Panamá: de la naturaleza al ambiente

Guillermo Castro H.

El debate en torno la necesidad de fomentar relaciones más armónicas de los seres humanos entre sí y con su entorno natural constituye un ámbito cada vez más importante en la vida cultural y política de nuestro tiempo. Encararlo exige a menudo ir a contracorriente de hábitos de pensamiento y conducta colectiva de viejo arraigo en nuestra historia.

Ya en 1905, por ejemplo, el biólogo británico E. Ray Lankester (1847-1929) -uno de los científicos más respetados de su tiempo – entendía a la naturaleza como “el conjunto del mecanismo del universo, el kosmos en todas sus partes” – cuya evidente relación con el ser humano “debería ser […] la guía del gobierno del estado, la base confiable del desarrollo de las comunidades humanas.” No hacerlo, añadía, era “tan monstruoso, tan ofensivo para la prosperidad de nuestros semejantes, que debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para llamar la atención sobre las condiciones y circunstancias que dan lugar a este descuido, sobre los males que esto provoca, y sobre los beneficios que deben resultar de superarlo.”

            Eso vendría a hacerse más evidente con la posterior formación del concepto de ambiente a partir de la década de 1970, hasta llegar a la adopción del concepto de desarrollo sostenible como categoría de política por las Naciones Unidas en 1992. Con todo, se trata de un concepto complejo, que establece una relación de afinidad y contradicción con el de naturaleza, en cuanto resalta el hecho de que mientras las demás especies utilizan los recursos que ese entorno les ofrece, los humanos lo transforman mediante procesos de trabajo socialmente organizados para obtener los recursos que necesitan para su propio desarrollo como especie.

Así, la Encíclica Laudato Si’ (2015: 139) nos dice que el término ambiente vincula entre sí los términos naturaleza y sociedad, pues la expresión “medio ambiente” indica una relación “entre la naturaleza y la sociedad que la habita [que] nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados.” Al respecto, dice la Encíclica, la magnitud de los cambios en curso, demanda buscar “soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales”, dado que

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. (Pgr. 139)

            Haber traído este problema a debate en la sociedad es un mérito mayor del ambientalismo de nuestro tiempo. Toca ahora pasar de la denuncia al análisis, y de la protesta a las propuestas para ir hacia un mundo que será sostenible, o no será.

Alto Boquete, Chiriquí, 14 de septiembre de 2024

Panamá: el cambio social para el cambio ambiental

Guillermo Castro H.

“como ellos los del Arte, nosotros tenemos los monumentos de la Naturaleza;

como ellos catedrales de piedra, nosotros catedrales de verdor;

y cúpulas de árboles más vastos que sus cúpulas,

y palmeras tan altas como sus torres”

José Martí, 1881[1]

A medida que se torna más compleja la crisis socioambiental que encaramos, ganan en importancia los problemas relacionados con la mitigación de sus efectos y la adaptación a sus consecuencias. Dado que uno de los factores de mayor gravedad en esa crisis radica en el colapso de los ecosistemas que organizan la vida en la Tierra, se presta atención cada vez mayor al impacto de ese colapso sobre los servicios que esos ecosistemas ofrecen al desarrollo de nuestra especie.

Estos problemas ganan en claridad al referirlos a conceptos como los de biosfera y noosfera, elaborados hacia la década de 1930 por el biogeoquímico ruso Vladimir Vernadsky. [2] Así, la biosfera designa el ámbito del sistema Tierra en el que la vida crea las condiciones para su propia existencia, y se constituye en una fuerza geológica de alcance planetario al crear procesos y elementos que no exisistirían sin ella, como la presencia de oxígeno en la atmósfera y la de hidrocarburos en el subsuelo, la formación de suelos y la de rocas calcáreas.

La noosfera, por su parte, designa el ámbito de la biosfera transformado por el hacer y el saber que distinguen a la especie humana. En lo cotidiano, esos términos equivalen aproximadamente a los de naturaleza y ambiente, si entendemos al segundo como el producto de los procesos de trabajo socialmente organizados mediante los cuales nos relacionamos con nuestro entorno natural.

