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Para el debate sobre la historia en Panamá

Guillermo Castro H.

El debate en torno a la ley que regularía la profesión de historiador en Panamá es apenas un síntoma de un mal más amplio y complejo. Toda ley, en efecto, es un medio para un fin mayor. Y en este caso ese fin mayor consiste en encontrar remedio a la deplorable situación de los estudios históricos en Panamá.

Se han dado algunos pasos al respecto, como la creación del CIHAC-AIP en el Ministerio de Cultura, y el inicio (finalmente) de las actividades del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá. El país cuenta además con el programa de becas de postgrado que maneja SENACYT, que si bien ha beneficiado sobre todo a especialistas de las ciencias naturales también está a disposición de sus colegas en ciencias sociales y Humanidades.

Otros elementos positivos incluyen lo avanzado en la investigación de la historia del Panamá antiguo desde entidades como el Instituto Smithsonian y la Fundación El Caño, así como los avances en materia de protección de nuestro patrimonio histórico. Y a esto se agrega la enorme cantidad de información histórica sobre Panamá en entidades culturales de países como Estados Unidos, España y Colombia, constantemente enriquecida por nuevos estudios sobre el pasado del Istmo producidos por historiadores de Panamá como de esos y otros países.

Ante este panorama, nuestra comunidad de partes interesadas en el desarrollo de la historia debería contribuir a establecer una agenda de temas pendientes de importancia para el futuro de Panamá. Necesitamos, realmente, conocer y dar a conocer mucho mejor la historia del trabajo, de la tecnología, de la agricultura, de la ciencia, del ambiente, de la cultura y del lugar de Panamá en la historia del mercado mundial. Desde la identificación de esas necesidades será mucho más sencillo identificar los medios necesarios para atenderlas, y trabajar juntos para obtenerlos.

La presencia de autores vinculados a esos campos constituye un valioso aporte inicial para tareas de tal complejidad. El Estado, sin embargo, debe comprender esta tarea y comprometerse con ella. El conocimiento de la propia historia es un elemento fundamental en la formación y desarrollo de la identidad nacional, tanto más valiosa en tiempos de reordenamiento del sistema mundial, y de nuestras propias opciones de futuro.

Panamá, 10 de marzo de 2022

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Tal nuestro riesgo, tal nuestra esperanza

Guillermo Castro H.

El concepto de formación económico – social – elaborado por Marx a fines de la década de 1850, pero incorporado al desarrollo del marxismo solo en la segunda mitad del siglo XX -, permite referir aquel otro, más amplio y abstracto, de modo de producción, a sociedades específicas en tiempos puntuales.  El primero, en efecto, resalta el hecho de que en toda sociedad existe “una determinada producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango [e] influencia”, la cual constituye “un éter particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve.”[i]

En Panamá, el tránsito interoceánico ha desempeñado un importante papel en el desarrollo histórico del Istmo durante miles de años, a partir de múltiples rutas existentes en el territorio. De cinco siglo acá, sin embargo, ese tránsito se ha concentrado en una ruta específica para una función específica: facilitar la la circulación del capital a escala mundial.

De allí ha resultado una formación económico – social que podemos llamar transitista, cuya formulación teórica no se origina en nuestro marxismo, sino desde nuestro liberalismo. El transitismo, en efecto, fue presentado por primera vez al país por Hernán Porras en 1953, en un ensayo de vasta influencia en nuestra cultura, destinado a demostrar que en Panamá había clases sociales, sino grupos étnicos vinculados entre sí por sus relaciones con la oligarquía blanca que controlaba las relaciones de todos con la economía de tránsito.[ii]

Veinte años después, el transitismo fue objeto de generalización teórica por parte del historiador Alfredo Castillero.[iii] Eran tiempos nuevos: la oligarquía blanca había perdido el control político de la situación, y una alianza entre los cholos del interior y los mestizos de la Capital negociaba con Estados Unidos el fin de su enclave colonial en Panamá.

Desde esa circunstancia, Castillero enfatizó tres rasgos fundamentales en el transitismo. Uno fue la concentración del tránsito interoceánico por una sola ruta, bajo control de una potencia extranjera. Otro, la subordinación de las actividades productivas en el conjunto del territorio del país a las necesidades del tránsito. Y el último, la concentración de la renta producida por el tránsito, y del poder político en el Istmo, en los sectores sociales que controlan esa actividad.

Hoy, las actividades asociadas a la circulación del capital en el mercado mundial generan cerca del 90% del Producto Interno Bruto de Panamá, mientras las vinculadas a los sectores industrial y agropecuario se disputan el 10% restante. Esas actividades, además, se concentran en el Corredor Interoceánico establecido a lo largo del Canal de Panamá, que ya concentra el 50% de la población del país.

El factor determinante en la formación transitista panameña durante el siglo XX radicó en el control del Corredor Interoceánico por una potencia extranjera. En el XXI, la integración del Canal a la economía interna, y del país al mercado global, crearon una circunstancia inédita en nuestra historia. Esto, a su vez, inauguró un proceso de transición que aún está en marcha, y que determinará en su momento las nuevas formas de organización del país.

Esas formas nuevas ya se anuncian en la reorganización territorial de la economía y la sociedad panameñas. Esa reorganización va desde la creación de nuevas vías interoceánicas en diversos puntos del país,  a la recuperación de nuestra función como puente terrestre entre las Américas, y la presencia de formas nuevas y más complejas de actividad económica más allá del Corredor interoceánico.

Por otra parte, esa transición opera a partir del empeño de los sectores conservadores en preservar un orden de cosas en el que constiuyen una minoría social con el poder de una mayoría política. Esto genera una brecha creciente entre esa minoría social y los sectores mayoritarios del país, que demandan una reforma del Estado que garantice la representatividad del sistema político y permita organizar el tránsito de una manera no transitista, de modo que los frutos de esa actividad lleguen a todas las regiones del país.

Es a través de este aflorar de viejas y nuevas contradicciones que participamos, junto a todos los pueblos de nuesta América, en una circunstancia en la que el mundo “está en tránsito violento, de un estado social a otro.” Ante un cambio tal, si no hay una gestión política previsora,

los elementos de los pueblos se desquician y confunden; las ideas se obscurecen; se mezclan la justicia y la venganza; se exageran la acción y la reacción; hasta que luego, por la soberana potencia de la razón, que a todas las demás domina, y brota, como la aurora de la noche, de todas las tempestades de las almas, acrisólense los confundidos elementos, disípanse las nubes del combate, y van asentándose en sus cauces las fuerzas originales del estado nuevo: ahora estamos, en cosas sociales, en medio del combate.[iv]

Tales nuestros riesgos; tal, nuestra esperanza.

Panamá, 5 de marzo de 2019

 

[i] Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857 – 1858. I. Siglo XXI Editores, México, 2007. I, 27 – 28.

[ii] “Papel histórico de los grupos humanos en Panamá” (1953). Gandásegui, Marco (compilador): Las Clases Sociales en Panamá. CELA, segunda edición, Panamá. 2002, 41-78.

[iii] Nueva Sociedad Nº 5, San José, marzo-abril, 1973, pp 35-50; Estudios Sociales Centroamericanos Nº 5, San José, mayo-agosto, 1973, pp.  65-114;  Revista Cultural Lotería, Panamá, agosto-septiembre 1973, de la cual se tiró una separata, y Anuarios de Estudios Centroamericanos Nº1, San José, 1975.

[iv] “Cuentos de Hoy y de Mañana, por Rafael Castro Palomares”. La América, Nueva York, octubre de 1883. Obras Completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. V, 109.

 

Nota sobre el Estado, el país y su Universidad

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Nota sobre el Estado, el país y su Universidad

Guillermo Castro H.

La discusión sobre el Gobierno de la Universidad de Panamá está íntimamente asociada a la que demanda el Gobierno del país. La dificultad para encararla en estos términos se hace aún mayor cuando los medios de comunicación informen sobre la Universidad y el Gobierno de un modo que busca exacerbar los conflictos entre personas, antes que para discutir las ideas que puedan estar en pugna, convirtiéndose así en verdaderas armas de distracción masiva.

En el caso de la Universidad de Panamá, por ejemplo, esto acentúa la percepción de que la contradicción principal radica en quién ocupa la Rectoría, cuando habría que buscarla en la pérdida de vinculación de la Universidad con el país al que debe servir de centro de producción y debate de conocimientos sobre sí mismo, y sobre sus desafíos y oportunidades en el mundo contemporáneo. Este problema se agrava, además, porque el Estado nacional ha venido a reducir su relación con la Universidad a la de un mero proveedor de fondos de funcionamiento, y no está – desde hace mucho – en capacidad ni disposición de proporcionar un marco de relación correspondiente a una visión del desarrollo nacional que vaya más allá de proporcionarle al mercado los subsidios y la protección legal que necesita para funcionar a su libre arbitrio.

