Panamá: el anochecer del protectorado

Guillermo Castro H.

“La colonia continuó viviendo en la república;

y nuestra América se está salvando de sus grandes yerros

– de la soberbia de las ciudades capitales,

del triunfo ciego de los campesinos desdeñados,

de la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas,

del desdén inicuo e impolítica de la raza aborigen –

por la virtud superior, abonada con sangre necesaria,

de la república que lucha contra la colonia.”

José Martí, 1889[1]

Se dice que un conflicto no termina mientras no cesen de operar sus consecuencias. De eso se trata, en buena medida, cuando nos referimos al persistente legado del protectorado militar establecido por los Estados Unidos en Panamá desde comienzos del siglo XX.

            Ese régimen hizo parte de las modalidades de ingreso de los Estados Unidos a la condición de potencia mundial tras su breve guerra de 1898 contra lo que quedaba del imperio español – aquel donde nunca se ponía el sol en el siglo XVII. De allí resultó el paso de la condición de Cuba de colonia a neocolonia y la transferencia a Estados Unidos del poder colonial que España detentaba sobre Puerto Rico, Guam y las Filipinas. [2] A eso se agregaría a partir de 1903 la separación de Panamá de Colombia al amparo de un régimen de protectorado militar que vino a disolverse gradualmente de 1936 en adelante, hasta difuminarse con la firma del Tratado Torrijos-Carter de 1977.

Si bien ese Tratado eliminó el enclave militar de la Zona del Canal, debió incluir una enmienda -reclamada por un senador norteamericano para aprobarlo – que colocó al Canal (de hecho, al país) bajo lo que Omar Torrijos llamó “el paraguas del Pentágono” en caso de que la vía interoceánica se viera amenazada. Con esa enmienda concluía – y no – un proceso histórico que va desde la proclamación de la Doctrina Monroe por los Estados Unidos en 1822 – aquella del “América para los (norte) americanos”[3] -, a 1885, cuando José Martí pudo decir que tras los conflictos que desde la independencia habían agitado nuestros países, se hacía sentir “un inmoderado deseo, saludable y urgente cuando se encierra en naturales límites, de desarrollar, a costa aun de la libertad futura de la Nación, sus riquezas naturales.”  

Así, Nicaragua había “contratado con el gobierno de los Estados Unidos” la cesión “de una faja de territorio que de un Océano a otro cruza la República,”

para que en ella construya el gobierno norteamericano y mantenga, a su propio costo, un canal, con fortalezas y ciudades de los Estados Unidos en ambos extremos,sin más obligación que una reserva de derechos judiciales en tiempos de paz a las autoridades nicaragüenses, y el pago de una porción de los productos líquidos del canal, y de las propiedades que fincan en el territorio cedido al gobierno americano.[4]

            Ya para entonces una empresa ferroviaria norteamericana controlaba el tránsito interocéanico por Panamá desde 1855, facilitando la comunicación entre la costa Este de los Estados Unidos y la California que le había sido arrebatada a México en la guerra de 1846-1848. Ahora el canal interoceánico por Panamá pasaría a ser un objetivo estratégico para el ingreso de Estados Unidos a la categoría de potencia mundial.

Ese objetivo estaba ya presente, in nuce, tanto en la insistencia norteamericana en “compeler a Colombia a reconocerle en el istmo derecho dominante, y privarle de la facultad de tratar con los pueblos sobre su territorio”, como su constante injerencia en los conflictos internos de aquel país en el Istmo. [5] De lo primero daba cuenta José Martí en 1889, como lo había hecho en 1885 sobre lo segundo, señalando que “en Panamá, aunque con mesura y apariencias de servicio público, y orden de no hacer más de lo que fuere necesario”,

– ¿no ha ido la marina americana más allá de la mera protección de su bandera, puesto que ha impedido con la imposición y la amenaza de la fuerza los actos de uno de los partidos beligerantes en el país, y ayuda con esta actitud y con sus propios buques las operaciones de guerra de otro de estos partidos?[6]