Vista así, la crisis socioambiental expresa el deterioro de las relaciones entre la biosfera y la noosfera generado por el desarrollo del mercado mundial. En ese deterioro desempeña un importante papel el colapso de ecosistemas asociado a la expansión urbana, y la extracción incesante de recursos naturales y la generación masiva de desechos de la producción y el consumo. Así, en 2011 Will Steffen et al señalaron cómo “la erosión de los servicios ecosistémicos, es decir, [de] aquellos beneficios derivados de los ecosistemas que sustentan y mejoran el bienestar humano, durante los últimos dos siglos” generaba “consecuencias no deseadas sobre el sistema global de soporte vital que sustenta la empresa humana en rápida expansión, que se encuentran en el centro de los desafíos interconectados del siglo XXI.” [3]

Al respecto los autores presentaron una visión de tales servicios organizada en dos grandes grupos, elaborada a partir de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005.[4] El primer grupo correspondía a la oferta de bienes y servicios, “usualmente llamados ‘recursos’”, que incluyen “alimentos, fibras y agua dulce (recursos naturales) y, ahora, abarcan además combustibles fósiles, fósforo, metales, y otros materiales derivados de los recursos geológicos de la Tierra.”

El segundo consistía en dos grupos de servicios ecosistémicos. Uno correspondía a servicios de apoyo, como “el ciclo de nutrientes, la formación del suelo y la producción primaria”, necesarios para el buen funcionamiento de los sistemas agrícolas, “que algunos llaman también ‘recursos ambientales’”. En una escala más amplia, incluían también “procesos geofísicos de beneficio para la humanidad”, como “la provisión a largo plazo de suelos fértiles […], los flujos ascendentes de la circulación oceánica que traen nutrientes desde las profundidades del océano para sustentar muchos de los ecosistemas marinos que proporcionan alimentos ricos en proteínas,” y el papel de los glaciares como una infraestructura natural “de almacenamiento para el suministro de recursos hídricos.”

El otro grupo ofrecía servicios de regulación considerados “gratuitos”, como el control ecológico de plagas y enfermedades y la regulación del sistema climático mediante la absorción y almacenamiento de carbono por los ecosistemas, que contribuyen a mantener “un entorno propicio para la vida humana”. Esto incluye, por ejemplo, el almacenamiento de carbono por los ecosistemas, como parte de “un servicio regulador más amplio del sistema terrestre”, “el conjunto de reacciones químicas en la estratosfera que continuamente forman ozono, esencial para filtrar la radiación ultravioleta biológicamente dañina del sol, y el papel de las grandes capas de hielo polares en la regulación de la temperatura.”

            Con todo, al referirse a elementos de la biosfera desde su significado para la noosfera sin considerar la relación entre ambas como un proceso histórico de interacción mediado por el trabajo, se pierde de vista el vínculo entre categorías como las de elementos (naturales) y recursos (económicos), y aun las de naturaleza y ambiente. Desde otra perspectiva, el economista norteamericano James O’Connor (1930-2017) consideraba a esos servicios ecosistémicos como parte de un conjunto más amplio de condiciones naturales de producción, que abarcan “la contribución de la naturaleza a la producción física, independiente de la cantidad de tiempo de trabajo (o la cantidad de capital) aplicado a la producción.”

Al respecto, decía que el mercado  trataba “a las condiciones naturales de producción como mercancías ficticias”, de donde resultaba que

Con un ingenio a la vez torturado y excéntrico, los economistas neoclásicos intentan hoy asignar precio al aire limpio, a los paisajes atractivos y a otros elementos de interés ambiental; a la vida silvestre, e incluso al bosque húmedo tropical. Sin embargo, por mucho capital que se aplique al suelo, a los acuíferos y a los yacimientos minerales, éstos son producidos por Dios, que no los hizo para la venta en el mercado mundial. [5]

Esto, por otra parte, no excluye el hecho de que, en ese mercado, la ley del valor opera en la relación biosfera / noosfera en lo que hace a la transformación de elementos presentes en la primera en recursos que demande la segunda mediante el trabajo. En este sentido, los llamados servicios ecosistémicos hacen parte de la biosfera y como tales pueden incluso ser considerados gratuitos desde el punto de vista de la producción mercantil. Su ausencia, sin embargo, encarece los procesos productivos que hacían tal uso gratuito de ellos en sus primeras fases de su desarrollo.

