Panamá. Escogiendo entre inconvenientes: naturaleza, mercado y servicios ambientales.

Guillermo Castro H.
I
La naturaleza no es en sí misma capital natural. Su aprovechamiento por parte de los humanos sólo ha estado dedicado a la producción de ganancias y la acumulación de capital en un sistema histórico específico: aquel creado a lo largo de los últimos cinco siglos, a partir del desarrollo del capitalismo como sistema de escala planetaria, mediante la formación del primer y único mercado mundial que ha conocido la Humanidad. En esta perspectiva, iniciativas como el Pago por Servicios Ambientales constituyen herramientas que la sociedad capitalista contemporánea – esto es, aquella que enfrenta hoy en la crisis ambiental las consecuencias de sus intervenciones en los ecosistemas de ayer – utiliza para culminar el proceso de transformar el patrimonio natural de la Humanidad en capital natural mediante la organización de mercados de bienes y servicios ambientales, que pasan a constituirse a su vez en un subsistema del mercado mundial.
El subsistema ambiental del mercado mundial, sin embargo, se distingue de todos los demás – extractivo, agrícola, industrial, comercial y financiero – en cuanto su función fundamental consiste en poner a la disposición de aquellos otros condiciones que son imprescindibles para su funcionamiento. Esas condiciones de producción – para designarlas como lo hiciera el antropólogo Karl Polanyi en su obra clásica La Gran Transformación – incluyen, además del acceso a los elementos naturales imprescindibles para cualquier actividad productiva – agua, aire, tierra y energía -, la producción de la fuerza de trabajo capaz de transformar esos elementos en recursos para otras actividades productivas, y la organización del espacio en que esas actividades tienen lugar – esto es, la gestión integrada del ambiente y el territorio.
La organización de los procesos necesarios para la producción de esas condiciones de producción es una responsabilidad fundamental del Estado, y la forma en que cada uno la ejerce expresa con especial claridad el carácter social de ese Estado, esto es, los intereses y valores que rigen sus relaciones con su propia sociedad. La organización de tales procesos, en efecto, abre todo un abanico de opciones. En un extremo de ese abanico, el Estado puede asumir el monopolio de todas las funciones relacionadas con la producción de esas condiciones y con el acceso a las mismas de otros productores. Tal fue el caso del Estado soviético. En el otro extremo, el Estado puede transferir la mayor parte de esas funciones a operadores privados, reteniendo para sí algunas tareas de regulación y control del cumplimiento de las mismas. Tal ha sido, hasta ahora, el caso de la gestión de esos servicios en el caso de los Estados neoliberales.
Entre ambos extremos, naturalmente, hay múltiples combinaciones intermedias. En todas ellas, sin embargo, el Estado conserva una función de intermediación política entre todas las partes involucradas, la cual puede ir desde la gestión de conflictos por vía de la negociación, hasta la represión de expresiones de descontento asociadas a tales conflictos. Lo esencial, en todo caso, es que el éxito o el fracaso del Estado en el cumplimiento de esa función dependerá de la relación general de fuerzas – o debilidades – que se derive del grado de desarrollo cultural y organizativo de cada una de las partes involucradas, incluyendo por supuesto a las agencias gubernamentales directamente implicadas. Dado que todos estos elementos son el producto de complejos procesos de formación y transformación a lo largo del tiempo, su análisis en perspectiva histórica puede aportar valiosos elementos de juicio respecto a la viabilidad y la eficacia de las diversas opciones para la creación de mercados de bienes y servicios ambientales en nuestros países.
II
Aquí conviene empezar con una precisión. Mientras en el resto de Occidente las abreviaturas AC y DC sirven para ordenar el tiempo en un antes y un después del nacimiento de Cristo, entre nosotros sirven además para ordenar nuestra propia historia en sus dos momentos fundamentales: antes y después de la Conquista europea. Así, la extraordinaria complejidad ecosistémica, social y cultural de América Latina tiene su origen en el período 1500 – 1550, cuando la región se vio incorporada – mediante la violencia ejercida por los últimos grandes enclaves de poder feudal en Europa -, al proceso de formación del moderno sistema mundial, como proveedora de alimentos y materias primas y como espacio de reserva de recursos. Esa modalidad de inserción definió, a su vez, una estructura de larga duración que opera con tiempos y modalidades distintas en tres sub regiones diferentes – que a menudo se sobreimponen a las estructuras político – administrativas de los Estados de la región – , y en todos los planos de la interacción entre los sistemas sociales y naturales presentes en cada una de ellas.
