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El camino de Monseñor

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Guillermo Castro H.

“Las heridas políticas, como las del cuerpo, de sí mismas se curan,

sin más que cuidar de no envenenarlas o reabrirlas;

y así como la carne crece, y acerca con un tejido nuevo los bordes abiertos,

así de los males excesivos brota, como su fruto natural, el remedio. 

Las leyes de la política son idénticas a las leyes de la naturaleza.

Igual es el Universo moral al Universo material. 

Lo que es ley en el curso de un astro por el espacio,

es ley en el desenvolvimiento de una idea en el cerebro.

Todo es idéntico.”

José Martí, 1885[1]

Panorama Católico es una publicación modesta, que se vende en la puerta de las iglesias, en la cual la Arquidiócesis de Panamá informa de cuando en tanto sobre su postura ante los problemas del país. Así ocurrió en su edición del 12 de diciembre de 1999, publicó una Carta Abierta que el obispo de Colón y Guna Yala, monseñor Carlos María Ariz, le dirigía a la señora Mireya Moscoso, dirigente del conservador partido Panameñista, que por entonces inauguraba su periodo presidencial.

            En su carta – cuyo texto acompaña esta reflexión -, el obispo informaba a la presidenta que los evangelizadores y misioneros de la Costa Abajo de Colón, tras informarse sobre la Ley 44 del 31 de agosto de 1999, que establecía la base legal para la construcción de un embalse en el río Indio para trasvasar agua al Canal de Panamá, habían decidido rechazarla. La Ley, decían, imponía a la población afectada “una autoridad que se ha hecho dueña de sus vidas y su futuro, quedando así sumergidas en la más absoluta indefensión e inseguridad”, pues expropiabalas tierras de “los humildes agricultores” para entregarla a “un nuevo amo”, en este caso la Autoridad del Canal de Panamá.

A esto se agregaba que “la construcción de lagos y transvases de aguas para el Canal” afectaría profundamente “los ríos, quebradas y valles, además de causar muertes irreparables en la biodiversidad de su flora y su fauna.” Ante esa situación decían que, como cristianos, no aceptaban “que en nombre del Canal se permita y tolere todo”, puesto que éste

no es un dios o un ídolo ante cuyo altar se deben inmolar víctimas humanas y la historia cultural de los pueblos. Si bien el Canal es un símbolo nacional y una fuente importante de riqueza, no es argumento para el acaparamiento ni para fomentar el “capitalismo salvaje”.

La Ley, añadía la carta, había sido aprobada “aprisa y corriendo, el último día de la Asamblea Legislativa anterior” sin una discusión apropiada por los diputados, diálogo con las personas afectada, ni discusión pública en los medios de comunicación. Para agravar las cosas, “las autoridades del Canal en su historia no hicieron en esta región, un metro de carretera asfaltada, ni un centro de salud, y han devuelto una selva contaminada de bombas sin explotar. […] La historia pasada no invita a ser optimistas.”

Ante tal situación, el obispo le decía a la presidenta que, “conociendo su sensibilidad social y su adopción de grandes compromisos a favor de nuestro pueblo marginado”, acudía a ella “plenamente confiado” de que adoptaría

las decisiones oportunas a favor de las familias campesinas que van a ser duramente golpeadas por el proyecto de modernización del Canal si no se resuelven los planteamientos e inquietudes que han hechos esos campesinos y campesinas evangelizadores.

Y concluía expresando su esperanza de que “el proyecto de modernización del Canal no conlleve la desolación a muchos de nuestros hermanos campesinos, sino que todos los panameños nos veamos enriquecidos con una profunda satisfacción y un permanente bienestar social.”

            En la práctica, la resistencia campesina a la Ley 44 encontró amplio respaldo en otras zonas rurales del país en las que se iniciaba la lucha contra el acaparamiento del agua por empresas hidroeléctricas. Eso llevó al siguiente gobierno a derogar la Ley en cuestión para proceder sin ese factor de resistencia política a la ampliación del Canal, que hoy enfrenta serios problemas de dotación de agua para su funcionamiento, asociados al cambio climático y agravados por 24 años adicionales de deterioro ambiental en el Corredor Interoceánico como en el resto del país.