La combinación de aquellos conflictos internos y esa injerencia externa llevó a la separación de Panamá de Colombia y su constitución en República en noviembre de 1903, al amparo de un régimen de protectorado establecido en el Tratado Hay-Bunau Varilla del 2 de diciembre de 1903 “Para la construcción del canal interoceánico”. El Artículo I del Tratado, en efecto, establecía que los Estados Unidos “garantizan y mantendrán la independencia de la República de Panamá”, mientras en el VII la novel República concedía a los Estados Unidos VII el “derecho y la autoridad” para “el mantenimiento del orden público en las ciudades de Panamá y Colón y en los territorios y bahías adyacentes, en caso de que la República de Panamá, a juicio de los Estados Unidos, no estuviera en capacidad de mantenerlo.”[7]

Por su parte, para el 15 de febrero de 1904, quienes elaboraron la primera Constitución de la República de Panamá ampliaron ese derecho de intervención al establecer en su Artículo 136 que el gobierno de los Estados Unidos podría

intervenir, en cualquier punto de la República de Panamá, para restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiere sido turbado, en el caso de que por virtud de Tratado Público aquella Nación asumiere, o hubiere asumido, la obligación de garantizar la independencia y soberanía de esta República.[8] [cursiva: gc]

Así, los Constituyentes de 1904, reunidos en el campo feliz de la unión pactada entre liberales y conservadores en el tratado de paz firmado en el acorazado norteamericano Wisconsin el  21 de noviembre de 1902, que puso fin a la última guerra civil colombiana en el Istmo, utilizaron ese mandato constitucional para la protección de sus intereses.[9] El recurso más notable a esa obligación tuvo lugar en octubre de 1925, cuando el gobierno panameño solicitó al norteamericano que interviniera militarmente en la ciudad de Panamá “para restablecer el orden público” alterado por la movilización de trabajadores contra el alza de los alquileres que debían pagar por sus viviendas.

Para 1936, si bien el Tratado Arias-Roosevelt de 1936 permitió dar por cancelado ese derecho a la intervención en los asuntos internos de Panamá, no exorcizó el espíritu del protectorado en la relación entre ambos países.[10] No es de extrañar que ese espíritu fuera objeto de un constante rechazo por parte de los sectores populares y de capas medias del país, que alcanzó una victoria decisiva en diciembre de 1947, con el rechazo a la pretensión norteamericana de conservar más de 100 instalaciones militares contruidas durante la II Guerra Mundial fuera de la Zona del Canal.

Aun así, el espíritu del protectorado se vio renovado por el desorden político que siguió a la muerte del General Torrijos en 1981. Ese desorden llevó a establecer un régimen militar que liquidó la base de sustentación social creada por el torrijismo en la década de 1970, y permitió a los sectores más conservadores del país presentarse como los adalides de la restauración de la democracia en el Istmo a partir de la intervención militar de los Estados Unidos en el país en diciembre de 1989.

El espíritu del protectorado había sido invocado una vez más, y su presencia en la política panameña se vio renovada a lo largo de las tres décadas siguientes. Hoy, el régimen establecido a partir de entonces parece haber entrado en una fase de descomposición que genera la demanda de una renovación política conservadora que genere el crecimiento económico necesario para garantizar a un tiempo los intereses del sector empresarial y la estabilidad social hoy amenazada.

De tales conflictos se compone toda historia verdadera, que no va a ningun lugar predeterminado, pero sin duda procede de algún sitio. En el país, así sea a tientas, emerge hoy un patriotismo nuevo, que busca vincular la soberanía nacional con la popular. En cuanto madure y se haga sentir, sabremos si el espíritu del protectorado aún subsiste, o le hemos vencido o finalmente lo hemos exorcizado.

Panamá, 10 de enero de 2025


[1] “Nuestra América”. El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VI, 19.

[2] Cabe recordar que V.I. Lenin en 1917, en su ensayo El Imperialismo. Fase superior del capitalismo, señalaba que la literatura económica y politica de su tiempo recurría “cada vez más al término imperialismo para caracterizar la época presente”, sobre todo “tras las guerras hispano-americana (1898) y anglo-bóer (1899-1902)”  https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/lenin_imperialismo.pdf

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Monroe

[4]  “Cartas de Martí”. La Nación, Buenos Aires, 22 de febrero de 1885. Ibid. VIII, 87-88.

[5] Martí, José: “Congreso Internacional de Washington. Su historia, sus elementos y sus tendencias. II. Nueva York, 2 de noviembre de 1889”. La Nación, Buenos Aires, 20 de diciembre de 1889. Ibid., VI, 62.

[6] “Cartas de Martí”. La Nación, Buenos Aires, 21 de agosto de 1885. VIII, 98.

