Panamá: transitismo, Canal, ambiente

Entrevista a Guillermo Castro Herrera

Luis Pulido Ritter / La Estrella de Panamá

 

 1. Playas, ríos, lagos, islas y el agua que tomamos. ¿Es irrazonable desear y exigir el control público de estos recursos?

Creo que la pregunta está mal planteada.

El problema no consiste tanto en qué controla el Estado, sino y sobre todo en quién controla al propio Estado.

Quienes lo vienen controlando en Panamá a lo largo de los últimos 20 o 30 años han encarado nuestra relación con el entorno natural como una serie de oportunidades de saqueo, y a la protección del mismo como un obstáculo para aprovechar esas oportunidades.

El control público de esos recursos es indispensable para garantizar que estén al servicio del bien común, pero eso supone la creación de un Estado que funcione a partir del control social de la gestión pública.

Una sociedad así tendrá que estar mucho más y mejor organizada que la que tenemos hoy, que no se sustenta en el pleno ejercicio de la libertad de organización de todos los habitantes del país, sino en las restricciones al ejercicio de ese derecho, sobre todo cuando quienes aspiran a ejercerlo son los trabajadores y los grupos comunitarios y populares.

 

2. En tu libro El agua entre los mares reconoces “una contradicción insoluble entre el transitismo y el tránsito” . ¿Quizás un diagnóstico apocalíptico para Panamá?

Solemos asociar el Apocalipsis con una suerte de fin catastrófico de todo lo existente, seguido de un largo período de caos y violencia sin fin.

En sentido estricto, sin embargo, el Apocalipsis designa el fin de los tiempos de la opresión y la llegada de una era de justicia.

Visto así, el tránsito como actividad puede llegar a ser mucho más productivo – y mucho más equitativo en la distribución de sus beneficios – de lo que ha sido y es el transitismo como modalidad histórica de organización de esa actividad.

Esa modalidad de organización ya fue descrita en 1973 por el historiador Alfredo Castillero: ella se caracteriza por el monopolio de una sola de las rutas de tránsito por un poder estatal extranjero; por la concentración de sus ingresos en manos de una élite, y por la centralización del poder derivado de esa organización para poner al país entero al servicio de esa actividad en particular.

El Apocalipsis de que aquí se trata es el del transitismo.

Ese Apocalipsis deberá liberar al tránsito del carácter opresivo y excluyente que le impone su modalidad transitista; permitirá disponer de sus beneficios para construir una vida mejor para todos, y restablecerá el papel de Panamá como puente terrestre y punto de encuentro de todos los pueblos y todas las economías de las Américas.

 

3. En esta dialéctica -de larga duración entre transitismo y tránsito-, ¿qué papel juega la ampliación del Canal de Panamá?

En su modalidad actual, toda expansión del tránsito es una expansión de las contradicciones del transitismo.

En ese sentido, en las condiciones del siglo XXI el transitismo conspira contra el tránsito en la medida en que lo torna cada vez más conflictivo, erosiona sus bases naturales de sustentación, y hace cada vez más difícil su gestión territorial, administrativa y política.

A su modo, el Presidente Ernesto Pérez Balladares captó lo más esencial de este problema al decir en alguna ocasión que Panamá se vería ante la disyuntiva de desarrollar el país o subdesarrollar el Canal.

Esa disyuntiva está más activa que nunca.

A modo de ejemplo, bastaría con el contraste entre la eficiencia en la administración del Canal y el caos reinante en sus áreas urbanas aledañas, que incluye a una parte cada vez mayor de la cuenca hidrográfica que abastece de agua a ambos.

La lógica del transitismo fragmenta lo que debería estar integrado, y centraliza lo que debería ser autónomo, siempre en aras de la concentración del poder en torno a la ruta interoceánica, cuya consecuencia inevitable es el subdesarrollo constante del resto del país.

 

4. Una agenda ambiental -”transformar para conservar” – en América Latina. ¿Es posible pensar y además gestionar más allá de las fronteras nacionales?

Si antes eso era imginable, hoy ya es imprescindible.

La crisis ambiental tiene un carácter global, pues resulta de las interacciones entre sistemas sociales y sistemas naturales a escala planetaria, con resultados no previstos ni deseados, como el cambio climático y la creación de los enormes basureros oceánicos.