Con ello, el colapso de ecosistemas genera un mercado de servicios ambientales que hace parte de la noosfera, en cuanto estos producidos para compensar la pérdida de los ecosistémicos. El mercado al que se destina esa producción abarca, por ejemplo, todo lo que va desde la captura de gases de efecto invernadero a la restauración de ecosistemas degradados, y la gestión de los desechos que hoy contaminan y alteran el funcionamiento de todos los ámbitos de la biosfera.

Ese mercado se ubica, así, en el eje de contradicción entre la biosfera y la noosfera, pues la necesidad de encarar el impacto de la crisis socioambiental genera una demanda creciente de servicios ambientales. Esto explica que la producción y la apropiación de esos servicios tiende a constituirse en un factor de conflicto socioambiental de importancia cada vez mayor, en cuanto sean encaradas como un medio para promover – o retrasar – el cambio social como una condición para el ambiental.

Panamá ingresa a ese conflicto en la transición desde una circunstancia de soberanía limitada por una situación de protectorado militar que se prolongó por casi todo el siglo XX hacia otra de pleno ejercicio de los deberes y los derechos de la soberanía en el XXI. Esto ayuda a entender que, si en el plano ambiental hemos ingresado de golpe en el Antropoceno al calor de la lucha contra la minería metálica a infierno abierto, el saber y el hacer aún dominantes en nuestra sociedad son, en el mejor de los casos, los del desarrollismo liberal de la segunda mitad del siglo pasado.

Hoy, la producción de servicios ambientales abre un amplio espacio de oportunidades fomentar el cambio social necesario para proteger y hacer cada vez más competitivas nuestras ventajas comparativas en materia, por ejemplo, de dotación de agua y biodiversidad. Tal será -junto a la diversificación de nuestros servicios al comercio mundial – el camino que nos lleve a construir en el Istmo, finalmente, una sociedad próspera, inclusiva, sostenible y democrática. El camino será largo, pero ya hemos echado a andar.

Alto Boquete, Panamá, 15 de diciembre de 2023


[1] Fragmento del discurso pronunciado en el Club del Comercio, en Caracas, Venezuela, el 21 de marzo de 1881. Obras Completas. Editorial de Cienicas Sociales, La Habana, 1975. VII, 286.

[2] Vernadsky, Vladimir (1938): “The Transition From the Biosphere To the Noösphere. Excerpts from Scientific Thought as a Planetary Phenomenon”. 21st Century, Spring-Summer 2012.

[3]  Will Steffen, Asa Persson, Lisa Deutsch, Jan Zalasiewicz, Mark Williams, Katherine Richardson, Carole Crumley, Paul Crutzen, Carl Folke, Line Gordon, Mario Molina, Veerabhadran Ramanathan, Johan Rockstrom, Marten Scheffer, Hans Joachim Schellnhuber, Uno Svedin (2011): “The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship”. Cursivas: gch. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357752/

[4] https://www.millenniumassessment.org/es/About.html

[5] “The conditions of production and the production of conditions”. Natural Causes. Essays in ecological Marxism. The Guilford Press, New York London, 1998. Traducción de Guillermo Castro H., Panamá, 2000. Otra versión disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6812683

Panamá: el transitismo contra el tránsito*

Guillermo Castro H.

“De todas partes solicitan la mente ideas diversas –y las ideas son

como los pólipos, y como la luz de las estrellas, y como las olas de la mar.

Se anhela incesantemente saber algo que confirme,

o se teme saber algo que cambie las creencias actuales.”