Las subregiones a que hacemos referencia se despliegan entre los siglos XVI y XIX, de acuerdo a la forma fundamental de organización de las interacciones entre los sistemas sociales y naturales en el espacio americano. Una se articula a partir del trabajo esclavo, asociado sobre todo – pero no exclusivamente – a actividades de plantación. Otra se constituye a partir de distintas modalidades de trabajo servil – desde la encomienda al peonaje -, destinado sobre todo a la producción de alimentos y a la explotación minera. Y otra más toma forma a partir de  una amplia modalidad de actividades de subsistencia en los inmensos espacios de la región que escapan a la articulación directa en el mercado mundial durante un período más o menos prolongado, como la Amazonía, la Orinoquia y el litoral Caribe mesoamericano.
La primera de esas regiones tiene, así, un claro carácter afroamericano, asociado con frecuencia a una gran debilidad organizativa de los sectores más pobres. La segunda tiene un carácter indoamericano, en el que persisten a menudo importantes tradiciones de organización campesina y comunitaria. La última, de carácter indígena y mestizo, sin tradiciones relevantes de producción para un mercado que en el mejor de los casos sólo ha tenido una importancia complementaria, nunca central, en sus actividades económicas y sociales, pasó a constituirse así en una frontera interior de recursos sometida a una constante presión por parte de las otras dos.
Esas regiones, ciertamente, constituyen una realidad en constante transformación. Así, el tránsito del siglo XIX al XX es testigo de la formación de mercados de trabajo y de tierra constituidos mediante procesos masivos de expropiación de territorios sometidos a formas no capitalistas de producción, para  crear las premisas indispensables a la apertura de la región a la inversión directa extranjera y la creación de economías de enclave en el marco del llamado Estado Liberal Oligárquico. Los ciclos posteriores – populista, desarrollista y neoliberal – marcarán el camino hacia el siglo XXI entre las décadas de 1930 y 1990.
Hoy, asistimos a lo que bien podría ser la incorporación de las últimas fronteras de recursos a la economía global. Esto explica la creciente importancia que adquieren en nuestras sociedades los conflictos de origen ambiental – esto es, aquellos que surgen del interés de grupos sociales distintos en hacer usos excluyentes de los ecosistemas que comparten –.  Y esto hace necesario, también, entender que esos conflictos no se reducen al enfrentamiento entre ricos y pobres, mestizos e indígenas, grupos rurales y urbanos, o capitalistas nacionales y extranjeros, sino que expresan todo eso y mucho más.
La transformación de las fronteras de exclusión de anteayer en las últimas fronteras de recursos de hoy, asociada a menudo a la inversión masiva en megaproyectos de infraestructura, no es tanto el resultado del desarrollo interno de nuestras propias sociedades sino, y sobre todo, del fomento de procesos de producción de condiciones de producción de alcance global con apoyo técnico, financiero y político de instituciones financieras internacionales. Dicho proceso – que incluye la formación de una fracción “verde” del capital transnacional y nacional – opera a menudo en contradicción, y a veces en conflicto, con las fracciones extractiva, agraria, industrial y financiera, más tradicionales en nuestros países.
III
El panorama descrito se expresa con especial claridad en el caso de Panamá. Aquí, a lo largo de diez mil años, la gestión del ambiente y el territorio ha concedido una importancia de primer orden al tránsito interoceánico como elemento articulador de la actividad humana en el Istmo. Así, en el momento de la Conquista europea el territorio panameño estaba organizado en cacicazgos asociados al control de corredores interoceánicos de orientación Sur – Norte. Esos corredores definían territorios estrcuturados a lo largo de grandes cuencas – como las de los ríos Santa María, Coclé, Bayano y el sistema Chucunaque – Tuira – que facilitaban en su parte alta el tránsito interoceánico, y ofrecían tanto el acceso tanto a una multiplicidad de ecosistemas y recursos – desde los manglares de las zonas de grandes mareas del Pacífico, hasta el bosque tropical húmedo y los yacimientos de oro aluvial del Atlántico -, como a rutas de intercambio comercial entre los mundos chibcha y maya, por las que circulaba una abundante riqueza.
Tras la Conquista, en cambio, fue establecido un eje central de organización orientado en dirección Este – Oeste, a partir de un corredor agroganadero a lo largo de las sabanas antrópicas ya existentes entre Chepo y Natá, con prolongaciones posteriores en dirección a la Península de Azuero y a Centroamérica, en la región Sur – Occidental del país. Al propio tiempo, el establecimiento del monopolio del tránsito por el valle del Chagres llevó a la clausura de las demás rutas anteriormente en uso, y a la creación de una extensa frontera interior que segregó la mayor parte del litoral Atlántico y del Darién del territorio considerado “útil” en el nuevo ordenamiento creado por la Conquista. Esa utilidad, por otra parte, era percibida a partir de una nueva cultura de la naturaleza, que privilegiaba la sabana ganadera por sobre el manglar y el bosque húmedo, promovía la explotación extensiva de un número mucho más reducido de recursos específicos por sobre el manejo de ecosistemas complejos, y valoraba esos recursos por su demanda en la zona de tránsito y en el mercado exterior.