            Estos problemas convergen ahora con los asociad os a una gran explotación de minería metálica a cielo abierto en las cercanías de la cuenca del Canal, en la región centro-occidental del Atlántico panameño, y el deterioro del relleno sanitario de la Capital del país. A eso se agregan otros de deforestación, contaminación de ríos, uso excesivo de agroquímicos y gestión de desechos en todo el territorio. Todo esto, en un país de rápido crecimiento económico, que coincide con una concentración del ingreso que lo ubica entre los más desiguales del mundo.

            Panamá ha ingresado, en breve, a la situación advertida en 2015 por el papa Francisco en su encíclica Laudato Si’, al señalar que al hablar de “medio ambiente” se hace referencia a “una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita.” Esto, agrega, nos obliga a entender que en nuestra relación con la naturaleza “somos parte de ella y estamos interpenetrados.”

Atendiendo a esto, dice Francisco, encarar los problemas de la contaminación demanda “un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad”, pues se requieren soluciones “que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales”. En efecto,

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.[2]

            Ese requisito aún está más allá de las posibilidades de la cultura política dominante en el país, cuya caja de razonamiento es cada vez más estrecha: los problemas, de uno en uno; las soluciones, solo si son rentables en una economía que se presume neoliberal pero sigue atada al liberalismo oligárquico de mediados del siglo pasado, y el método adecuado, solo aquel que ofrezca resultados inmediatos, o al menos lo aparente. Por lo mismo, así ligada por un lado a la necesidad de eludir los problemas de la inequidad en el acceso a los servicios básicos para el bienestar social, y atada por el otro al fetichismo de la tecnología que prometa resultados y ganancias inmediatas, esa cultura no está en capacidad de generar una agenda política socioambiental.

En esto, lo fundamental radica en que el ambiente el resultado de las interacciones de los humanos con su entorno natural mediante procesos de trabajo socialmente organizados. Por lo mismo, si deseamos un ambiente distinto tendremos que crear una sociedad diferente. El carácter de esa diferencia, y los medios para crearla, llegarán en su momento a estar en el corazón del debate político nacional.

Ese momento aún no ha llegado, pero lo hará por el camino que abrieran hace un cuarto de siglo el obispo de Colón y Guna Yala y los misioneros y evangelizadores de la Costa Abajo de Colón. La carta que abrió ese camino sigue sin respuesta, pero llegará a tenerla el día en que la sociedad panameña se dé a sí misma un Estado nacional que haga del ejercicio de la soberanía nacional la expresión de la soberanía popular.

Una verdad, puesta a caminar, sigue andando hasta que deja de serlo, y va sumando apoyos en el camino que abre. Tal hizo la carta de Monseñor Ariz: encaminar las cosas de una manera que seguirá siendo nueva hasta llegar a su destino.

Alto Boquete, Panamá, 20 de enero de 2024

Panorama Católico

Panamá, 12 de diciembre de 1999, p. 3

Carta abierta a la Excma. Señora Mireya Moscoso

Presidenta de la República,

Del Obispo de Colón y Kuna Yala

Muy estimada señora Presidenta:

Me es sumamente grato enviarle un cordial saludo en nombre de todos los misioneros y evangelizadores, con nuestras humildes oraciones por el éxito de su gestión presidencial a favor de todos los panameños.

            Durante los días 11 al 14 de noviembre próximo pasado se celebró la reunión de formación para evangelizadores de las comunidades de la Costa Abajo, en la comunidad de Bocas de Toabré, y en la misma se compartieron algunas informaciones sobre el proyecto de modernización y extensión de la cuenca del Canal.

            Con anterioridad, el Equipo Misionero de la Costa Abajo, Diócesis de Colón – Kuna Yala, tuvo un encuentro con el Obispo para tratar el origen de esa ley y sus consecuencias para los campesinos de la costa atlántica.