José Martí, 1882[1]

Introito

La redacción de este texto tiene raíces en 2006, en el debate en torno a la ampliación del Canal de Panamá. Intentó entonces contribuir a a ese debate proporcionando un marco de referencia construido desde la historia ambiental, con el ánimo de resaltar las relaciones de interdependencia entre el Canal y el país que lo sostiene. Ese marco de referencia puede resultar hoy de alguna utilidad para el debate en torno a la metástasis de la economía de enclave generada por el transitismo, que  desde fines del siglo XX viene exapandiéndose hacia la minería metálica a cielo abierto, en una relación de interdependencia que solo cabe comparar con la establecida entre el hambre de Saúl y el plato de lentejas por el que cambió su primogenitura.

Panamá, 2006-2014

Para referirnos al problema del impacto ambiental del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, conviene empezar por distinguir al ambiente del medio natural, y a estos de la ecología. El ambiente es, en lo más esencial, el resultado de la acción de los seres humanos sobre el medio natural, mientras la ecología es una disciplina científica que se ocupa de las relaciones de los seres vivos entre sí, y con el medio abiótico. La especie humana ha venido rehaciendo el medio natural desde hace al menos cien mil años – en el caso de Panamá, al menos catorce mil. Así, el impacto ambiental de una acción humana designa el efecto de esa acción sobre el ambiente previamente existente, y las transformaciones que resultan de ese efecto.

En esta perspectiva, destaca el hecho de que los seres humanos se relacionan con el mundo natural a través de las relaciones que establecen entre sí para producir sus medios de existencia, y reproducir sus estructuras de acción social. Por lo mismo, el análisis de los problemas ambientales en su relación con las estructuras sociales resulta especialmente útil en la evaluación de problemas como el que nos interesa. Así, el tránsito interoceánico ya era un importante factor de organización de la actividad humana en el Istmo que hoy llamamos de Panamá mucho antes de la conquista europea del siglo XVI, como lo prueba su presencia en todas las grandes zonas culturales en las que se organizaba la presencia humana en el Istmo: el Gran Darién, el Gran Coclé y el Gran Chiriquí.

Es a partir de la incorporación del Istmo al mercado mundial como resultado de esa conquista que se forma la estructura de acción social que hoy cabe designar con el nombre de transitismo. Ese término, en efecto, define forma específica de inserción del Istmo en el moderno sistema mundial a partir del siglo XVI, de la cual resultan, a su vez, los paisajes que hemos venido a considerar como característicos de la actividad de tránsito tal como se ha venido llevando a cabo de entonces acá.[2]

Lo importante, aquí, es que el ambiente y los paisajes de Panamá no son el resultado del tránsito como forma de actividad económica, sino del transitismo como formación económico – social  y como marco de relación entre la sociedad y la naturaleza en el Istmo entre los siglos XVI y XXI. A lo largo de ese período, ese marco de relación ha tenido algunos rasgos constantes y otros cambiantes, que nos permiten identificar momentos fundamentales en su desarrollo. Tales rasgos constantes han incluido, por ejemplo, los siguientes:

  • El monopolio del tránsito por una ruta en particular – en este caso, el valle del Chagres – sujeta a estricto control por parte de una potencia extranjera hasta 1999, y del Estado panameño desde entonces.
  • El uso de ese control con el fin de garantizar constantes subsidios ambientales y sociales a la actividad de tránsito por esa ruta particular, y como medio para concentrar y centralizar la vida económica del país – y la acumulación de los excedentes generados por esa economía – en torno a esa actividad.
  • La subordinación de la periferia interior de la ruta a funciones compatibles con el subsidio al tránsito.
  • La constante fragmentación del mundo de los trabajadores entre los sectores directa e indirectamente vinculados al tránsito.
  • El control de las relaciones exteriores – en este caso, de las relaciones de dependencia con respecto al centro del sistema mundial – a través del control de la ruta de tránsito y de los subsidios a esa actividad y, como resultado de todo ello,
  • Una estructura económica que, en contraste con lo usual en América Latina, concentra en el sector terciario magnitudes de actividad y producción que en el resto de la región corresponden por lo general a los sectores primario y secundario.