El principal centro de población pasó a estar ubicado en la zona articulada por la ciudad de Panamá, conectada al Este y el Oeste con su nuevo hinterland. La población indígena que sobrevivió a la Conquista o que migró al Istmo después fue desplazada a tierras marginales, o contenida más allá de la frontera interior, y la fuerza de trabajo fundamental pasó a estar constituida por esclavos africanos, primero, y por sus descendientes y la población mestiza del siglo XVIII en adelante. De este modo, el contraste contemporáneo entre los paisajes sociales y naturales del corredor interoceánico y los del interior del país no se debe a que haya en el Istmo varios países en uno. Se trata, por el contrario, de la expresión territorial de una de una misma sociedad integrada por grupos sociales que organizan sus relaciones con la naturaleza en el marco de una estructura de poder tan contradictoria y conflictiva como para generar y sostener el proceso de crecimiento económico con deterioro social y degradación ambiental que hoy conoce el país.  Estamos, en suma, ante un extraordinario ejemplo de una estructura que genera procesos de larga duración.
Para comienzos del siglo XXI, sin embargo, la creciente escasez relativa de tierra y agua en Panamá genera tensiones sociales que tienden a encarecer los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la actividad de tránsito, bloquean el fomento de nuevas ventajas competitivas, e impiden un aprovechamiento integral y sostenido de los recursos humanos y naturales del país. En ese marco, la operación sostenida del Canal demanda hoy el desarrollo sostenible del país. Y esto, a su vez, supone la necesidad de encarar las dificultades inherentes al hecho de que solo puede ser sostenible una sociedad democrática; que solo puede ser democrática una sociedad culta, y que solo puede llegar a ser plenamente culta y democrática una sociedad que sea a la vez próspera y equitativa.
Hoy, una mirada al país desde el futuro que deseamos para nuestra gente revela ya posibilidades y capacidades para construir una sociedad así mediante el fomento de los recursos humanos y naturales que la sociedad insostenible que tenemos ha  despilfarrado por más de cuatro siglos. Nuestra propia gente, el agua y la biodiversidad de los ecosistemas que garantizan su presencia en el Istmo son los principales recursos de Panamá. Y la unidad fundamental de interacción de esos recursos está constituida por cada una de las 52 cuencas hidrográficas que organizan desde sí mismo el territorio de la nación.
La resistencia al cambio, en este plano, hunde sus raíces tanto en las estructuras de relación con la naturaleza gestadas por la orgaización del tránsito interoceánico vigente desde el siglo XVI, y sustentadas por las estructuras de gestión pública asociadas a esa relación. Así, por ejemplo, la estructura político – administrativa vigente en el país da lugar a que en la Cuenca del Canal – la de más urgente necesidad de una gestión territorial y ambiental integrada – coincidan 3 provincias (Coclé, Panamá y Colón), una decena de Distritos y unos 48 Corregimientos. Y a ello se agrega que todos los Distritos y corregimientos ubicados en el perímetro de la Cuenca incluyan territorio situado fuera de ésta. Las dificultades que esto supone son fáciles de imaginar.
Todo esto nos dice que ha llegado ya la hora de empezar a discutir la transformación del Estado panameño, para ponerlo en condiciones de contribuir realmente a la transformación de la sociedad a la que debe servir. Si quiere ser eficaz, esa transformación deberá encarar las afinidades y contradicciones entre las estructuras naturales del país y la de las regiones geo económicas presentes en el territorio nacional. Y esto, en lo más esencial, supone que ambas estructuras – las naturales y las históricas – pueden converger o divergir en el proceso de reordenamiento del territorio para su gestión integrada, pero que en última instancia serán las naturales las que predominen. El país que emerja de una transformación semejante será sin duda muy distinto al que nos legara la Conquista, pero sin duda será también mucho más semejante a sí mismo y mucho más capaz, por eso, de conocerse, ejercerse y crecer desde sí.
Es bajo esa luz que cabe considerar el papel que viene desempeñando el Estado panameños en la gestión del proceso de organización del mercado de bienes y servicios ambientales en nuestro país. Aquí no sólo se trata de que el Estado apenas ha iniciado el esfuerzo de deslinde de la trama – cada vez más complicada – de sus propias estructuras de administración en la materia, incluyendo la creación de las capacidades técnicas y culturales necesarias para una gestión integrada del territorio y el ambiente. Se trata, sobre todo, de que esas tareas son más importantes y complejas que nunca, dado el hecho de que las principales áreas de provisión de los servicios ambientales de los que depende la sostenibilidad del desarrollo en Panamá se ubican en las regiones de menor nivel de desarrollo del país, en las que la pobreza afecta a entre el 60 y el 90 por ciento de la población, y coinciden los más altos niveles de incultura con los más bajos niveles de organización social.