No es de extrañar, así, que el sistema nacional de educación superior tienda cada vez más a convertirse en un mercado de servicios académicos de formación profesional. En ese mercado convergen como si fueran iguales entidades públicas y privadas, y son las primeras, con sus intereses legítimamente particulares, las que imponen su lógica y sus demandas a las segundas, cuyos intereses sólo puede ser legítimos en la medida en que sean nacionales. En una situación como esta, la Universidad no sabe hacia dónde encaminarse – y tiende espontáneamente a replegarse sobre sí misma hasta el riesgo de asfixia -, como no lo sabe la Nación, porque el Estado ha dejado de cumplir la función de representante del interés general de nuestra sociedad.

En estas circunstancias, el orden de cosas vigente en el país y en sus instituciones, origen de los problemas que nos aquejan, tiende inevitablemente a aislar a la Universidad de su entorno. Distinta sería – y será – la situación cuando el tema de las relaciones entre la Universidad y la sociedad sea llevado a la sociedad misma, saliendo del campus para debatirlo con organizaciones sindicales, profesionales, empresariales, comunistarias y con el propio Estado, además de hacerlo con todos los estamentos universitarios, como es natural.

Para algunos, esto puede parecer un riesgo político excesivo. Y, sin embargo, el riesgo puede ser mucho mayor si no se entiende que si no se resuelve el problema por esa vía a partir de la alianza de los universitarios con los sectores más sanos de nuestra sociedad, la solución quedará en manos de los sectores más retrógrados de nuestra vida nacional, para mal del país entero.

Panamá, ese país Caribe (a 26 años de entonces)

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Comparto un texto ya antiguo, en términos humanos, que quizás contenga todavía algo de aquellas verdades a que se refería Martí, que una vez puestas en movimiento siguen andando hasta que dejan de serlo…

Panamá, ese país Caribe

Guillermo Castro Herrera / Panamá, 19 de mayo de 1988.

En medio del ir y venir de noticias sobre agresiones y resistencias, es poco lo que finalmente se dice sobre Panamá y los panameños en los medios internacionales de información. Queda a veces la impresión, incluso, de que se habla de un lugar poblado por banqueros, militares –gringos y nacionales- y políticos de traje blanco y habano en boca, todo ello rodeado por la nada. Sin embargo, este es uno de los rincones más fascinantes de la América Latina, poblado por descendientes de catorce etnias distintas, con una cultura popular rica y diversa, y con una fuerte personalidad nacional. No en balde fue el primer punto de tierra firme donde intentó Cristóbal Colón fundar un asentamiento de españoles, cuatrocientos años antes de que el Canal fuera construido con dólares norteamericanos y sudor de peones antillanos.

Para explicar Panamá, quizás haya que decir en primer término que este es un país Caribe y no centroamericano. La frontera con Costa Rica, en efecto, no solo define un límite político. Además, de eso, la raya imaginaria separa dos universos culturales, lingüísticos y conductuales profundamente distintos. Hasta allí, Centroamérica, indígena, española y mestiza, tierra de tortillas asadas de maíz blanco y alimentos finamente picados, con su polo cultural en México. Desde allí, el Caribe, africano, español e indígena también, enriquecido además con toda suerte de aportes de Asia y la Europa mediterránea, tierra de frituras y mariscos, con su polo cultural en Cuba y la Dominicana. La primera tierra de guitarra. Esta tierra de tambor. Allá, de Rubén Darío. Acá, de Nicolás Guillén.

El español es el idioma oficial de esta república de dos millones y medio de habitantes, que se comunican entre sí en otras trece lenguas adicionales, desde el guaymí y el kuna autóctonos, hasta el chino, el hindú y el bronco y musical inglés de las Antillas. La Constitución Nacional declara al catolicismo como religión mayoritaria del país. Lo practican, con matices muy del trópico, los descendientes de españoles y mestizos, junto a los musulmanes, los taoístas chinos, los budistas y el universo inacabable de las sectas evangélicas que pregonan la exclusiva salvación en Cristo. Todos los creyentes además, de uno u otro modo, participan de un ambiente de religiosidad popular fuertemente impregnado del culto a la santería, surgido del encuentro entre el catolicismo colonial y la religiosidad de los esclavos africanos de siglos ya idos.

Nadie puede extrañase, en una tierra así, de que sean el desenfado y un sentido íntimo y preciso de lo justo y lo injusto, los rasgos más característicos de la personalidad de este pueblo. El primero se traduce en una tendencia incontenible a vivir con toda la alegría posible una existencia a menudo difícil y esforzada. El segundo se expresa en una forma de solidaridad hacia los más débiles que, en su momento, llevó al general Torrijos a decir que este pueblo era más lastimero que justiciero. Ambos, además, confluyen en un orgullo nacional fuerte y sencillo, tan panameños para hacer de su país una nación, frente al empeño norteamericano por hacer de Panamá, simplemente, la periferia de un Canal.

Ese empeño en deshacernos hace parte de lo caribe que somos. En este mediterráneo americano surgieron a la condición de potencia Estados Unidos, a lo largo de una cadena de intervenciones que se inició en Cuba y Puerto Rico en 1898, siguió con Panamá en 1903 y llegó hasta Haití y la dominicana en 1914 y 1916.

Así se inició el camino en que andamos y andándolo así, en lucha por nuestro derecho a ser la nación que somos, lo seguiremos hasta el fin con todos nuestros hermanos.

Panamá: el país que merecemos ser

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Panamá: el país que merecemos ser
Guillermo Castro H.[1]

Para Ricaurte Soler y José de Jesús Martínez, aquí, con nosotros

Época de cambios

El debate sobre los problemas que encara la sociedad panameña a comienzos del siglo XXI suele evadir lo que debería ser su premisa más evidente: el hecho de que el nuestro ha sido el último país de nuestra América en culminar su proceso de formación como Estado nacional soberano. Menos de un cuarto de siglo ha transcurrido desde que abandonaran nuestro territorio las últimas unidades del ejército extranjero que una vez estuvieran albergadas en las bases militares de la que fuera Zona del Canal de Panamá, y que tantas veces actuaran como factor decisivo en nuestra vida política, incluso mediante intervenciones de enorme violencia en nuestros asuntos internos. Por primera vez desde los inicios de la República, en aquel noviembre de 1903, somos enteramente responsables por su destino. Y por primera vez también, tras 485 años de control extranjero, la ruta interoceánica de Panamá está bajo control del Estado de los habitantes del Istmo.

Diversas circunstancias convergen en esta percepción alienada de la conquista del derecho a ejercer los deberes de la soberanía. Está el mal final de la lucha por la recuperación del Canal, tan tenazmente librada entre 1936 y 1979, que vino a descomponerse en la aventura autoritaria de 1984 a 1989, hasta desembocar en el golpe de Estado ejecutado por las fuerzas armadas acantonadas en las bases que alguna vez albergara la Zona del Canal y la puesta en marcha del programa de reforma del Estado y ajuste estructural que abarcó toda la década de 1990.

Esos azares de la política criolla han contribuido también a ocultar – tras una cortina de anécdotas, invectivas y recriminaciones finalmente pueblerinas – el hecho de que la incorporación del Canal a la economía interna aceleró el desarrollo del capitalismo en el país, de un modo que llevó a la liquidación de todo el sector productivo – estatal y privado -, asociado al modelo anterior de desarrollo protegido, al tiempo que catapultaba una economía atrasada a la vorágine del proceso de globalización. Y esto ocurrió, además, en el preciso momento en que el Estado se privaba de la mayor parte de sus capacidades para conducir el desarrollo económico del país, y delegaba esa función en las llamadas “fuerzas del mercado”, que en su accionar no reconocen otra ley que la del más fuerte.

No es de extrañar, en esas circunstancias, que los tres primeros quinquenios del siglo llevaran al país a una situación de crecimiento económico con degradación ambiental y deterioro social. El resultado inevitable ha sido una situación de anomia y desorden, de creciente riesgo para todas las partes involucradas.