Una historia del impacto ambiental del transitismo en Panamá viene a ser, en este sentido, una historia ambiental de Panamá. En ella destacan tres grandes momentos fundamentales:

  • El del tránsito pre industrial, entre 1550 y 1850, caracterizado por el uso de una tecnología de bajo impacto, adaptada a las restricciones que el medio imponía a la actividad, operada mediante el trabajo esclavo o de peones, y financiada en lo fundamental por el capital local.
  • El del tránsito industrial ferroviario, dominante entre 1850 y 1914, que utilizó una tecnología de mediano impacto ambiental, capaz ya de subordinar el medio natural a las necesidades del tránsito, operada mediante el trabajo de obreros y técnicos asalariados y financiada por capital privado proveniente del exterior.
  • El del tránsito industrial hidráulico, dominante de 1914 a nuestros días, que utiliza una tecnología de enorme impacto ambiental, operada por obreros y técnicos especializados de alta calificación, y financiada por capital monopólico de Estado, en cuyo marco ha venido a plantearse el proyecto de ampliación del Canal.

Lo esencial, en todo caso, es que el desarrollo de las fuerzas productivas en la actividad de tránsito en el marco de la formación social transitista ha dependido del subsidio en recursos humanos y naturales – tierra, agua y energía en primer término – provenientes del entorno natural, social y económico de la ruta. Esa relación de subsidio al tránsito se tradujo por necesidad en un factor que contribuyó de manera decisiva al retraso constante en el desarrollo de las fuerzas productivas en el resto de la economía nacional, y en la transformación de las relaciones sociales de producción y la cultura en el resto de la sociedad.

Al abordar en esta perspectiva la dimensión ambiental del transitismo, empezamos a entender que el contraste entre los paisajes sociales y naturales del corredor interoceánico y los del interior del país no se debe a que haya en el Istmo varios países en uno. Lo que hay es una sociedad integrada por grupos sociales que organizan sus relaciones con la naturaleza en el marco de una estructura de poder tan contradictoria, conflictiva y violenta como para generar y sostener el proceso de crecimiento económico con deterioro social y degradación ambiental constantes en cuyo marco se inscribe el proyecto de ampliación del Canal. Por lo mismo, la discusión del impacto de ese proyecto sobre el ambiente creado por el transitismo debe ser ubicado en varios planos a la vez.

El primero de esos planos se refiere, sin duda, al impacto del proyecto sobre su entorno inmediato. A esto corresponde en lo fundamental el estudio de impacto ambiental sintetizado en el folleto de divulgación del proyecto de ampliación, y que con toda probabilidad resultará ser técnicamente impecable cuando llegue a ser conocido en su detalle y sea finalmente evaluado por la autoridad estatal correspondiente. Sin embargo, más allá de eso – que corresponde al ámbito de responsabilidad de la empresa estatal que presenta el proyecto -, es necesario que la sociedad y el Estado aborden el problema desde al menos dos planos más.

El primero de ellos se refiere al impacto del proyecto sobre la huella ecológica ya generada por el enclave transitista sobre el conjunto del territorio nacional, en particular de la década de 1950 a nuestros días. El segundo, a la evaluación ambiental estratégica que requiere un proyecto como éste, tanto por su magnitud y demandas intrínsecas, como por su importancia para el futuro del tránsito en Panamá. A reservas de lo que nos revelen esos estudios, que aún no han sido siquiera planteados hasta donde sabemos, me atrevería a adelantar algunas ideas para la discusión del impacto ambiental del transitismo en Panamá.

En primer lugar, ya es evidente que existe una contradicción insoluble entre el transitismo y el tránsito, en la medida en que el territorio y la sociedad nacionales han llegado al límite de su capacidad para seguir proporcionando los subsidios ambientales y sociales que el tránsito demanda, como había venido ocurriendo hasta la década de 1980. Hoy, por el contrario, la creciente escasez relativa de tierra y agua en Panamá genera tensiones sociales que tienden a encarecer los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la actividad de tránsito, e impiden así un aprovechamiento verdaderamente racional y sostenido de los recursos humanos y naturales del país.