Precisamente por esto, la comprensión de los riesgos y las oportunidades que se abren ante nosotros en esta circunstancia exige pasar de un enfoque estructural, referido a modelos de gestión más o menos bien definidos a priori, a otro de carácter sistémico, referido a relaciones de interdependencia entre factores múltiples en cambio constante, en el análisis de los problemas ambientales. Y dado que toda nuestra educación ha tendido a formarnos en torno a una concepción estructural y funcionalista de la realidad, el hecho de reconocer y enfrentar esta necesidad representa ya un importante logro cultural y político. Cultural, porque dispondremos de mejores respuestas en la medida en que seamos capaces de producir mejores preguntas. Y político, porque empezamos a entender que si queremos un ambiente distinto necesitamos crear una sociedad diferente.
En política, a fin de cuentas, sólo podemos escoger entre inconvenientes. En este caso, se trata de optar entre los problemas que origina la ausencia de un mercado de bienes y servicios ambientales bien regulado y equitativo, y los que inevitablemente acarreará la organización de ese mercado. A fin de cuentas, la libertad consiste en poder decidir con qué problemas queremos vivir, y con cuáles no estamos dispuestos a hacerlo, y en atenernos a las consecuencias de lo que decidamos al respecto.
Fundación Ciudad del Saber, Panamá
Julio 2008 – agosto 2013

Panamá: mucho, poco, nada, y pendiente.

Guillermo Castro Herrera
La disputa electoral acerca de lo hecho o dejado de hacer por el Estado en materia de inversión pública en los últimos 45 años en Panamá elude lo realmente esencial del problema que la genera. Sin duda, la inversión bruta en infraestructura iniciada en 2006 por el Gobierno que presidiera Martín Torrijos con la ampliación del Canal, y continuada por el que preside Ricardo Martinelli – sobre todo en los sistemas vial, aeroportuario y de transporte público -, carece de precedentes en la historia nacional. Aun así, en ese panorama destacan tres elementos de contraste.
El primero de ellos consiste en lo limitado de la inversión pública en el desarrollo del capital humano y social, reducida a una política de subsidios que elude mucho, y palia muy poco, las causas de origen de la inequidad en nuestra sociedad. Otro, en la desmesura de la inversión en el corredor interoceánico, que incrementa a su vez el subsidio del resto del país al crecimiento económico de las área aledañas al Canal – donde ya reside más de la mitad de la población del país, en menos del 10% de su territorio -, incrementando con ello las amenazas a la sustentabilidad del desarrollo futuro en Panamá. Y el otro, finalmente, en la pobreza del análisis relativo al origen, la naturaleza y la sustentabilidad del crecimiento económico en los años por venir, en el seno de las principales agrupaciones políticas y sociales del país.
El factor fundamental, aquí, ha sido la integración del Canal a la economía interna. Todo lo demás – desde la necesidad de las inversiones realizadas, hasta la posibilidad de disponer de los fondos necesarios – ha dependido de ello. La trascendencia y complejidad de ese factor se hace evidente en el hecho de que la creación de las condiciones necesarias para su despliegue en profundidad generara una crisis que en la práctica paralizó políticamente al país entre 1981 y 1994, para iniciar a partir de allí – con idas y venidas bien conocidas – el proceso de transformaciones que ha venido a alcanzar su impulso mayor en los últimos cuatro años.
Ese impulso mayor, por otra parte, también empieza a definir con claridad creciente los límites del proceso de transformaciones en curso. Ese proceso surge de la solución de la parálisis de la voluntad política de los grupos sociales y económicos dominantes en el país entre 1999 y 2009 mediante el uso – en grado de paroxismo – de los valores y procedimientos inherentes a una cultura política tradicional, para la construcción de una economía y una sociedad renovadas.
La solución así encontrada al problema de la parálisis política ha generado, como era de prever, problemas nuevos y más complejos. En efecto, los medios utilizados han determinado los fines que podían ser alcanzados, y uno de los resultados del proceso ha sido el oscurecimiento de las contradicciones asociadas a esos fines.  Así, por ejemplo, aquí se sigue discutiendo como si los problemas del país tuvieran su origen en incapacidades e irregularidades administrativas, y bastara con encontrar mejores gerentes y disponer de mejores manuales de procedimiento para resolverlos.