Todo esto ha ocurrido, por otra parte, en otra circunstancia, tan elusiva como ubicua en nuestro caso. El mundo no atraviesa hoy por una época de cambios, como quisieran los liberales, sino por un cambio de épocas, que es lo que más temen los conservadores. Lo que ocurre en Panamá hace parte de los procesos de desintegración -y de la formación de opciones de re-integración – que recorren el sistema mundial. Faltan hoy aquellos referentes de la Guerra Fría, de tan aparente claridad, y todas las sociedades del planeta, la nuestra incluida, avanzan a tientas, sin columna de fuego que las guíe a través del desierto de la crisis. Así las cosas, lo sensato sería encarar los desafíos que nos plantea el futuro, para encaminar los cambios que ya están en curso hacia la transformación de la sociedad que hemos sido en la que podemos llegar a ser. Y esto obliga, en primer término, a pensar con orden, que siempre es más difícil que morir con honra.

Tiempos de transformación

Un problema que ha venido forjándose a lo largo de 500 años no puede ser encarado con la última teoría de moda, ni con la imitación de lo que imaginamos que ha sido el camino hacia el éxito de otras sociedades, distintas a la nuestra y que a menudo conocemos poco y mal. Por el contrario, conviene recordar que en el análisis de la formación y las transformaciones de las estructuras y las prácticas sociales tienen especial importancia tres tipos de proceso histórico distinto, estrechamente relacionados entre sí.

El primero de esos procesos se organiza en torno a estructuras de larga duración, como las derivadas de la función de tránsito desempeñada por el territorio de Panamá desde mucho antes de la Conquista europea. El segundo, de duración media, corresponde al despliegue de las estructuras de organización territorial y social correspondientes al papel desempeñado por el Istmo en el proceso de formación y desarrollo del moderno sistema mundial, a partir de la Conquista europea. A esta duración media corresponde, en particular, aquel tipo de formación económico – social que el historiador Alfredo Castillero designara en 1973 como “transitista”, esto es, organizada en torno al monopolio del tránsito y la concentración de sus beneficios por parte de formaciones estatales extranjeras, entre los siglos XVI y XX, y por el Estado nacional de Panamá en el XXI.

El tercer tipo de proceso, finalmente, se expresa en las transiciones entre aquellas grandes etapas y, en particular, entre los distintos momentos en el desarrollo de la segunda. Este último tipo de proceso, de corta duración con respecto a los otros dos, ve acentuarse los conflictos no resueltos del pasado, como ve formarse nuevas opciones de futuro. Bien comprendido y aprovechado, puede conducir tanto a superar y trascender los conflictos de ayer como a la previsión de los del mañana, abriendo paso al despliegue de todas las capacidades de progreso y transformación acumuladas por la sociedad en su desarrollo. Mal comprendido, bien puede conducir a una situación de estancamiento y descomposición por vía lenta, en el que – al decir de Antonio Gramsci -,

La vieja sociedad resiste y se asegura un período de “respiro”, exterminando físicamente a la élite adversaria y aterrorizando a las masas de reserva; o bien ocurre la destrucción recíproca de las fuerzas en conflicto con la instauración de la paz de los cementeros y, en el peor de los casos, bajo la vigilancia de un centinela extranjero.[2]

Nuestra sociedad se encuentra hoy, precisamente, inmersa en un proceso de transición entre dos etapas de su historia. No es el primero, por supuesto. No será el último, tampoco. Lo que realmente importa, aquí y ahora, es comprender que la larga, mediana y corta duración no definen tiempos distintos, sino tres dimensiones diferentes de un mismo devenir, íntimamente asociadas entre sí, aunque diversas en su función y su significado históricos. A lo largo de estos tiempos del tiempo, los diversos elementos de la vida social cosas dejan de ser lo que habían sido en un período anterior, cambian a ritmos muy desiguales, y terminan por desembocar en estructuras generales de una calidad distinta a la precedente.

Así, los cambios acumulados en la fase final del proceso de transición del Estado semicolonial al plenamente soberano constituyen el aspecto principal de la formación de las contradicciones que animan una transformación en curso, que hoy nos toca encarar. Esos cambios incluyen, por ejemplo:

  1. El paso de una economía de enclave, articulada a un canal vinculado a la economía interna de los Estados Unidos y organizada en torno a un sector agropecuario atrasado y a una Zona de Libre Comercio y un Centro Financiero Internacional volcados hacia el exterior, a una distinta y más compleja, rápidamente transnacionalizada, que hoy se estructura como una Plataforma de Servicios Globales en pleno desarrollo, y un mercado de servicios ambientales en proceso de formación.
  2. La incorporación a la vida nacional de nuevos sectores emergentes – desde corporaciones transnacionales hasta movimientos indígenas y campesinos, de trabajadores urbanos y de profesionales de capas medias -, que se combina con la declinación de actores tradicionales de gran influencia ayer apenas, como las organizaciones empresariales, cívicas y sindicales forjadas al interior del modelo de desarrollo protegido hoy en desintegración.
  3. El paso desde una sociedad de fuertes valores rurales y estrechos vínculos entre los sectores populares y capas medias profesionales de origen reciente, a otra de carácter urbano, de gran desigualdad estructural y precarios niveles de organización.
  4. La transformación de los pobres de la ciudad y el campo, y de amplios sectores de capas medias empobrecidas, desde la situación de aceptación más o menos pacífica de su condición de marginalidad, gestada sobre todo a partir del golpe de Estado de diciembre de 1989, hacia otra de creciente voluntad y capacidad para reclamar mejores condiciones de vida, a partir de la actividad tanto de sectores de trabajadores – del campo y de la ciudad, manuales e intelectuales -, cada vez mejor educados y organizados, como del incremento en el número y las mejoras en la educación y la organización de grupos antes marginales – como los pueblos originarios – y de la solidaridad internacional de reciben.
  5. La creciente vinculación de nuestros movimientos sociales a la vida política de la región, que va dejando atrás un prolongado período de aislamiento parroquial y abre posibilidades inéditas de aprendizaje y maduración política a una población que se caracteriza en su bajísimo nivel de organización, y su alto nivel de dependencia de los peores hábitos del clientelismo político.
  6. Una crisis de identidad que expresa, en primer término, el agotamiento de la autoridad moral y cultural de los viejos grupos dominantes, y se acentúa con el ingreso a la vida activa de nuevas generaciones de jóvenes que han crecido y maduran en el proceso de transición, sin más referencia al pasado que la que puede brindarles un sistema educativo hace tiempo agotado, y las mitologías cívicas de las que participan sus mayores.

Estos cambios, sin embargo, no se traducen todavía en un verdadero proceso de renovación de la sociedad panameña y su Estado. Señalan apenas el ingreso a un momento en nuestra historia en el que todo lo que ayer apenas parecía sólido hoy se desintegra ante los ojos de todos, y se inicia un proceso de transformación que, al menos en sus primeras fases, será por necesidad lento, contradictorio y de apariencia errática. De momento, y en ausencia de un liderazgo histórico capaz de conducirlo, ese proceso ha dado lugar a un fenómeno de apariencia aberrante: la formación de un Gobierno cada vez más fuerte y un Estado cada vez más débil, como se aprecia en cuatro ejemplos característicos.

Uno, el debilitamiento de la capacidad de gestión de los grandes organismos estatales a cargo de la atención a demandas sociales masivas, como las de educación, salud y seguridad social.  Otro, la multiplicación de agencias con mandatos puntuales en sectores como los del transporte, el agua, la recolección de desechos, la energía, la incorporación de tecnologías innovadoras a la gestión pública, la gestión de la ciencia, la recolección de impuestos, la titulación de tierras y la formación profesional. El tercero, la creciente militarización de la fuerza pública, en curso desde mediados de la década de 1990, y su implicación cada vez mayor en proyectos regionales de seguridad y control. Y el cuarto, por el que nos felicitamos cada día, corresponde a la decisión de proteger a la operación del Canal de los riesgos que genera el deterioro de la sociedad a la que debe servir, reconociendo en la práctica que ese deterioro puede ser administrado, en el mejor de los casos, pero no revertido en el marco del ordenamiento estatal y social vigente.

De momento, esto nos ha llevado a una circunstancia caracterizada por la erosión simultánea de la eficiencia del Gobierno y de la legitimidad del Estado en la tarea de conducir los cambios en curso en el país, que genera un riesgo creciente de anomia social y política. Con todo, el nuestro es todavía un tiempo “de ebullición, no de condensación; de mezcla de elementos, no de obra enérgica de elementos unidos”, en el que “las especies luchan por el dominio en la unidad del género”, como dijera Martí del suyo en 1881.[3]

En un tiempo así, el problema mayor que debemos encarar consiste en crear las condiciones que permitan hacer posible lo que va siendo percibido como necesario por sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad, cada uno desde su propia perspectiva de interés.[4] Se trata, en otros términos, de ser capaces de identificar y expresar a través de una enérgica demanda de reforma cultural y moral – esto es, política – el interés general de la Nación que emerge en el siglo XXI, a partir de la descomposición de la que se forjó en la lucha contra el colonialismo y su Estado a lo largo del siglo XX.