            Ambos grupos, evangelizadores y misioneros, estuvieron de acuerdo en rechazar la ley 44 del 31 de agosto de 1999 por las siguientes razones:

  1. Razones humanitarias: No hay un solo acápite de la ley donde se tenga en cuenta el más mínimo de los derechos humanos. Son miles de personas, hombres, mujeres y niños, a quienes de la noche a la mañana se les ha impuesto una autoridad que se ha hecho dueña de sus vidas y su futuro, quedando así sumergidas en la más absoluta indefensión e inseguridad.
  2. Razones de justicia: La ley expropia y enajena la tierra que han trabajado durante generaciones. No es de justicia social que, de improviso, sin que se les restituya o reconozca absolutamente nada, sin respetar los derechos posesorios y el principio de “la tierra para el que la trabaja”, se quite el terruño a los humildes agricultores y se la entregue a un nuevo amo.
  3. Razones ecológicas: Aunque la ley en sí misma no lo dice, fueron argumentos para su aprobación la construcción de lagos y transvases de aguas para el Canal. Esta transformación proyectada va a afectar profundamente los ríos, quebradas y valles, además de causar muertes irreparables en la biodiversidad de su flora y su fauna. No conocemos un estudio científico que nos exima de pensar que no va a ser éste el impacto ambiental.
  4. Razones morales: Como cristianos no aceptamos que en nombre del Canal se permita y tolere todo, incluyendo la vida, tradiciones y costumbres de muchas comunidades del Atlántico colonense, oeste de Panamá y coclesano. El Canal no es un dios o un ídolo ante cuyo altar se deben inmolar víctimas humanas y la historia cultural de los pueblos. Si bien el Canal es un símbolo nacional y una fuente importante de riqueza, no es argumento para el acaparamiento ni ara fomentar el “capitalismo salvaje”.
  5. Razones éticas: Mientras se proclama un discurso político y social de que las tierras del Canal deben estar al servicio de los pobres y de que hay que atender a los pequeños agricultores, se aprueba una ley a través de la cual se arrebata la tierra a los campesinos marginados, para dársela al Canal.
  6. Razones de método: la metodología utilizada para esta ley de la república nos parece, al menos, precipitada. Apenas se discutió en la Asamblea, no hubo diálogo con las personas afectada, no salió a discusión pública en los distintos medios de comunicación y se aprobó, aprisa y corriendo, el último día de la Asamblea Legislativa anterior. Tenemos serias dudas de que en su aprobación se contara con estudios imparciales, especialmente antropológicos y sociales.
  7. Razones de acaparamiento: No compartimos que el Canal necesite más de dos mil kilómetros cuadrados de tierra para su mantenimiento futuro. ¿No existirán otras opciones que impliquen menos sacrificios de vidas humanas y menor atentado a la naturaleza, aunque dejen menos dividendos? Nuestras sospechas sobre los lagos que se están proyectando, no son tanto las aguas del Canal, cuanto los negocios hidroeléctricos y otros que se están fraguando. ¿No es el ingreso más neto de la Autoridad del Canal a producción de energía eléctrica?
  8. Razones históricas: La ley acapara en la provincia de Colón más de dos mil kilómetros cuadrados de tierra, casi la mitad de los que es la Costa Abajo. Sin embargo, las autoridades del Canal en su historia no hicieron en esta región, un metro de carretera asfaltada, ni un centro de salud, y han devuelto una selva contaminada de bombas sin explotar. Ahora, se proyecta un puente sobre el Canal, pero no por la Costa Abajo, y las carreteras de acceso a los proyectos son por Panamá y Coclé. La historia pasada no invita a ser optimistas.
  9. Como Equipo Misioneros y Evangelizadores:  Aunque nos oponemos a la ley, sí queremos la vida y el desarrollo integral de la Costa Abajo. Abrigamos la esperanza de un futuro nuevo para tantos miles de campesinos, sin la ley 44. A ellos, dedicamos nuestras vidas y con ellos estamos dispuestos a cooperar, ¡Dios primero!