[7] https://es.wikisource.org/wiki/Tratado_Hay-Bunau_Varilla

[8] https://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Panam%C3%A1_(1904)  

 

[9] Al respecto, el hecho visto desde Colombia en https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-117/el-tratado-de-wisconsin-noviembre-21-de-1902

[10] Tratado General de Amistad y Cooperación entre los Estados Unidos y la República de Panamá

http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/SN355_1936.pdf

Transiciones (la nuestra, y aquellas otras)

Guillermo Castro H.

“La angustia con que se vive en todas partes del mundo

en la época de transición en que nos ha tocado vivir”

José Martí, 1884[1]

La angustia de Martí en 1884 no era – y, sin embargo, también es – semejante a la que recorre nuestro propio tiempo. Desde su exilio en Nueva York entre 1881 y 1895, la suya se refería a la creciente incertidumbre que se iba haciendo sentir en el sistema mundial ante el agotamiento de la capacidad de su organización colonial de entonces para encauzar las enormes energías acumuladas por el desarrollo del capitalismo en los dos siglos anteriores. Y faltaban aún sesenta años para que esa transición culminara en la creación del sistema internacional que surgiría de la Gran Guerra de 1914-1945.

Del agotamiento de la capacidad del breve sistema internacional que hemos tenido para encarar las contradicciones de su propio desarrollo vienen las angustias de hoy. Salvo su brevedad, esto es menos nuevo de lo que parece, si lo vemos a la luz de las grandes transiciones de anteayer y ayer.

Al respecto, por ejemplo, el medievalista irlandés Peter Brown, al referirse a la transición entre la Antigüedad y la Edad Media, nos dice que el año 1000 estaba ya “tan cerca de 1520, fecha en la que los conquistadores españoles descubrieron las ciudades-templo de México y Perú, como de la abdicación de Rómulo Augústulo”, quien fuera el último emperador romano de Occidente entre 475 y 476.[2] Para aquella fecha, en efecto, ya estaba en curso la formación de las tres regiones que la cultura Noratlántica designa como la Europa Oriental, la Occidental, y el Cercano Oriente.

En cuanto a la historia de la cristiandad, que es el tema de interés para Brown, la formación de nuestra Europa Oriental encontraría su punto de partida en un imperio bizantino de organización centralizada, que se consideraba a sí mismo “una isla de orden providencialmente conservada por Dios en un espacio de barbarie”. Allí correspondió a la organización eclesial procurar que la armonía celestial de los creyentes se hiciera manifiesta “en la ordenada conducta de los fieles ortodoxos.”

En el Occidente políticamente fragmentado, en cambio, la cristiandad vino a forjarse a partir de una prolongada interacción entre el legado cultural y político de Roma, y los de las sociedades que ocuparon los espacios creados por la desintegración del imperio en aquella región. Con ello persistió “una cultura profana, profundamente enraizada en el pasado no cristiano, que sustentaba la ley, el poder y el trabajo de la tierra,” que pasó a ser objeto de rectoría por un clero cuyos elementos “más cultivados”

eran los únicos que tenían acceso a bibliotecas bien surtidas y al estudio de la lengua latina”, según lo dispuesto por la Regula pastoralis de san Gregorio Magno, “que hacía hincapié, con singular energía, en el uso responsable y exquisitamente calculado del poder espiritual.”[3]

Aquel Gregorio fue un monje romano de familia senatorial, terrateniente y ya cristiana por varias generaciones. Nacido en 540, tras una brillante carrera al servicio de Vaticano pasó a ocupar la posición de Pontífice desde 590 hasta su muerte en 604. La estima lograda por su gestión estuvo asociada al hecho de que provenía de una intelectualidad formada en una institución innovadora: los monasterios benedictinos, establecidos a partir de 530 por Benito de Nursia.

Esos monaterios constituyeron una red de entidades de gestión del conocimiento para la construcción de sociedades nuevas en un mundo se esforzaba por poner orden en el caos de la Alta Edad Media, entre los siglos V y X. En ese mundo, Gregorio fue el primer monje benedictino que alcanzó la dignidad pontificia, y apoyado en esa red contribuyó a hacer del papado un poder temporal separado del Imperio, pero vinculado al mismo a través de las ordenes monásticas. Con ello, abrió paso a la alianza entre ambas partes que se vería culminada dos siglos después con la coronación de Carlomagno como emperador de Occidente por el papa León III en la misa de Navidad del año 800, en la catedral de San Pedro en Roma.