Ese interés, como sabemos, es el de los grupos sociales fundamentales de nuestra sociedad en superar un conjunto de obstáculos a su propio desarrollo que afloran en ese proceso de descomposición, desde la ausencia de control de la gestión pública por parte de la ciudadanía hasta las limitaciones legales y prácticas al derecho de los trabajadores a la organización, pasando por las condiciones de desamparo en que se encuentran los productores nacionales, y por aquellas otras que fomentan el saqueo del patrimonio natural de la Nación y, en particular, de sus pueblos imaginarios.

Frente a todo esto, podemos tener motivos de optimismo bien fundados.  Nosotros, los panameños, hemos sido capaces en el pasado de encarar con éxito desafíos de tan extraordinaria complejidad como la negociación de los Tratados Torrijos Carter, que pusieron fin tanto al enclave colonial norteamericano en Panamá, como a la condición semicolonial de nuestro Estado. Trabajar con la gente, y desde ella, será la mejor manera de vincular entre sí las iniciativas que ya están en marcha en el país, y de proporcionarles la orientación que les permita contribuir a establecer en Panamá un Estado capaz de representar y ejercer el interés general de la nación en este momento de su historia.

Pausa (que no conclusión)

Al cerrar la nota de su cuaderno de apuntes sobre los tiempos de ebullición que le había correspondido vivir, se preguntaba Martí: “¿Se unirán en consorcio urgente, esencial y bendito, los pueblos conexos y antiguos de América? ¿Se dividirán, por ambiciones de vientre y celos de villorrio, en nacioncillas desmeduladas, extraviadas, laterales, dialécticas…?” La nuestra es, justamente, la última de aquellas nacioncillas, que por su propio esfuerzo – y a pesar de las conductas a menudo “desmeduladas, extraviadas, laterales” de sus propios dirigentes – ha sabido llegar a las vísperas de su plenitud.

Alcanzar esa plenitud, ejercerla y disfrutarla, es una meta que está al alcance – finalmente – de lo mejor de nosotros mismos. Por eso mismo, crear las condiciones que permitan a nuestra gente conocerse y ejercerse en la construcción de una vida justa y buena para todos es, sin duda, el más importante desafío que encaran hoy los hombres y mujeres de cultura de mi tierra.

Para nosotros, ha llegado el momento de poner en imperativo el himno de la Nación que fuimos, para anunciar que si deseamos un país distinto, debemos crear un sociedad diferente. Identificar esa diferencia, y las formas de construirla y ejercerla con todos y para el bien de todos los que aspiramos a vivir en una Patria libre, equitativa y efectivamente soberana, es la tarea más compleja que encaran hoy los panameños. Diga entonces el Himno del país que viene:

“Alcancemos por fin la victoria,

en el campo feliz de la unión.

Con ardientes fulgores de gloria,

se ilumine la nueva nación.

Es preciso quitar todo velo,

del pasado, el calvario y la cruz.

Y que alumbre el azul de tu cielo,

de justicia la espléndida luz.”

Universidad Autónoma de Chiriquí, 22 de septiembre de 2014

[1] Conferencia inaugural del XIV Congreso Centroamericano de Sociología. Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá. 22 de septiembre de 2014.

[2] Gramsci, Antonio, 2003: Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado Moderno. Nueva Visión, Buenos Aires. Traducción de José Aricó. “El príncipe moderno”, p. 61

[3] “No hay letras, que son expresión, hasta que no hay esencia que expresar en ellas. Ni habrá literatura hispanoamericana, hasta que no haya – Hispanoamérica. Estamos en tiempos de ebullición, no de condensación; de mezcla de elementos, no de obra enérgica de elementos unidos. Están luchando las especies por el dominio en la unidad del género. – El apego hidalgo a lo pasado cierra el paso al anhelo apostólico de lo porvenir. Los patricios, y los neopatricios se oponen a que gocen de su derecho de unidad los libertos y los plebeyos. Temen que les arrebaten su preponderancia natural, o no les reconozcan en el Gbno. su parte legítima – se apegan los indios con exceso y ardor a su Gbno. La práctica sesuda se impone a la poesía ligera. Las instituciones que nacen de los propios elementos del país, únicas durables, van asentándose, trabajosa pero seguramente, sobre las instituciones importadas, caíbles al menor soplo del viento. Siglos tarda en crearse lo que ha de durar siglos.[…] Lamentémonos ahora de que la gran obra nos falta, no porque nos falte ella, sino por que esa es señal de que nos falta aún el pueblo magno de que ha de ser reflejo, – que ha de reflejar – (de que ha de ser reflejo) ¿Se unirán en consorcio urgente, esencial y bendito, los pueblos conexos y antiguos de América? ¿Se dividirán, por ambiciones de vientre y celos de villorrio, en nacioncillas desmeduladas, extraviadas, laterales, dialécticas…?”

Martí, José (1975: XXI, 164): Cuadernos de Apuntes, 5 (1881). Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. XXI, 164.

[4] Tal el interés que subyace, por ejemplo, en la demanda cada vez más generalizada de que se proceda a convocar a una Asamblea Constituyente para normar en nuevos términos las relaciones entre los panameños y su Estado.

Panamá: transitismo, Canal, ambiente

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Panamá: transitismo, Canal, ambiente

Entrevista a Guillermo Castro Herrera

Luis Pulido Ritter / La Estrella de Panamá

 

 1. Playas, ríos, lagos, islas y el agua que tomamos. ¿Es irrazonable desear y exigir el control público de estos recursos?

Creo que la pregunta está mal planteada.

El problema no consiste tanto en qué controla el Estado, sino y sobre todo en quién controla al propio Estado.

Quienes lo vienen controlando en Panamá a lo largo de los últimos 20 o 30 años han encarado nuestra relación con el entorno natural como una serie de oportunidades de saqueo, y a la protección del mismo como un obstáculo para aprovechar esas oportunidades.

El control público de esos recursos es indispensable para garantizar que estén al servicio del bien común, pero eso supone la creación de un Estado que funcione a partir del control social de la gestión pública.

Una sociedad así tendrá que estar mucho más y mejor organizada que la que tenemos hoy, que no se sustenta en el pleno ejercicio de la libertad de organización de todos los habitantes del país, sino en las restricciones al ejercicio de ese derecho, sobre todo cuando quienes aspiran a ejercerlo son los trabajadores y los grupos comunitarios y populares.

 

2. En tu libro El agua entre los mares reconoces “una contradicción insoluble entre el transitismo y el tránsito” . ¿Quizás un diagnóstico apocalíptico para Panamá?

Solemos asociar el Apocalipsis con una suerte de fin catastrófico de todo lo existente, seguido de un largo período de caos y violencia sin fin.

En sentido estricto, sin embargo, el Apocalipsis designa el fin de los tiempos de la opresión y la llegada de una era de justicia.

Visto así, el tránsito como actividad puede llegar a ser mucho más productivo – y mucho más equitativo en la distribución de sus beneficios – de lo que ha sido y es el transitismo como modalidad histórica de organización de esa actividad.

Esa modalidad de organización ya fue descrita en 1973 por el historiador Alfredo Castillero: ella se caracteriza por el monopolio de una sola de las rutas de tránsito por un poder estatal extranjero; por la concentración de sus ingresos en manos de una élite, y por la centralización del poder derivado de esa organización para poner al país entero al servicio de esa actividad en particular.

El Apocalipsis de que aquí se trata es el del transitismo.

Ese Apocalipsis deberá liberar al tránsito del carácter opresivo y excluyente que le impone su modalidad transitista; permitirá disponer de sus beneficios para construir una vida mejor para todos, y restablecerá el papel de Panamá como puente terrestre y punto de encuentro de todos los pueblos y todas las economías de las Américas.

 

3. En esta dialéctica -de larga duración entre transitismo y tránsito-, ¿qué papel juega la ampliación del Canal de Panamá?

En su modalidad actual, toda expansión del tránsito es una expansión de las contradicciones del transitismo.

En ese sentido, en las condiciones del siglo XXI el transitismo conspira contra el tránsito en la medida en que lo torna cada vez más conflictivo, erosiona sus bases naturales de sustentación, y hace cada vez más difícil su gestión territorial, administrativa y política.

A su modo, el Presidente Ernesto Pérez Balladares captó lo más esencial de este problema al decir en alguna ocasión que Panamá se vería ante la disyuntiva de desarrollar el país o subdesarrollar el Canal.

Esa disyuntiva está más activa que nunca.