Muy estimada Sra. Presidenta, conociendo su sensibilidad social y su adopción de grandes compromisos a favor de nuestro pueblo marginado, me es grato acudir a su Excelencia, plenamente confiado de que adoptará las decisiones oportunas a favor de las familias campesinas que van a ser duramente golpeadas por el proyecto de modernización del Canal si no se resuelven los planteamientos e inquietudes que han hechos esos campesinos y campesinas evangelizadores.

      Ojalá que el proyecto de modernización del Canal no conlleve la desolación a muchos de nuestros hermanos campesinos, sino que todos los panameños nos veamos enriquecidos con una profunda satisfacción y un permanente bienestar social.

      Hago propicia la ocasión para reiterar a la Sra. Presidenta nuestro testimonio de consideración y aprecio.

      Atentamente,

      Carlos María Ariz, cmf

      Obispo de Colón – Kuna Yala

[1] “Cartas de Martí”. La Nación, Buenos Aires, 9 de mayo de 1885. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. X, 197.

[2] Carta Encíclica Laudato Si’ Del Santo Padre Francisco Sobre el Cuidado de la Casa Común (2015-139). Cursiva: gc.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Mundo en tránsito

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Guillermo Castro H.

“El mundo está en tránsito violento, de un estado social a otro.

En este cambio, los elementos de los pueblos se desquician y confunden;

las ideas se obscurecen; se mezclan la justicia y la venganza;

se exageran la acción y la reacción; hasta que luego,

por la soberana potencia de la razón,

que a todas las demás domina, y brota, como la aurora de la noche,

de todas las tempestades de las almas,

acrisólanse los confundidos elementos, disípanse las nubes del combate,

y van asentándose en sus cauces las fuerzas originales del estado nuevo”

José Martí, 1883[1]

2023 fue un año terrible en muchos sentidos. Vimos progresar ante nuestros ojos, en forma como en sentido, la desintegración de la organización internacional del mercado mundial surgida de la II Guerra Mundial, que ya genera problemas que no es capaz siquiera de eludir. Tal, la incapacidad para encarar los desafíos del cambio climático. Tales, también, el conflicto entre Rusia y la OTAN que se libra en Ucrania; la indiferencia cómplice de los poderes Noratlánticos ante el genocidio del pueblo palestino, mientras en nuestra América, a la vigilancia advertida por Estados Unidos sobre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y el cerco implacable a Cuba, se agregan los rumbos al caos en Ecuador, Perú y Argentina.

Al final, todo indica que tenía razón Immanuel Wallerstein al advertir a fines del siglo XX que el derrumbe de la URSS era el primer aviso del caos en el moderno sistema mundial, y el inicio de otro proceso de transición histórica de resultados (aún) impredecibles.[2] De ese caos, por ejemplo, resultan también opciones de cambio como las que apuntan a la formación de un sistema mundial de corte multipolar, alentadas ante todo desde el Sur global a través de iniciativas promovidas desde países como Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica – BRICS, es llamado el grupo -, a las que de un modo u otro se suman México, Irán y diversos Estados países árabes, asiaticos y africanos.

Identificar esas opciones, y escoger aquellas por las que valga el riesgo luchar, implica asumir una racionalidad que aún parece nueva, aunque la situación misma no lo sea. Entre las dificultades que esto plantea se encuentra el hecho de que la transición en curso incluye la de las formas del pensar que fueron dominantes en el sistema mundial entre mediados y fines del siglo pasado.

Ante esa transición, la primera reacción en los medios intelectuales ha sido la de intentar actualizar esa formas del pensar, elaboradas sobre todo a partir del liberalismo desarrollista triunfante de la década de 1950, reelaborado en las más diversas vertientes ideológicas y regionales. A esa reacción se han sumado, además, otras que cuestionan las formas estatales de ese desarrollismo en descomposición, sea en la perspectiva del populismo neoliberal, sea en la de sectores vinculados a movimientos étnicos y de trabajadores del campo y la ciudad que reclaman una distribución del poder y la riqueza que otorgue prioridad a la atención a sus necesidades.