Si aquella transición transcurrió a lo largo cinco siglos, la de la Edad Media a la Moderna tardó apenas lo que fue de 1450 a 1650.  A lo largo de ese siglo “largo”, una sociedad de base agraria con una cultura de corte religioso se vio desplazada por otra orientada al comercio, la industria y las finanzas, con una cultura centrada en la racionalidad económica. Esa sociedad se dio a sí misma el primer mercado mundial en la historia de la Humanidad, organizado como un sistema colonial entre mediados del siglo XVII y mediados del XX, cuando fue transformado en el sistema internacional a cuya crisis asistimos hoy.

Nuestra transición será probablemente aún más breve que las anteriores: hacia la década de 1970 Immanuel Wallerstein estimaba que tomaría unos 50 años.Aun así, comparte mucho con las que la precedieron. Tal, por ejemplo, la incertidumbre sobre lo que llegue a ocurrir con el mundo que conocemos, y el desafío de encararla desde las estructuras de gestión cultural y política que establezcan sus opciones de futuro.

Para 1889, aquella angustia de Martí cedía ya su lugar a la a mediados de esa década había dado lugar a su certidumbre en lo que llamara “la promesa de final ventura en el equilibrio y la gracia del mundo.”[4] Desde esa certidumbre, el equilibrio del mundo, y la necesidad de luchar para conquistarlo y preservarlo, habían llegado ya a constituirse en un elemento articulador en el pensar martiano.

Así, para diciembre de aquel año podía afirmar ya que el congreso internacional americano -convocado por los Estados Unidos para abrir paso a lo que eventualmente llevaría a crear una Organización de Estados Americano con sede en Washington- permitiría distinguir entre aquellos gobiernos que defendían “la independencia de la América española, donde está el equilibrio del mundo”, y lo que fueran capaces “por el miedo o el deslumbramiento”, de “mermar con su deserción” las fuerzas indispensables para que nuestra América pudiera contener “con el respeto que imponga y la cordura que demuestre”, el expansionismo norteamericano que con tal fuerza emergía entonces.[5]

            Desde esa perspectiva, la angustia se traducía en la energía credora que vendría a dar de sí aquella organización político-cultural innovadora que fue el Partido Revolucionario Cuba, capaz de dar de sí la política exterior de una lucha por la independencia de Cuba cuyo dinamismo la llevaría a convertirse en la primera de nuestras luchas de liberación nacional. De eso da cuenta el magnífico vigor del Manifiesto de Montecristi, de 1895, que convocara a constituir en las Antillas una comunidad de repúblicas dignas de ser libres “por el orden de la libertad equitativa y trabajadora” que garantizaran “en el continente” el equilibrio

de la independencia para la América española aún amenazada y la del honor para la gran república del Norte, que en el desarrollo de su territorio […] hallará más segura grandeza que en la innoble conquista de sus vecinos menores, y en la pelea inhumana que con la posesión de ellas abriría contra las potencias del orbe por el predominio del mundo.”[6]

            Aún está por verse a qué opciones habrá de llevarnos nuestra transición de hoy. De lo que no cabe duda es que en la construcción de esas opciones desempeñará un papel de primer orden la lucha por el equilibrio del mundo que llevan a cabo gobiernos como los de Cuba, México y Brasil. Hoy, la renovación cotidiana de la vigencia del pensar martiano confirma la de los problemas que supo identificar en su raíz, y nos proporciona una herramienta para encararlos en nuestra propia circunstancia.

Alto Boquete, Panamá, 22 de febrero de 2024


[1] “La exhibición sanitaria”. La América, Nueva York, mayo de 1884. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VIII, 437.

[2] Brown, Peter (1997:257): El Primer Milenio de la Cristiandad Occidental. Colección “La Construcción de Europa”, Jaceques Le Goff, director. Crítica. Barcelona. Traducción de (1996): The Rise of Western Christendom. Triumph and diversity, AD 200-1000.

[3] Brown, 1997: 270-271. https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Magno

[4] “El poeta Walt Whitman”. El Partido Liberal, México, 1887. Ibid. XIII, 131.