A modo de ejemplo, bastaría con el contraste entre la eficiencia en la administración del Canal y el caos reinante en sus áreas urbanas aledañas, que incluye a una parte cada vez mayor de la cuenca hidrográfica que abastece de agua a ambos.

La lógica del transitismo fragmenta lo que debería estar integrado, y centraliza lo que debería ser autónomo, siempre en aras de la concentración del poder en torno a la ruta interoceánica, cuya consecuencia inevitable es el subdesarrollo constante del resto del país.

 

4. Una agenda ambiental -”transformar para conservar” – en América Latina. ¿Es posible pensar y además gestionar más allá de las fronteras nacionales?

Si antes eso era imginable, hoy ya es imprescindible.

La crisis ambiental tiene un carácter global, pues resulta de las interacciones entre sistemas sociales y sistemas naturales a escala planetaria, con resultados no previstos ni deseados, como el cambio climático y la creación de los enormes basureros oceánicos.

Lo que opera a esa escala, a esa escala debe ser encarado.

El problema inmediato radica en que, en su forma actual, esa escala es la del mercado mundial gestado a partir del siglo XVI en torno a un núcleo Noratlántico de origen, que hoy tiende a desplazarse a la región de Asia – Pacífico.

Global, aquí, significa la primacía de las economías de esas regiones, que dependen para su crecimiento incesante de los subsidios en materias primas, alimentos, servicios y fuerza de trabajo que les proporcionan las demás sociedades del planeta.

En este sentido, estamos atrapados en una doble contradicción: no puede haber soluciones locales, pero tampoco las habrá globales en el marco del orden vigente.

Para América Latina, esto plantea dilemas de una singular complejidad.

Somos la última gran reserva de recursos naturales del planeta: hídricos, minerales, forestales, agrarios, energéticos y demás.

Por eso, el fenómeno dominante en nuestra historia ambiental contemporánea es la acelerada transformación del patrimonio natural en capital natural, mediante la expropiación de las comunidades humanas de nuestras fronteras interiores.

Esto ocurre por encima y más allá de nuestras fronteras nacionales, y tendría que ser enfrentado de la misma manera, mediante una política regional de integración de esas reservas de recursos, que fomente el trabajo con la naturaleza – y no contra ella – a partir del trabajo con nuestra gente, y no contra ellos.

Esa política de conservación para el desarrollo sostenible – que ponga fin a la de subsidiar el crecimiento económico mediante el despilfarro de las riquezas naturales – demanda un Estado de amplia base democrática, administrado por una sociedad culta y bien organizada, capaz de identificar y ejercer intereses comunes con sus vecinos.

Y por ahora, lo más parecido a eso es lo que se intuye en los programas de los nuevos movimientos sociales de la región, en particular aquellos que plantean la demanda del vivir bien todos, y la contraponen al deseo de una vida mejor para una minoría cada vez más reducida.

4. La ACP, como primera empresa del país, ¿no podría ser un gestor institucional en esta dirección?

En las circunstancias actuales, la ACP opera en una contradicción creciente con el resto de la institucionalidad estatal, y es percibida como cada vez más distante de los intereses y necesidades de las grandes mayoría nacionales.

Esto es muy peligroso para el país, y para la propia ACP.

Ese peligro debe y puede ser encarado modificando el entorno institucional de la ACP para facilitarle a ésta una interacción mucho más virtuosa con el resto del país.

De momento, seguimos teniendo una empresa muy moderna en una sociedad muy atrasada, en una relación que – dentro del ordenamiento estatal vigente – tenderá a ser conflictiva.

 

5. Soñemos un poco: es posible que, en la clase política de América Latina, se inserte el tema ambiental en una campaña política como lo han hecho -aunque ya no exclusivamente – los Verdes en Europa?

La clase política en América Latina se reduce, en lo fundamental, al conjunto de los administradores del Estado creado por el neoliberalismo triunfante de la década de 1990 en adelante.

Su propósito fundamental es el del Estado a su cargo: garantizar el crecimiento económico sostenido, y no el desarrollo sostenible, salvo en aquellos casos en que éste sea compatible con aquél.

Aquello que anunciaron los Verdes alemanes en tiempos de Petra Kelly emerge aquí en los nuevos movimientos sociales del campo y la ciudad.

En esos movimientos se combina tanto la lucha de los pobres del campo y la selva por conservar el control de su entorno, como el de los pobres de la ciudad por alcanzar el del suyo.

Cada vez que estas demandas han alcanzado algún grado de expresión en el sistema político formal, han sido devoradas, metabolizadas y convertidas en legislación y normas devueltas a la sociedad como imposiciones, y no como mecanismos de participación.

Con lo cual regresamos a lo realmente esencial: que el ambiente expresa el resultado de las interacciones entre la sociedad y entorno natural; que cada sociedad ha tenido un ambiente que le ha sido característico, como lo tiene la nuestra, y que el cambio de ese ambiente ha ocurrido como resultado de la transformación de la sociedad – estimulada, sin duda, por el deterioro de su entorno natural.

Si deseamos un ambiente distinto, debemos construir una sociedad diferente.

Identificar esa diferencia, y los modos de ejercerla, es el principal desafío cultural y político de nuestro tiempo.

El país del Canal

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El país del Canal

 Guillermo Castro H.

 El conflicto contractual entre la Autoridad del Canal de Panamá y el Grupo Unidos por el Canal ha tenido, motivado por los sobrecostos en que alega haber incurrido el consorcio que tiene a su cargo la ampliación de la vía interoceánica, ha tenido – entre otras – la virtud de traer de vuelta al Canal al terreno del debate público en Panamá. Con ello se anuncia el fin – quizás, ojalá – del intento de proteger a la operación del Canal de los males políticos de la sociedad a cuyo servicio se encuentra, y se abre la posibilidad de enfrentar aquel riesgo encarando esos males, mediante una reforma constitucional de 1994, que hace de la Autoridad del Canal de Panamá una entidad pública dotada de una autonomía sin precedentes en la historia nacional.

Así planteado el problema, la pregunta clave viene a ser la siguiente: si el Estado controla el Canal, ¿quién controla al Estado? La búsqueda de una respuesta a una pregunta así planteada obligaría a abrir una discusión del mayor interés sobre una serie de temas conexos. Por ejemplo, si en 1994 el Gobierno nacional consideró necesario aislar el Canal de Panamá de los vaivenes de la política criolla, que expresaba a su vez las formas de organización de la economía y la sociedad panameños, ¿por qué no se consideró transformar esa economía y esa sociedad de modo que se convirtieran de elemento de riesgo en factor de estímulo y apoyo a una gestión eficiente del Canal?

La respuesta tendría que ser evidente: aquel gobierno era expresión de aquel país, y cualquier intento de cambiar el país hubiera significado su propia liquidación. Por lo mismo, en vez de abordar el desafío en su raíz, las autoridades estatales hicieron del Canal el espejo donde los panameños podemos contemplar a diario lo peligrosos que somos para nosotros mismos, debido a nuestra incapacidad para encarar los problemas de fondo que arrastramos desde (al menos) la derrota liberal en la Guerra de los Mil Días, librada entre 1899 y 1902 y culminada en una victoria conservadora al amparo de la amenaza de intervención por parte de los Estados Unidos. Se fueron en cambio por las ramas, y es la agitación del follaje por el diferendo administrativo sobre los costos de la ampliación del Canal lo que puede recordarnos – o no – que esas raíces existen.

Ernesto Pérez Balladares, Presidente de la República entre 1994 y 1999, dijo alguna vez que estábamos ante la disyuntiva de desarrollar el país o subdesarrollar el Canal. Nunca tuvo tanta razón como en estos días. Quizás ha llegado la hora de poner a la República en condiciones de encarar las responsabilidades que le corresponden para poner el Canal a su servicio. Para eso, habrá que empezar por preguntarse si la operación eficiente del Canal es compatible con la presencia de una sociedad democrática, equitativa y comprometida con la sostenibilidad de su propio desarrollo, y con un Estado que controle el Canal en correspondencia con esos propósitos.

Panamá: pasado, futuro, territorio

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Panamá: pasado, futuro, territorio

Guillermo Castro H.

Pma topografico

 En Panamá, la decisión de crear una nueva provincia en la ribera Oeste de la vertiente Pacífica del Canal, aprobada como Ley por la Asamblea Nacional recientemente, ha suscitado diversas críticas. Inicialmente, lo fundamental de esas críticas se ha enmarcado en las mentalidades correspondientes al viejo orden establecido en Panamá entre 1903 y 1979. Tales cuestionamientos, en efecto, hacen referencia a problemas legales – cambios en documentos de identidad, símbolos patrios, etc. -; administrativos – creación de nuevas burocracias, mayor gasto improductivo, etc. -, y conflictos de pequeña política municipal, como la disputa por la nueva cabecera provincial entre los distritos de Arraiján y La Chorrera.