Aquí no solo se trata de que las ideologías tiendan a naturalizar los fenómenos históricos, para presentar los conflictos generados por el control de la fuerza de trabajo y los recursos del Sur global en una lucha sin fin entre la civilización y la barbarie o -para ponerlo en simple- entre el jardín y la jungla del señor Borrell. Más allá de eso, ocurre en la cultura aquello que Martí llamara un proceso de reenquiciamiento y remolde, que da lugar a cambios finalmente irreversibles en las formas de organización de la vida en sociedad y, con ello, en la del pensar, y la del hacer social y político.

Ese proceso aún está pendiente de una discusión que lo lleve a trascender sus formas de origen, y a encarar sus opciones de futuro. Mucho de lo que aún subsiste en él ha venido adquiriendo un carácter mítico que, parafraseando a Marx “somete, domina, moldea” las fuerzas que operan en la historia “en la imaginación y mediante la imaginación”, hasta que desaparece “con el dominio real” sobre esas fuerzas.[3] El análisis de este tipo de procesos de transición cultural – y recordemos que la política es la forma más clara y extrema de la expresión de toda cultura – cuenta con valiosos antecedentes a nuestra disposición.

La crisis mundial de 1973 generó una primera oleada de este tipo de estudios, que en nuestra América se expresó con especial riqueza en el campo de la historia del pensar marxista. Aquí destacó el interés en el aporte de José Carlos Mariátegui, en particular en cuanto al planteamiento de un enfoque de nuestro desarrollo histórico centrado en la noción de formación económico-social antes que en la de modos de producción sucesivos. En ese marco, se produjo además una convergencia con otras corrientes histórico-culturales, como las que llevaban a una recuperación del pensar de Antonio Gramsci en el plano político-cultural, al tiempo en que la crítica de las superestructuras del liberalismo oligárquico se veía enriquecida por la formación de una teología de la liberación.

De Wallerstein acá, la bancarrota ideológica del neoliberalismo y del marxismo soviético abrieron paso – sobre todo en el mundo Noratlántico, aquel que se denomina a si mismo “el Occidente”- a estudios y debates del mayor interés en lo que vino a ser llamado una “crisis civilizatoria”. En este campo han tenido especial importancia tanto en el campo de los estudios referidos a transiciones previas, como al de las perspectivas de la que está en curso. [4]

En el conjunto del proceso en que andamos, destaca el hecho de que, si la teología fue el eje articulador de la cultura medieval, y la economía el de la cultura del capital, la ecología está destinada a ser el de la cultura que emerge en esta transición – para bien, o para mal. Ese eje ha dado lugar ya a múltiples aportes que traen a cuenta políticamente los problemas y las opciones que van dando forma a la crisis, en lo que va de La Ecología de Marx. Marxismo y naturaleza (2000), de John Bellamy Powell, a la encíclica Laudato Si’ (2015), del papa Francisco.

Tal es la clase de textos que signan de un modo u otro el debate sobre la transición que andamos, en muchos sentidos distinta a cualquiera de las precedentes, pues lo que se decide en esta no es ni la salvación del alma ni la de la acumulación de capital, sino la sustentabilidad del desarrollo de la especie humana. Tal es la perspectiva que demanda ampliar la búsqueda de medios para abrir a discusión a la transición misma, y a sus expresiones.

Esto significa, aquí, ahora, que en el curso de ese debate tendrá una importancia decisiva la participación del Sur global, en su experiencia histórica como en los problemas que le impone su condición periférica en las estructuras de poder de un sistema mundial que cada vez se parece menos al imaginado en 1944 y 1945 por los creadores del Fondo Monetario Internacional y de las Organización de las Naciones Unidas. Sin nosotros, estará siempre incompleta “la soberana potencia de la razón, que a todas las demás domina” que Martí invocara al iniciarse la transición entre la organización colonial de origen y la internacional / interestatal del sistema mundial que ha venido organizando el mercado mundial desde su origen a nuestros días.

Esa potencia será indispensable para comprender y encarar el hecho de que si deseamos un ambiente distinto tendremos que crear sociedades diferentes y resolver el problema fundamental que nos presenta esta crisis. Y tal es, en efecto, el problema central que le plantea a la Humanidad entera la transición en que estamos inmersos ya.