En realidad, no podremos resolver los problemas del siglo XXI sin entenderlos en sus riesgos como en sus oportunidades. Pero no podremos entender esos problemas ni desde la cultura política del siglo XX – correspondiente al anhelo de llegar a tener un Estado nacional, que ya tenemos -, ni desde el llamado “criterio empresarial” que se limita a imitar aquella consigna de los años 50 que tanto contribuyó finalmente a los problemas que hoy enfrentan la economía y la sociedad norteamericana: “Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos.” Dígalo, si no, la ciudad de Detroit, capital del automóvil, cuyo gobierno municipal acaba de declararse en quiebra.
Para encarar los problemas del país, hará falta aún identificar aquellos que definen, hoy, el interés general de nuestra sociedad. Esto, en breve, demanda la creación de una agenda que sintetice los obstáculos fundamentales que el proceso de crecimiento económico sin cambio social y con deterioro ambiental le plantea a los grupos sociales fundamentales en su desarrollo como tales grupos. Ese fue el punto de partida en la etapa final de la lucha por la recuperación del Canal en la década de 1970, en relación a los problemas de aquella etapa de nuestra historia. En ese terreno, nadie en su sano juicio podría decir que se ha hecho más de 1980 a nuestros días de lo que se hizo entre 1972 y 1977.
También habría que aprender mucho, por supuesto, del hecho de que una vez resueltos aquellos problemas comunes quedó superada la agenda que los expresaba, en la medida en que florecieron y se desplegaron en otro nivel de complejidad las contradicciones entre los grupos que habían concurrido a forjarla. El resultado neto, entonces, fue que el Estado que negoció el Tratado del Canal vino a ser muy distinto del que asumió la responsabilidad de implementarlos. Así, por ejemplo, el propósito de hacer “el uso más colectivo posible” de la Zona del Canal, propuesto por el Estado que negoció el Tratado, cedió su lugar a a la más completa privatización posible de las tierras e infraestructuras de esa Zona, por parte del que lo implementó.
La forja de una nueva agenda nacional deberá encarar el problema mayor de pasar del crecimiento sostenido de la economía entre 2004 y 2014 a un desarrollo que sea sustentable por la equidad en las relaciones sociales, y en las que lleguen a existir entre la sociedad y su entorno natural. Esta es la clase de problemas que podemos plantearnos hoy, desde la nación que hemos venido a ser como resultado de la conquista de nuestra soberanía y de las transformaciones desatadas por ese logro decisivo en nuestra historia. Queda pendiente, ahora, la tarea de definir estos problemas de nuevo tipo con la claridad necesaria para encararlos y resolverlos del modo que demande la nación que queremos llegar a ser.

 

Panamá, 25 de julio de 2013

Un Canal de Panamá

Guillermo Castro H.
Para Ascanio Arosemena, frente a la llama que lo ilumina
El Canal de Panamá está destinado a cambiar el país, pero el país aún debe llegar a entender lo que ese cambio implica. La primera manera de verlo consiste en imaginar que se dispondrá de más dinero para consumir más, sin salir de los hábitos y formas de producir que ya existían. Es la visión del nuevo rico que todos quisiéramos ser: fuimos pobres hasta que alguien descubrió petróleo en el patio de nuestra casa, y ahora somos sultanes tropicales. Sin embargo, sería mejor contraponer a esa visión de nuevo rico la de una prosperidad que siempre será precaria mientras que no sepamos entender que la inserción del Canal en nuestra economía interna nos ofrece – por primera vez en nuestra historia – los medios para encarar el vínculo entre la aspiración a una sociedad distinta, y las tareas que demanda crear una economía diferente, capaz de sostener esa sociedad, y desarrollarse con ella.
La relación entre ambas visiones es de tensión, no de armonía. La primera puede llevarnos matar la gallina de los huevos de oro, rebasando en corto plazo la capacidad de la Cuenca del Canal para proveer los múltiples servicios que se requieren de ella, aplastándola con el impacto ambiental del desarrollo predatorio de su entorno, e incrementando la huella ecológica de la región interoecéanica sobre todos los ecosistemas del Istmo. La segunda nos obliga a entender que sólo podrá haber un uso sostenido de la Cuenca del Canal si hay un desarrollo sostenible del país, esto es, uno que combine la equidad en el acceso a sus frutos con el trabajo con la naturaleza, y no contra ella.
La tensión entre esas opciones se expresa, por ejemplo, en las críticas a la ACP por haberse constituido en un “Estado dentro del Estado”, dirigido por un “Emperador del Canal”. Y, sin embargo, lo que esas críticas expresan es, en realidad, la contradicción evidente entre el Canal como empresa de Estado, y el estado general de la economía, la sociedad y la administración pública en el país. En ese sentido, el distanciamiento entre la población general y la administración del Canal no es sino otra faceta del que se viene acentuando en la relación entre el Estado y sus  ciudadanos. En ese marco, es inevitable preguntarse – ante el hecho de que el Estado controla el Canal -, quién (y para qué) controla el Estado.