Otros planteamientos – como los del antropólogo Orlando Acosta sobre los riesgos que el nuevo ordenamiento conlleva para la gestión de la cuenca del Canal, sin embargo -, se corresponden con las mentalidades que empiezan a tomar forma a partir de la entrada en vigencia del Tratado Torrijos – Carter. El Tratado, en efecto, abrió paso a la incorporación del Canal a la economía interna de Panamá, potenció así la transformación del Corredor interoceánico en un complejo de transporte multimodal, y sentó las bases para establecer y desarrollar en ese Corredor toda una plataforma de servicios al comercio global.

Ese proceso sigue en marcha mediante una diversidad de procesos que van desde la conurbación en curso entre las ciudades de Panamá y Colón por un lado, y de Chorrera a Pacora a lo largo del litoral Pacífico, hasta la ampliación del Canal, la construcción del nuevo puente sobre el Canal en el Atlántico, y – a partir de allí – la de dos carreteras estratégicas. Una, que irá de Colón a Centro América por el litoral Atlántico – conectando entre si las salidas al Pacífico ya existentes en Petaquilla, Calovébora y Rambala, y otra que irá desde Río Indio hasta La Chorrera, por la ribera Occidental del lago Gatún, atravesando la cuenca del Trinidad en su desembocadura.

No hay duda alguna sobre la necesidad de ir a un nuevo ordenamiento territorial que ponga orden en estas transformaciones – hasta ahora espontáneas en una importante medida, y mal articuladas entre sí -, limitando sus efectos más destructivos y potenciando los más productivos. Sin embargo, la creación de la décima provincia, tal como ha sido concebida por los personeros del poder legislativo, fragmenta aún más el territorio en lo político – administrativo, contribuye a la segregación de elementos cuya integración debería ser favorecida – como el complejo logístico Panamá – Pacífico y los principales puertos asociados al Canal-, y terminará por elevar innecesariamente los costos de operación del Corredor Interoceánico, disminuyendo la competitividad de Panamá en el mercado global de servicios logísticos.

Si de cambios se trata, lo sensato sería promover y facilitar aquellos que contribuyeran a relacionar armónicamente entre sí la organización natural del territorio, con la organización territorial de la economía, mediante una nueva organización territorial del Estado. En la práctica, el Corredor Interoceánico ya abarca un conjunto de actividades que tienden a integrarse en un espacio común: el propio Canal, con su área de operaciones y toda su cuenca; los componentes del sistema de transporte multimodal y de la plataforma de servicios globales, y las ciudades que acogen a quienes trabajan en las diversas actividades que se llevan a cabo en el Corredor – que, según cálculos del economista Rubén Lachman, generan el 50% de la riqueza nacional.

Ese conjunto tendrá que se organizado eventualmente en una provincia del Canal, estructurada con el valle del Chagres como eje, y que abarque, en el litoral Pacífico, el sistema conurbado que va de Capira – Chorrera al Oeste, a Pacora en el Este; en el Atlántico, lo que va de Río Indio al Oeste a Portobelo al Oeste de la ciudad de Colón; el Corredor propiamente dicho, con la ciudades de Panamá al Sur y Colón al Norte, y la Cuenca del Canal, finalmente integrada en un marco político – administrativo adecuado a su gestión integral.

Esto, naturalmente, terminará por generar transformaciones en el conjunto del territorio nacional, en la medida en que facilite la generalización de las correspondencias entre la organización natural del territorio y la organización territorial de la economía y del Estado. La discusión de esas transformaciones – que estarán asociadas por necesidad a la multiplicación de vías de comunicación interoceánica que ya está en curso – requeriría un planteamiento separado.

De momento, dos tareas esperan por la labor de nuestros intelectuales, incluyendo a aquellos dedicados a tareas de dirección en las organizaciones sociales y económicas que hacen parte de nuestra sociedad civil. Una consiste en encarar críticamente las consecuencias de enfrentar los problemas del siglo XXI con la mentalidades del XIX. La otra, en iniciar las tareas de imaginación bien fundamentada que demanda poner en relación entre sí el enorme potencial de nuestra población y nuestros recursos con los desafíos y oportunidades que nos ofrece el mundo que emerge del proceso de globalización.

En esto, como en tantos otros temas, quizás tengamos que esperar a que pase lo que entre nosotros pasa por ser un campaña electoral, para poner sobre la mesa, finalmente, los problemas que realmente van a definir nuestro futuro. Con ello, habremos dado un paso de la mayor importancia por abrir paso a la verdadera renovación política que nuestro país demanda ya con tanta urgencia.

 

 

 

Panamá. Escogiendo entre inconvenientes: naturaleza, mercado y servicios ambientales.