Alto Boquete, Panamá, 3 de enero de 2024

[1]  “Cuentos de Hoy y de Mañana, por Rafael Castro Palomares”. La América, Nueva York, octubre de 1883. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. V, 109.

[2] Después del Liberalismo. Siglo XXI editores. México, 1996. https://www.academia.edu/36468811/Despues_del_liberalismo_Immanuel_Wallerstein

[3] Al discutir la vigencia del arte clásico griego, Marx señala que “Toda mitología somete, domina, moldea las fuerzas de la naturaleza en la imaginación y mediante la imaginación: desparece por lo tanto con el dominio real sobre ellas.” Introducción general a la Crítica de la Economía Política (1857). Introducción de Umberto Curi. Siglo XXI Editores. Biblioteca del Pensamiento Socialista. México. 2019: 61.

[4] En el primer caso, por ejemplo, El Legado de Roma. Una historia de Europa de 400 a 1000, (2009) del medievalista inglés Christopher Wickham. Pasado y Presente, Barcelona, 2016. En el segundo, Algo Nuevo Bajo el Sol. Historia medioambiental del mundo en el siglo XXI, (2000) del historiador norteamericano John R. McNeill. Alianza Editorial, Madrid, 2003.

Panamá: desenclavar la historia

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Guillermo Castro H.

“Del abuso de la tierra pública, fuente primaria de toda propiedad,

vienen esas atrevidas acumulaciones de riquezas

que arruinan en la competencia estéril a los aspirantes pobres:

vienen esas corporaciones monstruosas que inundan

o encogen con su avaricia y estremecimientos la fortuna nacional:

vienen esos inicuos consorcios de los capitales que compelen al obrero

a perecer sin trabajo, o a trabajar por un grano de arroz:

vienen esas empresas cuantiosas que eligen a su costo senadores y representantes;

o los compran después de elegidos,

para asegurar el acuerdo de las leyes que les mantienen en el goce de su abuso;

y les reparten, con la autoridad de la nación, nuevas porciones de la tierra pública,

en cuyo producto siguen amasando su tremenda fuerza.”

José Martí, 1886[1]

Panamá cerró su 2023 de una manera imprevista, como suele ocurrir en tiempos de crisis. La opacidad de las relaciones entre el Estado y una minera canadiense que venía explotando a una escala sin precedentes en el país un yacimiento de cobre y oro en una región apartada de la vertiente Atlántica del Istmo vino a convertirse en el detonante de una crisis social que venía larvándose de la pandemia acá.

Todo ello, a su vez, en las vísperas de una campaña electoral, cuyos protagonistas visibles – y de los otros – aprovecharon la coyuntura para desprestigiar al gobierno que llevaba las relaciones con la empresa minera, y desgarrarse a dentelladas entre sí. En el debate así ocurrido unos rechazaban la inconstitucionalidad y las desventajas del contrato entre el Estado y la empresa propuesto por el gobierno, pero no la minería como actividad económica. Otros exaltaban la mina como un privilegio de la fortuna, y otros más rechazaban a un mismo tiempo el contrato, la mina y la minería.

Estos últimos generaron un movimiento nacional masivo de capas medias, liderado por un grupo de organizaciones ambientalistas de presencia hasta ahora marginal en nuestra vida política, pero de muy activa presencia en las redes sociales. A estos se agregaron, en paralelo, organizaciones sindicales y movimientos sociales que en la cultura política nacional son considerados como de izquierda. La irrupción de lo ambiental en un debate político que hasta entonces tenía su ala izquierda en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD, y la derecha en un conservacionismo de espíritu tecnocrático, generó una circunstancia que desembocó en que la Corte Suprema de Justicia decretara la inconstitucionalidad del contrato previamente aprobado con extrema celeridad por la Asamblea Nacional, a lo que se agregó la aprobación de una ley de moratoria minera.