Enmascarar esta contradicción con programas comunales de micro inversión financiados con una micro fracción de los ingresos generados por el Canal, o con fondos de ahorro de recursos para los que no se encuentra de momento empleo adecuado, no sólo no la resuelve, sino que termina por agravarla. Lo sensato sería utilizar esos ingresos para financiar el desarrollo del país en su conjunto, mediante inversiones estratégicas destinadas a producir las condiciones de producción – fuerza de trabajo, infraestructura, organización de la base territorial de la economía – necesarias para un desarrollo mucho más armónico de las relaciones de nuestros distintos grupos sociales entre sí, y con nuestro medio natural.
El camino hacia este tipo de decisiones es largo, todavía. Precisamente por eso, es necesario empezar a reconocerlo y recorrerlo lo antes posible, y en primer término desde las organizaciones sociales, culturales y científicas de nuestra sociedad. Anteayer nos preguntábamos si seríamos capaces de administrar el Canal. Algo hemos avanzado en eso, exitosamente: lo bastante para darnos cuenta de que aquello era apenas el primer paso hacia la tarea verdadera, que es la de administrar mucho, muchísimo mejor nuestro propio país, con todos y para el bien de todos.

Panamá: un puente al futuro

Pma topografico
La noticia de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entregó el 8 de enero a la empresa francesa Vinci Construction Grands Projets la orden de construir el primer puente sobre la vía acuática en el sector Atlántico pasó casi desapercibida en nuestro país. Sin embargo, tiene tanta importancia histórica como valor simbólico, si se considera que el 9 de enero se conmemoraba el Día de los Mártires de la lucha por nuestra soberanía.
La construcción del puente sobre el Canal en el Atlántico facilitará, en efecto, plantear en nuevos términos la solución a una de las contradicciones ocultas que se opone a un desarrollo sostenible de Panamá: aquella que enfrenta la organización natural de nuestro territorio con la organización territorial del Estado nacional. El territorio, en efecto, está organizado en múltiples corredores interoceánicos, a lo largo de los principales ríos que corren hacia el Atlántico y hacia el Pacífico desde nuestra Cordillera Central. Los primeros habitantes del Istmo hicieron un uso constante de esos corredores, sobre los cuales se asentaban sus sociedades más avanzadas en el momento de la Conquista europea.
El Estado, en cambio, fue siendo organizado desde el siglo XVI a partir de la decisión de concentrar el tránsito interoceánico únicamente por el valle del Chagres, relegando al litoral Atlántico y el Darién a la condición de fronteras interiores. Esto se combinó con la creación de un corredor agroganadero a lo largo de la vertiente Pacífica, entre Chepo y Chiriquí, con el fin de ofrecer soporte a la actividad de tránsito, dando lugar a un eje de organización Este – Oeste. Ese eje segmentó todas las cuencas de la subregión, privilegiando el uso de su sector medio para actividades agropecuarias, y aislando entre sí sus segmentos bajo y alto, en condición de áreas marginales.
Esta decisión limitó nuestras posibilidades de desarrollo, y contribuyó al empobrecimiento del interior rural en ambas vertientes del Istmo. La situación así creada se vio agravada y perpetuada, después, por el Tratado Hay – Buneau Varilla de 1903, que vedaba a Panamá crear vías de comunicación interoceánica alternas al Canal, y establecía una Zona del Canal bajo control extranjero, que dividía en dos al territorio panameño y acentuaba su desarticulación funcional.
Todo ello empezó a revertirse a partir de la ejecución de los Tratados Torrijos – Carter, entre 1979 y 1999, que liquidaron la Zona del Canal y transfirieron la administración del Canal del Estado norteamericano al panameño. La construcción del puente sobre el Canal en el lado Atlántico hace parte de ese proceso de reordenamiento territorial y tendrá consecuencias de gran importancia para nuestro futuro. Esas consecuencias incluyen, por ejemplo:
  1. Re – establecer las vías de comunicación indígenas entre la cuenca del río Coclé del Norte en el Atlántico, y las del Zaratí y el Coclé, en el Pacífico. Esto hará de Colón el principal puerto de Penonomé en el Atlántico, facilitará el desarrollo minero del distrito de Donoso, y el desarrollo turístico y agropecuario de la vertiente Nor – Atlántica de la región del Valle de Antón.
  2. Re – establecer las vías de comunicación indígenas entre las cuencas del río Chagres y la del río Indio, vinculando a Colón con La Chorrera a lo largo de la ribera Occidental del lago Gatún.
  3. Abrir al desarrollo turístico de alto costo la Costa Abajo de Colón, desde Sherman hasta la boca del río Belén.
  4. Facilitar la construcción de una carretera Colón – Bocas del Toro, con un empalme hacia Veraguas por la vía Calovébora – Cañazas, y otro a Chiriquí por la vía Rambala – Gualaca.