Lo que opera a esa escala, a esa escala debe ser encarado.

El problema inmediato radica en que, en su forma actual, esa escala es la del mercado mundial gestado a partir del siglo XVI en torno a un núcleo Noratlántico de origen, que hoy tiende a desplazarse a la región de Asia – Pacífico.

Global, aquí, significa la primacía de las economías de esas regiones, que dependen para su crecimiento incesante de los subsidios en materias primas, alimentos, servicios y fuerza de trabajo que les proporcionan las demás sociedades del planeta.

En este sentido, estamos atrapados en una doble contradicción: no puede haber soluciones locales, pero tampoco las habrá globales en el marco del orden vigente.

Para América Latina, esto plantea dilemas de una singular complejidad.

Somos la última gran reserva de recursos naturales del planeta: hídricos, minerales, forestales, agrarios, energéticos y demás.

Por eso, el fenómeno dominante en nuestra historia ambiental contemporánea es la acelerada transformación del patrimonio natural en capital natural, mediante la expropiación de las comunidades humanas de nuestras fronteras interiores.

Esto ocurre por encima y más allá de nuestras fronteras nacionales, y tendría que ser enfrentado de la misma manera, mediante una política regional de integración de esas reservas de recursos, que fomente el trabajo con la naturaleza – y no contra ella – a partir del trabajo con nuestra gente, y no contra ellos.

Esa política de conservación para el desarrollo sostenible – que ponga fin a la de subsidiar el crecimiento económico mediante el despilfarro de las riquezas naturales – demanda un Estado de amplia base democrática, administrado por una sociedad culta y bien organizada, capaz de identificar y ejercer intereses comunes con sus vecinos.

Y por ahora, lo más parecido a eso es lo que se intuye en los programas de los nuevos movimientos sociales de la región, en particular aquellos que plantean la demanda del vivir bien todos, y la contraponen al deseo de una vida mejor para una minoría cada vez más reducida.

4. La ACP, como primera empresa del país, ¿no podría ser un gestor institucional en esta dirección?

En las circunstancias actuales, la ACP opera en una contradicción creciente con el resto de la institucionalidad estatal, y es percibida como cada vez más distante de los intereses y necesidades de las grandes mayoría nacionales.

Esto es muy peligroso para el país, y para la propia ACP.

Ese peligro debe y puede ser encarado modificando el entorno institucional de la ACP para facilitarle a ésta una interacción mucho más virtuosa con el resto del país.

De momento, seguimos teniendo una empresa muy moderna en una sociedad muy atrasada, en una relación que – dentro del ordenamiento estatal vigente – tenderá a ser conflictiva.

 

5. Soñemos un poco: es posible que, en la clase política de América Latina, se inserte el tema ambiental en una campaña política como lo han hecho -aunque ya no exclusivamente – los Verdes en Europa?

La clase política en América Latina se reduce, en lo fundamental, al conjunto de los administradores del Estado creado por el neoliberalismo triunfante de la década de 1990 en adelante.

Su propósito fundamental es el del Estado a su cargo: garantizar el crecimiento económico sostenido, y no el desarrollo sostenible, salvo en aquellos casos en que éste sea compatible con aquél.

Aquello que anunciaron los Verdes alemanes en tiempos de Petra Kelly emerge aquí en los nuevos movimientos sociales del campo y la ciudad.

En esos movimientos se combina tanto la lucha de los pobres del campo y la selva por conservar el control de su entorno, como el de los pobres de la ciudad por alcanzar el del suyo.

Cada vez que estas demandas han alcanzado algún grado de expresión en el sistema político formal, han sido devoradas, metabolizadas y convertidas en legislación y normas devueltas a la sociedad como imposiciones, y no como mecanismos de participación.

Con lo cual regresamos a lo realmente esencial: que el ambiente expresa el resultado de las interacciones entre la sociedad y entorno natural; que cada sociedad ha tenido un ambiente que le ha sido característico, como lo tiene la nuestra, y que el cambio de ese ambiente ha ocurrido como resultado de la transformación de la sociedad – estimulada, sin duda, por el deterioro de su entorno natural.

Si deseamos un ambiente distinto, debemos construir una sociedad diferente.

Identificar esa diferencia, y los modos de ejercerla, es el principal desafío cultural y político de nuestro tiempo.