A partir de allí, se ha producido un realineamiento de las partes involucradas. Por una parte, ninguno de los partidos políticos en funciones desde la instalación del régimen político vigente desde la intervención militar norteamericana de 1989 se ha pronunciado contra el negocio minero y, como suele ocurrir en el país, parecen esperar que eventualmente la masa entre en razón y acepte un contrato adecentado. Por otra parte, la izquierda del caso – que buscaba imponer la derogación del contrato Ley-, debió resignarse a que las capas medias impusieran la declaración de inconstitucionalidad por el Poder Judicial.

De momento, el conflicto se ha desplazado a la lucha por el control del proceso de cierre de la mina, que no tiene nada de sencillo en el plano técnico, y seguirá siendo muy volátil en el plano político. Ambos planos se vinculan en la posibilidad de que el cierre de la mina pueda ser encarado desde una visión de desarrollo alternativo para el país, que prevenga tanto el fracaso en que desembocó el desmantelamiento del enclave bananero de Chiquita Brands en el Pacífico occidental de Panamá, que pasó a ser administrada por una cooperativa de trabajadores en 2003, como el gigantesco despilfarro de instalaciones construidas generado por la estrategia de liquidación comercial inmobiliaria de las áreas revertidas de la antigua Zona del Canal.

El proceso de cierre, en este sentido, podría ser visto como uno de desenclave, que permita aprovechar en lo posible la infraestructura construida por la empresa minera para avanzar hacia un ordenamiento territorial de la región Centro Occidental del Atlántico panameño que estimule y facilite su integración económica y social al resto del país. Un paso en esa dirección debería ser el de crear un corredor interoceánico desde el puerto de Aguadulce, en el Pacífico, al construido para la mina, y de allí al puente sobre el Canal en el Atlántico para establecer un corredor hasta los puertos de la terminal Atlántica del Canal en la ciudad de Colón. Esto, además, proporcionaría nuevos puertos auxiliares a un Canal cuyas dificultades de abastecimiento del agua necesaria para su funcionamiento no tendrán solución en el corto plazo.

Sería útil también incluir en el proceso de integración a la termoeléctrica de la mina, pasando del uso del carbón mineral a otro combustible menos contaminante, para proveer la energía que facilite el desarrollo de toda la región. Y todo ello, además, debería verse en su relación con el plan de creación de un embalse en el río Indio, cercano a la mina, para trasvasar agua al Canal, en el marco de un plan de desarrollo socioambiental sostenible, en alianza con la Autoridad del Canal de Panamá.

Todo esto, sin embargo, demandaría que el Estado estuviera en capacidad (y disposición) de articular la participación activa de la población del área con la de otros sectores productivos de la región y el país. Un Estado así tuvo una primera expresión en la década de 1970, pero fue desmantelado en lo político en la de 1980, y en lo económico a partir de 1990.

Crear un Estado capaz de ejercer la soberanía nacional como expresión de la soberanía popular, es el mayor reto político que ya encara Panamá. De momento, es muy probable que buena parte de las energía acumulada por los movimientos sociales en la lucha contra el contrato minero se vea despilfarrada en el intercambio de culpas, improperios y descalificaciones, como ha ocurrido en otros casos en el pasado. Aun así, aquí ha ocurrido una fractura del sentido común neoliberal, que deja abierta la necesidad de ejercer la experiencia ganada en la construcción de un movimiento social capaz de trascender los límites a la imaginación y la acción impuestos desde hace tanto tiempo por una formación económico-social que ha entrado en su fase de agotamiento.

En esa perspectiva, siempre convendrá distinguir entre la contradicción principal -en este caso, el impacto destructivo del modelo de gestión territorial dominante en el país desde el siglo XVI – y el aspecto principal de esa contradicción en cada momento histórico, que esta vez correspondió al conflcito en torno al contrato minero. Sea cual sea la solución de ese aspecto principal, la contradicción de fondo seguirá agudizándose porque el modelo de gestión territorial hasta ahora dominante ha entrado ya en una fase de autofagia senil.

Alto Boquete, Panamá, 7 de enero de 2024

[1] “Nueva York en junio”. La Nación, Buenos Aires, 15 de agosto de 1886. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. XI, 19.