la acentuación de las desigualdades y los conflictos internos de nuestra propia sociedad. Este ha de ser, por necesidad, el punto de partida de un debate que entre nosotros apenas empieza.