  5. Facilitar el movimiento de mercancías desde y hacia Centro América por vía de Guabito y, eventualmente,
  6. Facilitar la vinculación física entre Colón y la región Atlántica de Colombia.
La ACP, añade el despacho de EFE, “adjudicó la licitación del nuevo puente de acuerdo con la Ley que aprueba la ampliación de la vía interoceánica mediante la construcción de un tercer juego de esclusas y que dispone la edificación de este cruce de vehículos en el sector Atlántico que comunique ambas riberas del Canal. Este cruce contribuirá al desarrollo de la provincia de Colón, señala el comunicado.” En realidad, como vemos, se trata de mucho más que eso, aunque ninguna autoridad estatal ha presentado una visión de conjunto sobre las implicaciones de esta decisión para el futuro del país.
El abordaje de esas implicaciones, si llega a ocurrir, será el producto de la iniciativa de las organizaciones sociales, culturales y políticas de Panamá, y pondrá a prueba lo mucho que ignoramos los panameños sobre la historia, la geografía y las opciones de futuro de nuestro país. No hay certeza de que esto ocurra. Debe haber certeza, en cambio, de que una inversión de ese monto y trascendencia haya sido ya objeto de consideración y decisiones por parte de los sectores económicos dominantes en Panamá. Las consecuencias que se deriven de la inacción de unos y la iniciativa de los otros se verán con toda claridad en el curso de los años por venir.
Panamá, 10 de enero de 2013.

Panamá: ayer desde mañana

Panamá: ayer desde mañana
Guillermo Castro H.
Para Luis Pulido Ritter, allá entre teutones
Como lo destacara Luis Pulido Ritter en su columna del 23 de diciembre pasado en La Estrella de Panamá, 1989 fue tanto el año de la caída del muro de Berlín como de la invasión norteamericana a Panamá. Si la caída del muro – dice – lo hizo sentir “que el mundo giraba, que se abría una nueva época”, la invasión destruyó aquella “corta ilusión”, para devolverlo a la realidad de una clase política panameña que había fracasado “históricamente … en crear unas instituciones estables, serias, y democráticas, abriendo así el espacio para que se instalaran los militares y floreciera un personaje como Noriega & Co.” [1]
El artículo de Pulido refleja muy bien el carácter contradictorio de los tiempos que vivimos en esta crisis larga, cuyas raíces quizás se remontan a 1968, que fue a su modo el 1848 del siglo XX. Algunos, ante la caída del muro, podían preguntarse en qué podrían creer de allí en adelante. Esa pregunta, sin embargo, no estuvo en la mente siquiera de toda una multitud – grande o pequeña, da igual – de latinoamericanos que siguieron creyendo en lo que ya creían, que era en sí mismos, y en sus pueblos.
Fuera su verdad la de José Martí, la de José Carlos Mariátegui, o la de Gustavo Gutiérrez, la caída del muro lo que hizo fue estimular la reflexión y el debate sobre los términos en que de allí en adelante sería necesario luchar por ella. Y pocos años después, en México, llegaron los mayas zapatistas a plantear un problema sin solución en el capitalismo salvaje – que es, a su modo, la otra cara del socialismo real-: el de la creación de un mundo en el que cupieran todos los mundos, y en el que la forma normal de hacer política consistiera en mandar obedeciendo. De entonces acá, nada les ha quitado la razón que tenían y tienen, y que resaltaron una vez más la semana pasada, con su marcha del silencio por las ciudades de Chiapas.
En lo que hace a la invasión, se le hace un servicio a nuestros grupos dominantes al encararla como un conflicto entre Estados, desconociendo el carácter histórico de éstos, y de las relaciones que habían mantenido entre sí. Una vez vaciado de historia el asunto, toda interpretación es posible, y la más cómoda para el tercio superior de la sociedad es sin duda aquella que nos hace a todos culpables.
Siempre cabe, por supuesto, interrogar al pasado a partir de preguntas diferentes a las usuales en nuestro medio:¿quién tuvo la culpa? ¿Noriega, la Cruzada, la oligarquía o la nación perdedora en pleno? Cabría preguntar en cambio, por ejemplo, por qué todos los Tratados que conducen a la liquidación del enclave militar – industrial del Estado norteamericano en Panamá fueron firmados, por la parte panameña, por mandatarios vinculados a golpes de Estado: Harmodio Arias en 1931, José Remón en 1951, y Omar Torrijos en 1968 – dos de los cuales, además, tuvieron una muerte violenta.