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Guillermo Castro H.
I
La naturaleza no es en sí misma capital natural. Su aprovechamiento por parte de los humanos sólo ha estado dedicado a la producción de ganancias y la acumulación de capital en un sistema histórico específico: aquel creado a lo largo de los últimos cinco siglos, a partir del desarrollo del capitalismo como sistema de escala planetaria, mediante la formación del primer y único mercado mundial que ha conocido la Humanidad. En esta perspectiva, iniciativas como el Pago por Servicios Ambientales constituyen herramientas que la sociedad capitalista contemporánea – esto es, aquella que enfrenta hoy en la crisis ambiental las consecuencias de sus intervenciones en los ecosistemas de ayer – utiliza para culminar el proceso de transformar el patrimonio natural de la Humanidad en capital natural mediante la organización de mercados de bienes y servicios ambientales, que pasan a constituirse a su vez en un subsistema del mercado mundial.
El subsistema ambiental del mercado mundial, sin embargo, se distingue de todos los demás – extractivo, agrícola, industrial, comercial y financiero – en cuanto su función fundamental consiste en poner a la disposición de aquellos otros condiciones que son imprescindibles para su funcionamiento. Esas condiciones de producción – para designarlas como lo hiciera el antropólogo Karl Polanyi en su obra clásica La Gran Transformación – incluyen, además del acceso a los elementos naturales imprescindibles para cualquier actividad productiva – agua, aire, tierra y energía -, la producción de la fuerza de trabajo capaz de transformar esos elementos en recursos para otras actividades productivas, y la organización del espacio en que esas actividades tienen lugar – esto es, la gestión integrada del ambiente y el territorio.
La organización de los procesos necesarios para la producción de esas condiciones de producción es una responsabilidad fundamental del Estado, y la forma en que cada uno la ejerce expresa con especial claridad el carácter social de ese Estado, esto es, los intereses y valores que rigen sus relaciones con su propia sociedad. La organización de tales procesos, en efecto, abre todo un abanico de opciones. En un extremo de ese abanico, el Estado puede asumir el monopolio de todas las funciones relacionadas con la producción de esas condiciones y con el acceso a las mismas de otros productores. Tal fue el caso del Estado soviético. En el otro extremo, el Estado puede transferir la mayor parte de esas funciones a operadores privados, reteniendo para sí algunas tareas de regulación y control del cumplimiento de las mismas. Tal ha sido, hasta ahora, el caso de la gestión de esos servicios en el caso de los Estados neoliberales.
Entre ambos extremos, naturalmente, hay múltiples combinaciones intermedias. En todas ellas, sin embargo, el Estado conserva una función de intermediación política entre todas las partes involucradas, la cual puede ir desde la gestión de conflictos por vía de la negociación, hasta la represión de expresiones de descontento asociadas a tales conflictos. Lo esencial, en todo caso, es que el éxito o el fracaso del Estado en el cumplimiento de esa función dependerá de la relación general de fuerzas – o debilidades – que se derive del grado de desarrollo cultural y organizativo de cada una de las partes involucradas, incluyendo por supuesto a las agencias gubernamentales directamente implicadas. Dado que todos estos elementos son el producto de complejos procesos de formación y transformación a lo largo del tiempo, su análisis en perspectiva histórica puede aportar valiosos elementos de juicio respecto a la viabilidad y la eficacia de las diversas opciones para la creación de mercados de bienes y servicios ambientales en nuestros países.
II
Aquí conviene empezar con una precisión. Mientras en el resto de Occidente las abreviaturas AC y DC sirven para ordenar el tiempo en un antes y un después del nacimiento de Cristo, entre nosotros sirven además para ordenar nuestra propia historia en sus dos momentos fundamentales: antes y después de la Conquista europea. Así, la extraordinaria complejidad ecosistémica, social y cultural de América Latina tiene su origen en el período 1500 – 1550, cuando la región se vio incorporada – mediante la violencia ejercida por los últimos grandes enclaves de poder feudal en Europa -, al proceso de formación del moderno sistema mundial, como proveedora de alimentos y materias primas y como espacio de reserva de recursos. Esa modalidad de inserción definió, a su vez, una estructura de larga duración que opera con tiempos y modalidades distintas en tres sub regiones diferentes – que a menudo se sobreimponen a las estructuras político – administrativas de los Estados de la región – , y en todos los planos de la interacción entre los sistemas sociales y naturales presentes en cada una de ellas.
Las subregiones a que hacemos referencia se despliegan entre los siglos XVI y XIX, de acuerdo a la forma fundamental de organización de las interacciones entre los sistemas sociales y naturales en el espacio americano. Una se articula a partir del trabajo esclavo, asociado sobre todo – pero no exclusivamente – a actividades de plantación. Otra se constituye a partir de distintas modalidades de trabajo servil – desde la encomienda al peonaje -, destinado sobre todo a la producción de alimentos y a la explotación minera. Y otra más toma forma a partir de  una amplia modalidad de actividades de subsistencia en los inmensos espacios de la región que escapan a la articulación directa en el mercado mundial durante un período más o menos prolongado, como la Amazonía, la Orinoquia y el litoral Caribe mesoamericano.
La primera de esas regiones tiene, así, un claro carácter afroamericano, asociado con frecuencia a una gran debilidad organizativa de los sectores más pobres. La segunda tiene un carácter indoamericano, en el que persisten a menudo importantes tradiciones de organización campesina y comunitaria. La última, de carácter indígena y mestizo, sin tradiciones relevantes de producción para un mercado que en el mejor de los casos sólo ha tenido una importancia complementaria, nunca central, en sus actividades económicas y sociales, pasó a constituirse así en una frontera interior de recursos sometida a una constante presión por parte de las otras dos.
Esas regiones, ciertamente, constituyen una realidad en constante transformación. Así, el tránsito del siglo XIX al XX es testigo de la formación de mercados de trabajo y de tierra constituidos mediante procesos masivos de expropiación de territorios sometidos a formas no capitalistas de producción, para  crear las premisas indispensables a la apertura de la región a la inversión directa extranjera y la creación de economías de enclave en el marco del llamado Estado Liberal Oligárquico. Los ciclos posteriores – populista, desarrollista y neoliberal – marcarán el camino hacia el siglo XXI entre las décadas de 1930 y 1990.
Hoy, asistimos a lo que bien podría ser la incorporación de las últimas fronteras de recursos a la economía global. Esto explica la creciente importancia que adquieren en nuestras sociedades los conflictos de origen ambiental – esto es, aquellos que surgen del interés de grupos sociales distintos en hacer usos excluyentes de los ecosistemas que comparten –.  Y esto hace necesario, también, entender que esos conflictos no se reducen al enfrentamiento entre ricos y pobres, mestizos e indígenas, grupos rurales y urbanos, o capitalistas nacionales y extranjeros, sino que expresan todo eso y mucho más.
La transformación de las fronteras de exclusión de anteayer en las últimas fronteras de recursos de hoy, asociada a menudo a la inversión masiva en megaproyectos de infraestructura, no es tanto el resultado del desarrollo interno de nuestras propias sociedades sino, y sobre todo, del fomento de procesos de producción de condiciones de producción de alcance global con apoyo técnico, financiero y político de instituciones financieras internacionales. Dicho proceso – que incluye la formación de una fracción “verde” del capital transnacional y nacional – opera a menudo en contradicción, y a veces en conflicto, con las fracciones extractiva, agraria, industrial y financiera, más tradicionales en nuestros países.
III
El panorama descrito se expresa con especial claridad en el caso de Panamá. Aquí, a lo largo de diez mil años, la gestión del ambiente y el territorio ha concedido una importancia de primer orden al tránsito interoceánico como elemento articulador de la actividad humana en el Istmo. Así, en el momento de la Conquista europea el territorio panameño estaba organizado en cacicazgos asociados al control de corredores interoceánicos de orientación Sur – Norte. Esos corredores definían territorios estrcuturados a lo largo de grandes cuencas – como las de los ríos Santa María, Coclé, Bayano y el sistema Chucunaque – Tuira – que facilitaban en su parte alta el tránsito interoceánico, y ofrecían tanto el acceso tanto a una multiplicidad de ecosistemas y recursos – desde los manglares de las zonas de grandes mareas del Pacífico, hasta el bosque tropical húmedo y los yacimientos de oro aluvial del Atlántico -, como a rutas de intercambio comercial entre los mundos chibcha y maya, por las que circulaba una abundante riqueza.
Tras la Conquista, en cambio, fue establecido un eje central de organización orientado en dirección Este – Oeste, a partir de un corredor agroganadero a lo largo de las sabanas antrópicas ya existentes entre Chepo y Natá, con prolongaciones posteriores en dirección a la Península de Azuero y a Centroamérica, en la región Sur – Occidental del país. Al propio tiempo, el establecimiento del monopolio del tránsito por el valle del Chagres llevó a la clausura de las demás rutas anteriormente en uso, y a la creación de una extensa frontera interior que segregó la mayor parte del litoral Atlántico y del Darién del territorio considerado “útil” en el nuevo ordenamiento creado por la Conquista. Esa utilidad, por otra parte, era percibida a partir de una nueva cultura de la naturaleza, que privilegiaba la sabana ganadera por sobre el manglar y el bosque húmedo, promovía la explotación extensiva de un número mucho más reducido de recursos específicos por sobre el manejo de ecosistemas complejos, y valoraba esos recursos por su demanda en la zona de tránsito y en el mercado exterior.
El principal centro de población pasó a estar ubicado en la zona articulada por la ciudad de Panamá, conectada al Este y el Oeste con su nuevo hinterland. La población indígena que sobrevivió a la Conquista o que migró al Istmo después fue desplazada a tierras marginales, o contenida más allá de la frontera interior, y la fuerza de trabajo fundamental pasó a estar constituida por esclavos africanos, primero, y por sus descendientes y la población mestiza del siglo XVIII en adelante. De este modo, el contraste contemporáneo entre los paisajes sociales y naturales del corredor interoceánico y los del interior del país no se debe a que haya en el Istmo varios países en uno. Se trata, por el contrario, de la expresión territorial de una de una misma sociedad integrada por grupos sociales que organizan sus relaciones con la naturaleza en el marco de una estructura de poder tan contradictoria y conflictiva como para generar y sostener el proceso de crecimiento económico con deterioro social y degradación ambiental que hoy conoce el país.  Estamos, en suma, ante un extraordinario ejemplo de una estructura que genera procesos de larga duración.
Para comienzos del siglo XXI, sin embargo, la creciente escasez relativa de tierra y agua en Panamá genera tensiones sociales que tienden a encarecer los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la actividad de tránsito, bloquean el fomento de nuevas ventajas competitivas, e impiden un aprovechamiento integral y sostenido de los recursos humanos y naturales del país. En ese marco, la operación sostenida del Canal demanda hoy el desarrollo sostenible del país. Y esto, a su vez, supone la necesidad de encarar las dificultades inherentes al hecho de que solo puede ser sostenible una sociedad democrática; que solo puede ser democrática una sociedad culta, y que solo puede llegar a ser plenamente culta y democrática una sociedad que sea a la vez próspera y equitativa.
Hoy, una mirada al país desde el futuro que deseamos para nuestra gente revela ya posibilidades y capacidades para construir una sociedad así mediante el fomento de los recursos humanos y naturales que la sociedad insostenible que tenemos ha  despilfarrado por más de cuatro siglos. Nuestra propia gente, el agua y la biodiversidad de los ecosistemas que garantizan su presencia en el Istmo son los principales recursos de Panamá. Y la unidad fundamental de interacción de esos recursos está constituida por cada una de las 52 cuencas hidrográficas que organizan desde sí mismo el territorio de la nación.
La resistencia al cambio, en este plano, hunde sus raíces tanto en las estructuras de relación con la naturaleza gestadas por la orgaización del tránsito interoceánico vigente desde el siglo XVI, y sustentadas por las estructuras de gestión pública asociadas a esa relación. Así, por ejemplo, la estructura político – administrativa vigente en el país da lugar a que en la Cuenca del Canal – la de más urgente necesidad de una gestión territorial y ambiental integrada – coincidan 3 provincias (Coclé, Panamá y Colón), una decena de Distritos y unos 48 Corregimientos. Y a ello se agrega que todos los Distritos y corregimientos ubicados en el perímetro de la Cuenca incluyan territorio situado fuera de ésta. Las dificultades que esto supone son fáciles de imaginar.
Todo esto nos dice que ha llegado ya la hora de empezar a discutir la transformación del Estado panameño, para ponerlo en condiciones de contribuir realmente a la transformación de la sociedad a la que debe servir. Si quiere ser eficaz, esa transformación deberá encarar las afinidades y contradicciones entre las estructuras naturales del país y la de las regiones geo económicas presentes en el territorio nacional. Y esto, en lo más esencial, supone que ambas estructuras – las naturales y las históricas – pueden converger o divergir en el proceso de reordenamiento del territorio para su gestión integrada, pero que en última instancia serán las naturales las que predominen. El país que emerja de una transformación semejante será sin duda muy distinto al que nos legara la Conquista, pero sin duda será también mucho más semejante a sí mismo y mucho más capaz, por eso, de conocerse, ejercerse y crecer desde sí.
Es bajo esa luz que cabe considerar el papel que viene desempeñando el Estado panameños en la gestión del proceso de organización del mercado de bienes y servicios ambientales en nuestro país. Aquí no sólo se trata de que el Estado apenas ha iniciado el esfuerzo de deslinde de la trama – cada vez más complicada – de sus propias estructuras de administración en la materia, incluyendo la creación de las capacidades técnicas y culturales necesarias para una gestión integrada del territorio y el ambiente. Se trata, sobre todo, de que esas tareas son más importantes y complejas que nunca, dado el hecho de que las principales áreas de provisión de los servicios ambientales de los que depende la sostenibilidad del desarrollo en Panamá se ubican en las regiones de menor nivel de desarrollo del país, en las que la pobreza afecta a entre el 60 y el 90 por ciento de la población, y coinciden los más altos niveles de incultura con los más bajos niveles de organización social.
Precisamente por esto, la comprensión de los riesgos y las oportunidades que se abren ante nosotros en esta circunstancia exige pasar de un enfoque estructural, referido a modelos de gestión más o menos bien definidos a priori, a otro de carácter sistémico, referido a relaciones de interdependencia entre factores múltiples en cambio constante, en el análisis de los problemas ambientales. Y dado que toda nuestra educación ha tendido a formarnos en torno a una concepción estructural y funcionalista de la realidad, el hecho de reconocer y enfrentar esta necesidad representa ya un importante logro cultural y político. Cultural, porque dispondremos de mejores respuestas en la medida en que seamos capaces de producir mejores preguntas. Y político, porque empezamos a entender que si queremos un ambiente distinto necesitamos crear una sociedad diferente.
En política, a fin de cuentas, sólo podemos escoger entre inconvenientes. En este caso, se trata de optar entre los problemas que origina la ausencia de un mercado de bienes y servicios ambientales bien regulado y equitativo, y los que inevitablemente acarreará la organización de ese mercado. A fin de cuentas, la libertad consiste en poder decidir con qué problemas queremos vivir, y con cuáles no estamos dispuestos a hacerlo, y en atenernos a las consecuencias de lo que decidamos al respecto.
Fundación Ciudad del Saber, Panamá
Julio 2008 – agosto 2013