[5] “Congreso Internacional de Washington. Su historia, sus elementos y sus tendencias. II. Nueva York, 2 de noviembre de 1889”. La Nación, Buenos Aires, 20 de diciembre de 1889. Ibid. VI, 62-63. El “político rapaz” a que se refería Martí era James Blaine, por entonces Secretario de Estado en el gobierno de los Estados Unidos.

[6] “El tercer año del Partido Revolucionario Cubano. El alma de la revolución y el deber de Cuba en América”. Patria, 17 de abril de 1894. Ibid. III, 141-142.

Panamá: del agua entre los mares

Guillermo Castro H.

De súbito, en apariencia, la degradación constante en las relaciones entre la sociedad panameña y su entorno natural se ha tornado socioambiental. El debate en torno a un contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum, que ya venía explotando una enorme concesión minera en el entorno de áreas protegidas vinculadas al Corredor Biológico del Atlántico Mesoamericano, se combinó con un gran incendio en el relleno sanitario de la Capital, situado entre la cuenca del Canal y áreas ya urbanizadas de la ciudad. A esto se sumó la protesta masiva de residentes en las ciudades dormitorio situadas en la ribera Oeste del Canal, a quienes se les han vendido viviendas sin dotación segura de agua potable mientras, por su parte, el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá advertía al país sobre la necesidad de atender a las necesidades de abastecimiento de agua para la vía interoceánica en el mediano plazo.

Panamá ha ingresado así – y a una escala no vista antes – a una circunstancia en que grupos sociales distintos aspiran a hacer usos mutuamente excluyentes de los recursos de un mismo ecosistema. Tal es el terreno de la ecología política, que hasta ahora carecía de un lugar relevante en nuestra cultura ambiental, aún vinculada en buena medida al conservacionismo conservador norteamericano. Pero ahora puede ser que 2024 pase a ser el año en la ecología política encuentre un lugar para sí entre nosotros.

El país, por ejemplo, necesita establecer una política realmente pública en materia de gestión del agua. Dado que la política es cultura en acto, el proceso de formación y formulación de esa política deberá insertarse en otro, más amplio y complejo, de formación de una cultura del agua correspondiente al papel que ésta desempeña en la sostenibilidad del desarrollo humano de la sociedad panameña. Y esto, a su vez, demanda indagar en la manera en que las contradicciones en nuestra relación con el agua se vinculan con las que animan nuestro desarrollo social.

En lo general, sabemos que el agua es un elemento vital en el metabolismo entre las sociedades humanas y sus entornos naturales. Aquí, lo que distingue la relación de los humanos con el agua consiste en que todos los demás seres vivientes la utilizan, pero solo nuestra especie la transforma. Así, si bien para todos los seres vivientes es un elemento natural, los humanos se vinculan con ese elemento transformándolo en un recurso adecuado a sus necesidades.

En esa relación entre la especie, el elemento y el recurso destacan dos elementos. Uno, que la relación entre ambos está mediada por el trabajo socialmente organizado. Otro, que el carácter y el alcance de esa organización social del trabajo cambia con el desarrollo histórico de la sociedad, y con los cambios que en ese proceso ocurren en su entorno natural.

Así, el agua tiene tanto una historia natural como tiene una historia social, cuya combinación sustenta su historia ambiental, que hace parte de otra, más amplia: la del desarrollo humano a partir del metabolismo que cada sociedad establece con su entorno natural.  En ese sentido, por ejemplo, el historiador y sinólogo Karl Wittfogel resaltó en su momento la existencia “de al menos dos grandes tipos de civilizaciones agrarias rural – urbanas -las hidráulicas y las no hidráulicas”, destacando el peculiar potencial civilizatorio de las primeras a partir de la eficacia de su producción agrícola.[1]

Para Wittfogel, ese potencial estaba determinado por la capacidad de aquellas civilizaciones para la gestión del agua como recurso para la agricultura a partir del hecho de que -a diferencia de otros factores como la temperatura, la disposición de la superficie, la fertilidad del suelo, y el carácter de las plantas cultivables – el agua “es el único recurso que tiende a aglomerarse en bulto.” Al respecto, propuso una caracterización de las actividades agrícolas a partir de su relación con el agua.