Y a esa pregunta tendría que seguir la del papel de esos Tratados en el desarrollo del capitalismo en Panamá (pues el desarrollo siempre es el desarrollo de algo, y en este caso, con toda evidencia, es el de esa economía y – con ella – el del Estado más adecuado a sus necesidades). La apertura del mercado del enclave militar – industrial a la producción agropecuaria e industrial criolla, a partir de 1936; la captura para el mercado panameño de los salarios de los criollos afortunados que trabajaban en el enclave como empleados federales, a partir de 1955, y finalmente la captura del propio enclave para el mercado interior, y para optimizar la inserción de nuestra economía en el mercado global podría ser una respuesta adecuada.
En esa lógica, la invasión extranjera es la forma que adopta, en nuestra circunstancia, un golpe de Estado ejecutado por las fuerzas armadas de la potencia hegemónica en el Istmo, para establecer el régimen correspondiente a las necesidades de una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo en nuestra tierra. Por lo mismo, fue ejecutado no sólo contra el adversario del momento, sino además contra el que pudiera haber surgido de una evolución distinta de los acontecimientos.
El régimen encabezado por Noriega sin duda había corrompido hasta el tuétano a su entorno militar y político, tras utilizar para sus propios propósitos a lo que quedaba de sano y popular en el torrijismo. El poder realmente existente en la sociedad – aquel que algunos han llamado el de “los dueños de Panamá” -, por su parte, había utilizado las aspiraciones democráticas de nuestras capas medias, las había alentado a organizarse y enfrentar al norieguismo, y las había desmovilizado en cuanto se hizo evidente que aquel régimen hubiera podido ser derrocado por esa movilización. Era necesaria una solución militar, con su secuela inevitable de terrorismo de Estado, no por falta de otra alternativa, sino porque era indispensable que el derrocamiento del régimen no condujera a una revolución democrática en Panamá, precisamente en las vísperas del reparto del botín del enclave.
Uno de los problemas de nuestro entender criollo radica en el mal mal hábito de hacer historia mirando al pasado, no al futuro. De eso resulta, siempre, que se termine por pensar que el mañana será por necesidad una réplica a escala ampliada del ayer. Así, para una multitud de algunos, el objetivo de la invasión no fue sentar las bases para una etapa nueva de desarrollo, sino el restablecimiento del ayer en nuestras vidas o, dicho en criollo, para restaurar a la Oligarquía en el poder. Para otra (menor) multitud, la clave de todo misterio está en el Talmud del Documento de Santa Fe.
En esa perspectiva – regida por el principio de que siempre que pasa igual sucede lo mismo – no cabe realmente imaginar que era necesario establecer un Estado capaz de llevar a cabo una reforma neoliberal de nuestra economía en un plazo breve y de manera enérgica. Y sin embargo ese fue el caso, con la creación de un Estado neoliberal en el que – si bien la impronta social retornó a los sectores más tradicionales del poder criollo -, la económica se tradujo en el sometimiento de los sectores agropecuario, comercial e industrial de la economía a la hegemonía del capital financiero.
En todo caso, lo surgido entonces se agota hoy. Vivimos en una crisis global, sin duda. Pero esto sólo quiere decir que esa crisis se expresa en cada Estado de acuerdo a su circunstancia histórica particular. Desde el Bravo a la Patagonia, toda la América Latina ha entrado en una fase de transición, que se expresa de manera distinta en Cuba que en Chile, o en Colombia y Panamá, pero de la cual todos estos países saldrán transformados en algo distinto, que bien puede ser mucho mejor, o mucho peor.
Hoy, como nunca, es importante volver a estudiar el pasado desde las preocupaciones que nos inspira el futuro. Una vez más, acudiendo a todo lo que va del Papel histórico de los grupos humanos en Panamá, de Hernán Porras en 1953, y La concentración del poder económico en Panamá, de Marco Gandásegui en 1964, a – en este siglo –  La filosofía de la nación romántica de Luis Pulido Ritter y el estudio de Patricia Pizzurno sobre el papel del racismo en nuestra historia contemporánea. Y, de nuevo, atendiendo a la advertencia que nos legara  José Martí, en tiempos de otra crisis, con sus propias posibilidades de futuro:
Estudien, los que pretenden opinar. No se opina con la fantasía, ni con el deseo, sino con la realidad conocida, con la realidad hirviente en las manos enérgicas y sinceras que se entran a buscarla por lo difícil y oscuro del mundo. Evitar lo pasado y componernos en lo presente, para un porvenir confuso al principio, y seguro luego por la administración justiciera y total de la libertad culta y trabajadora: ésa es la obligación, y la cumplimos. Ésa es la obligación de la conciencia, y el dictado  científico. […] Amemos la herida que nos viene de los nuestros. Y fundemos, sin la ira del sectario, ni la vanidad del ambicioso.”[2]
Panamá, 26 de diciembre de 2012.


[2] “Crece”.[Patria, 5 de abril de 1894]. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. III, 121.