Panamá: mucho, poco, nada, y pendiente.

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Guillermo Castro Herrera
La disputa electoral acerca de lo hecho o dejado de hacer por el Estado en materia de inversión pública en los últimos 45 años en Panamá elude lo realmente esencial del problema que la genera. Sin duda, la inversión bruta en infraestructura iniciada en 2006 por el Gobierno que presidiera Martín Torrijos con la ampliación del Canal, y continuada por el que preside Ricardo Martinelli – sobre todo en los sistemas vial, aeroportuario y de transporte público -, carece de precedentes en la historia nacional. Aun así, en ese panorama destacan tres elementos de contraste.
El primero de ellos consiste en lo limitado de la inversión pública en el desarrollo del capital humano y social, reducida a una política de subsidios que elude mucho, y palia muy poco, las causas de origen de la inequidad en nuestra sociedad. Otro, en la desmesura de la inversión en el corredor interoceánico, que incrementa a su vez el subsidio del resto del país al crecimiento económico de las área aledañas al Canal – donde ya reside más de la mitad de la población del país, en menos del 10% de su territorio -, incrementando con ello las amenazas a la sustentabilidad del desarrollo futuro en Panamá. Y el otro, finalmente, en la pobreza del análisis relativo al origen, la naturaleza y la sustentabilidad del crecimiento económico en los años por venir, en el seno de las principales agrupaciones políticas y sociales del país.
El factor fundamental, aquí, ha sido la integración del Canal a la economía interna. Todo lo demás – desde la necesidad de las inversiones realizadas, hasta la posibilidad de disponer de los fondos necesarios – ha dependido de ello. La trascendencia y complejidad de ese factor se hace evidente en el hecho de que la creación de las condiciones necesarias para su despliegue en profundidad generara una crisis que en la práctica paralizó políticamente al país entre 1981 y 1994, para iniciar a partir de allí – con idas y venidas bien conocidas – el proceso de transformaciones que ha venido a alcanzar su impulso mayor en los últimos cuatro años.
Ese impulso mayor, por otra parte, también empieza a definir con claridad creciente los límites del proceso de transformaciones en curso. Ese proceso surge de la solución de la parálisis de la voluntad política de los grupos sociales y económicos dominantes en el país entre 1999 y 2009 mediante el uso – en grado de paroxismo – de los valores y procedimientos inherentes a una cultura política tradicional, para la construcción de una economía y una sociedad renovadas.
La solución así encontrada al problema de la parálisis política ha generado, como era de prever, problemas nuevos y más complejos. En efecto, los medios utilizados han determinado los fines que podían ser alcanzados, y uno de los resultados del proceso ha sido el oscurecimiento de las contradicciones asociadas a esos fines.  Así, por ejemplo, aquí se sigue discutiendo como si los problemas del país tuvieran su origen en incapacidades e irregularidades administrativas, y bastara con encontrar mejores gerentes y disponer de mejores manuales de procedimiento para resolverlos.
En realidad, no podremos resolver los problemas del siglo XXI sin entenderlos en sus riesgos como en sus oportunidades. Pero no podremos entender esos problemas ni desde la cultura política del siglo XX – correspondiente al anhelo de llegar a tener un Estado nacional, que ya tenemos -, ni desde el llamado “criterio empresarial” que se limita a imitar aquella consigna de los años 50 que tanto contribuyó finalmente a los problemas que hoy enfrentan la economía y la sociedad norteamericana: “Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos.” Dígalo, si no, la ciudad de Detroit, capital del automóvil, cuyo gobierno municipal acaba de declararse en quiebra.
Para encarar los problemas del país, hará falta aún identificar aquellos que definen, hoy, el interés general de nuestra sociedad. Esto, en breve, demanda la creación de una agenda que sintetice los obstáculos fundamentales que el proceso de crecimiento económico sin cambio social y con deterioro ambiental le plantea a los grupos sociales fundamentales en su desarrollo como tales grupos. Ese fue el punto de partida en la etapa final de la lucha por la recuperación del Canal en la década de 1970, en relación a los problemas de aquella etapa de nuestra historia. En ese terreno, nadie en su sano juicio podría decir que se ha hecho más de 1980 a nuestros días de lo que se hizo entre 1972 y 1977.
También habría que aprender mucho, por supuesto, del hecho de que una vez resueltos aquellos problemas comunes quedó superada la agenda que los expresaba, en la medida en que florecieron y se desplegaron en otro nivel de complejidad las contradicciones entre los grupos que habían concurrido a forjarla. El resultado neto, entonces, fue que el Estado que negoció el Tratado del Canal vino a ser muy distinto del que asumió la responsabilidad de implementarlos. Así, por ejemplo, el propósito de hacer “el uso más colectivo posible” de la Zona del Canal, propuesto por el Estado que negoció el Tratado, cedió su lugar a a la más completa privatización posible de las tierras e infraestructuras de esa Zona, por parte del que lo implementó.
La forja de una nueva agenda nacional deberá encarar el problema mayor de pasar del crecimiento sostenido de la economía entre 2004 y 2014 a un desarrollo que sea sustentable por la equidad en las relaciones sociales, y en las que lleguen a existir entre la sociedad y su entorno natural. Esta es la clase de problemas que podemos plantearnos hoy, desde la nación que hemos venido a ser como resultado de la conquista de nuestra soberanía y de las transformaciones desatadas por ese logro decisivo en nuestra historia. Queda pendiente, ahora, la tarea de definir estos problemas de nuevo tipo con la claridad necesaria para encararlos y resolverlos del modo que demande la nación que queremos llegar a ser.

 

Panamá, 25 de julio de 2013