Así, llamó pluviagricultura a aquella en la cual “un clima favorable permite el cultivo sobre la base de las precipitaciones naturales”; “hidroagricultura”, a la que recurre a la irrigación, aunque solo a pequeña escala, y “agricultura hidráulica” a aquella en que la abundante oferta de agua disponible lleva “a la creación de grandes obras hidráulicas, productivas y de protección, que son administradas por el gobierno.” Esta combinación de “una agricultura y un gobierno hidráulicos, y una sociedad organizada en torno a un único centro,” dijo, “constituye la esencia institucional de la civilización hidráulica.”

Para Wittfogel, la eficacia administrativa de ese tipo de civilización podía incluso dar lugar a la existencia de gobiernos que, sin tener funciones hidráulicas relevantes, utilizaran los métodos de administración y ejercicio del poder propios del “despotismo hidráulico” con el fin de “mantener débil a la propiedad privada, y políticamente impotentes a las fuerzas no burocráticas de la sociedad.” Tal, quizás, sea el caso de Panamá.

De hecho, el agua como recurso natural siempre es objeto de una política – implícita o explícita -, cuyos orígenes, racionalidad y posibilidades de transformación y desarrollo pueden y deben ser estudiados. En el caso de Panamá nuestra cultura del agua ha tenido dos momentos formativos. Entre los siglos XVI y XIX, fue una pluvicultura. Del XX acá, es una cultura hidráulica, ligada primero a la construcción y operación del Cana en el marco de una relación de protectorado impuesta por la mayor potencia capitalista del Hemisferio a una pequeña sociedad comercial y agraria, primero, y de una red de hidroeléctricas, después, a la que ahora se agrega la minería metálica a cielo abierto en la región más lluviosa del país.[2]

Así, los conflictos en torno al agua se expresen aquí a partir de la contradicción entre una cultura hidráulica dominante en la administración del Canal de Panamá y en el imaginario estatal, que coexiste en una relación inarmónica con la pluvicultura dominante en el resto de la sociedad. La cultura hidráulica, en efecto, hace una administración centralizada y cuidadosa del agua. La pluvicultura, en cambio, simplemente se apropia del agua donde esté disponible, la utiliza en actividades de muy limitada complejidad, y la devuelve sin tratamiento alguno a su entorno natural.

De esta inarmonía proviene el hecho de que en Panamá el agua sea un elemento natural muy abundante, pero un recurso natural cada vez más escaso debido a la ausencia de una adecuada gestión de las cuencas hidrográficas, y el uso muy frecuente de los cursos de agua como vertederos de desechos. Todo ello deteriora la calidad del elemento natural e incrementa los costos de su producción como recurso para actividades complejas, como las que demandan agua potable.

En estas circunstancias, la atención a los problemas indicados demandaría un alto grado de organización social comunitaria, y una efectiva capacidad de gestión de los municipios. Ambas cosas están ausentes en Panamá, en particular la organización social de los sectores populares y de capas medias, que los condena esperar que el Estado encuentre la voluntad y los recursos para atender a sus necesidades. El Estado, por su parte, espera de esos sectores paciencia y comprensión – mientras mayores, mejor – porque en realidad carece hoy de la capacidad para comprender y atender a esas necesidades, y trabajar con los afectados en su solución.

Dicho en liberalés, Panamá requiere fomentar su capital natural mediante el fomento de su capital social, para hacer posible la protección del elemento y garantizar la disponibilidad del recurso. De ese doble fomento hace parte el proceso de formación y formulación de una política del agua sustentada en la capacidad de nuestra gente para comprender y ejercer relaciones con el agua que contribuyan a resolver los problemas socioambientales que hoy afectan su relación con ella.

Esto, naturalmente, demandará promover y facilitar la organización social y comunitaria que permita a la población construir una relación social con el agua que contribuya al desarrollo humano en el siglo XXI. Tal política nos permitiría iniciar el tránsito desde el despotismo hidráulico a la gestión democrática del agua, en el camino que nos lleve a la economía del Pro Mundi Beneficio – como lo proclama el escudo nacional -, por otra que haga de los servicios al tránsito interoceánico e interamericano la base de una sociedad que trabaje con el mundo Pro Domo Beneficio, como debe ser.

Alto Boquete, Panamá, 10 de abril de 2023


[1] “The Hydraulic Civilizations”, en Thomas, William L. (ed  .), 1956: Man’s Role in Changing the Face of the Earth, The University of Chicago Press, 1967. Traducción de Guillermo Castro H.

[2] De hecho, la abundancia del agua en Panamá generó un grave problema y una innovadora solución para el tránsito interoceánico entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. El proyecto francés de un canal a nivel, en efecto, fracasó en su intento de conquistar el agua conquistando la tierra. El canal norteamericano, logró dominar el agua trabajando con ella, para convertir el elemento natural provisto por el río Chagres en el recurso natural almacenado y administrado en el lago Gatún.

Tal nuestro riesgo, tal nuestra esperanza

Guillermo Castro H.

El concepto de formación económico – social – elaborado por Marx a fines de la década de 1850, pero incorporado al desarrollo del marxismo solo en la segunda mitad del siglo XX -, permite referir aquel otro, más amplio y abstracto, de modo de producción, a sociedades específicas en tiempos puntuales.  El primero, en efecto, resalta el hecho de que en toda sociedad existe “una determinada producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango [e] influencia”, la cual constituye “un éter particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve.”[i]

En Panamá, el tránsito interoceánico ha desempeñado un importante papel en el desarrollo histórico del Istmo durante miles de años, a partir de múltiples rutas existentes en el territorio. De cinco siglo acá, sin embargo, ese tránsito se ha concentrado en una ruta específica para una función específica: facilitar la la circulación del capital a escala mundial.

De allí ha resultado una formación económico – social que podemos llamar transitista, cuya formulación teórica no se origina en nuestro marxismo, sino desde nuestro liberalismo. El transitismo, en efecto, fue presentado por primera vez al país por Hernán Porras en 1953, en un ensayo de vasta influencia en nuestra cultura, destinado a demostrar que en Panamá había clases sociales, sino grupos étnicos vinculados entre sí por sus relaciones con la oligarquía blanca que controlaba las relaciones de todos con la economía de tránsito.[ii]

Veinte años después, el transitismo fue objeto de generalización teórica por parte del historiador Alfredo Castillero.[iii] Eran tiempos nuevos: la oligarquía blanca había perdido el control político de la situación, y una alianza entre los cholos del interior y los mestizos de la Capital negociaba con Estados Unidos el fin de su enclave colonial en Panamá.

Desde esa circunstancia, Castillero enfatizó tres rasgos fundamentales en el transitismo. Uno fue la concentración del tránsito interoceánico por una sola ruta, bajo control de una potencia extranjera. Otro, la subordinación de las actividades productivas en el conjunto del territorio del país a las necesidades del tránsito. Y el último, la concentración de la renta producida por el tránsito, y del poder político en el Istmo, en los sectores sociales que controlan esa actividad.

Hoy, las actividades asociadas a la circulación del capital en el mercado mundial generan cerca del 90% del Producto Interno Bruto de Panamá, mientras las vinculadas a los sectores industrial y agropecuario se disputan el 10% restante. Esas actividades, además, se concentran en el Corredor Interoceánico establecido a lo largo del Canal de Panamá, que ya concentra el 50% de la población del país.

El factor determinante en la formación transitista panameña durante el siglo XX radicó en el control del Corredor Interoceánico por una potencia extranjera. En el XXI, la integración del Canal a la economía interna, y del país al mercado global, crearon una circunstancia inédita en nuestra historia. Esto, a su vez, inauguró un proceso de transición que aún está en marcha, y que determinará en su momento las nuevas formas de organización del país.

Esas formas nuevas ya se anuncian en la reorganización territorial de la economía y la sociedad panameñas. Esa reorganización va desde la creación de nuevas vías interoceánicas en diversos puntos del país,  a la recuperación de nuestra función como puente terrestre entre las Américas, y la presencia de formas nuevas y más complejas de actividad económica más allá del Corredor interoceánico.

Por otra parte, esa transición opera a partir del empeño de los sectores conservadores en preservar un orden de cosas en el que constiuyen una minoría social con el poder de una mayoría política. Esto genera una brecha creciente entre esa minoría social y los sectores mayoritarios del país, que demandan una reforma del Estado que garantice la representatividad del sistema político y permita organizar el tránsito de una manera no transitista, de modo que los frutos de esa actividad lleguen a todas las regiones del país.

Es a través de este aflorar de viejas y nuevas contradicciones que participamos, junto a todos los pueblos de nuesta América, en una circunstancia en la que el mundo “está en tránsito violento, de un estado social a otro.” Ante un cambio tal, si no hay una gestión política previsora,

los elementos de los pueblos se desquician y confunden; las ideas se obscurecen; se mezclan la justicia y la venganza; se exageran la acción y la reacción; hasta que luego, por la soberana potencia de la razón, que a todas las demás domina, y brota, como la aurora de la noche, de todas las tempestades de las almas, acrisólense los confundidos elementos, disípanse las nubes del combate, y van asentándose en sus cauces las fuerzas originales del estado nuevo: ahora estamos, en cosas sociales, en medio del combate.[iv]

Tales nuestros riesgos; tal, nuestra esperanza.

Panamá, 5 de marzo de 2019

 

[i] Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857 – 1858. I. Siglo XXI Editores, México, 2007. I, 27 – 28.

[ii] “Papel histórico de los grupos humanos en Panamá” (1953). Gandásegui, Marco (compilador): Las Clases Sociales en Panamá. CELA, segunda edición, Panamá. 2002, 41-78.

[iii] Nueva Sociedad Nº 5, San José, marzo-abril, 1973, pp 35-50; Estudios Sociales Centroamericanos Nº 5, San José, mayo-agosto, 1973, pp.  65-114;  Revista Cultural Lotería, Panamá, agosto-septiembre 1973, de la cual se tiró una separata, y Anuarios de Estudios Centroamericanos Nº1, San José, 1975.

[iv]Cuentos de Hoy y de Mañana, por Rafael Castro Palomares”. La América, Nueva York, octubre de 1883. Obras Completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. V, 109.

 

Nota sobre el Estado, el país y su Universidad

Nota sobre el Estado, el país y su Universidad

Guillermo Castro H.

La discusión sobre el Gobierno de la Universidad de Panamá está íntimamente asociada a la que demanda el Gobierno del país. La dificultad para encararla en estos términos se hace aún mayor cuando los medios de comunicación informen sobre la Universidad y el Gobierno de un modo que busca exacerbar los conflictos entre personas, antes que para discutir las ideas que puedan estar en pugna, convirtiéndose así en verdaderas armas de distracción masiva.

En el caso de la Universidad de Panamá, por ejemplo, esto acentúa la percepción de que la contradicción principal radica en quién ocupa la Rectoría, cuando habría que buscarla en la pérdida de vinculación de la Universidad con el país al que debe servir de centro de producción y debate de conocimientos sobre sí mismo, y sobre sus desafíos y oportunidades en el mundo contemporáneo. Este problema se agrava, además, porque el Estado nacional ha venido a reducir su relación con la Universidad a la de un mero proveedor de fondos de funcionamiento, y no está – desde hace mucho – en capacidad ni disposición de proporcionar un marco de relación correspondiente a una visión del desarrollo nacional que vaya más allá de proporcionarle al mercado los subsidios y la protección legal que necesita para funcionar a su libre arbitrio.

No es de extrañar, así, que el sistema nacional de educación superior tienda cada vez más a convertirse en un mercado de servicios académicos de formación profesional. En ese mercado convergen como si fueran iguales entidades públicas y privadas, y son las primeras, con sus intereses legítimamente particulares, las que imponen su lógica y sus demandas a las segundas, cuyos intereses sólo puede ser legítimos en la medida en que sean nacionales. En una situación como esta, la Universidad no sabe hacia dónde encaminarse – y tiende espontáneamente a replegarse sobre sí misma hasta el riesgo de asfixia -, como no lo sabe la Nación, porque el Estado ha dejado de cumplir la función de representante del interés general de nuestra sociedad.

En estas circunstancias, el orden de cosas vigente en el país y en sus instituciones, origen de los problemas que nos aquejan, tiende inevitablemente a aislar a la Universidad de su entorno. Distinta sería – y será – la situación cuando el tema de las relaciones entre la Universidad y la sociedad sea llevado a la sociedad misma, saliendo del campus para debatirlo con organizaciones sindicales, profesionales, empresariales, comunistarias y con el propio Estado, además de hacerlo con todos los estamentos universitarios, como es natural.

Para algunos, esto puede parecer un riesgo político excesivo. Y, sin embargo, el riesgo puede ser mucho mayor si no se entiende que si no se resuelve el problema por esa vía a partir de la alianza de los universitarios con los sectores más sanos de nuestra sociedad, la solución quedará en manos de los sectores más retrógrados de nuestra vida nacional, para mal del país entero.