Esta situación, por supuesto, no afecta solo al Canal. Por el contrario, se extiende a la posibilidad misma de que el país pueda encarar con éxito la crisis energética que lo afecta, y crear verdaderas ventajas competitivas para el conjunto de nuestra economía, y esta contradicción resulta evidente para cualquiera que no esté simplemente comprometido con la preservación a cualquier costo de las estructuras más tradicionales de poder del transitismo.

Por otra parte, tampoco estamos solos en esta crisis. La ampliación del Canal, y sus implicaciones ambientales, forman parte del proceso mayor de transformación masiva de la naturaleza en capital natural que viene ocurriendo a escala de toda la región latinoamericana, a través de otros megaproyectos como el anillo energético sudamericano, la interconexión vial andina, la hidrovía de la Cuenca del Plata, o la integración energética centroamericana.

Dentro de ese marco mayor, y de manera más precisa, lo que resalta en nuestra tierra es el hecho de que la operación sostenida del Canal demanda, hoy, el desarrollo sostenible del país. Por lo mismo, el problema mayor para la valoración del proyecto que discutimos consiste en que carece del marco de referencia que solo podría proporcionarle un proyecto destinado a garantizar la sostenibilidad del desarrollo en Panamá.

Esta carencia, por supuesto, no puede ser achacada directamente a la Autoridad del Canal de Panamá, sino al Estado del que Autoridad hace parte. La Autoridad ha cumplido con su responsabilidad de formular el proyecto en los términos correspondientes a la misión que el Estado le ha asignado. Correspondería ahora al Estado proponerle al país el proyecto nacional que haga de la ampliación del Canal, además de un buen negocio en sus propios términos, el factor decisivo en la promoción y la sostenibilidad del desarrollo de la sociedad panameña en su conjunto.

El hecho de que el Estado no se haya planteado siquiera esa tarea, ni mucho menos se la haya propuesto a la sociedad como un empeño en común, tendría que ser objeto de una seria reflexión política. En efecto, si el Estado controla al Canal, lo que cabe discutir es quién controla al Estado, cómo lo hace, y hasta qué punto está o no está en la disposición y la capacidad de someter su gestión de los bienes públicos al control social de los ciudadanos de la República.

Ese control social de la gestión pública deberá tener un lugar de primer orden en cualquier proyecto de desarrollo sostenible de la República. Los elementos fundamentales para la construcción de ese proyecto se encuentran dispersos, hoy, en las demandas de múltiples sectores de la sociedad panameña, desde los campesinos que se resisten a la construcción de embalses en las tierras en que viven, hasta los productores del interior que desearían ver en el Canal un verdadero factor de ventaja para competir en el mercado mundial con sus productos.

En cada uno de esos casos, los sectores dominantes en nuestro país tienden a reaccionar desde sus tradiciones políticas más pueblerinas, diciendo que se trata de gente que simplemente se opone al progreso. En realidad, se trata de lo contrario. A lo que se resisten esos sectores es a seguir subsidiando con su trabajo y los recursos naturales de los que depende su existencia un progreso excluyente, que no les ofrece verdadero acceso al goce de sus frutos. O, dicho en un lenguaje más cercano al núcleo más íntimo de los problemas de nuestro tiempo, esos sectores no se resisten al desarrollo de las fuerzas productivas, sino a la preservación de las relaciones de producción que constituyen el cimiento fundamental del transitismo.

Hemos llegado, así, a la más singular de las contradicciones de nuestra historia: aquella en la que el transitismo se constituye en el peligro mayor para la actividad del tránsito en Panamá. Aquí está el nudo gordiano de la crisis que nos aqueja. Y la clave para encarar ese problema está en la más sencilla de las preguntas.

Todo proceso productivo implica siempre, como sabemos, una reorganización simultánea de la naturaleza y de la sociedad. Por lo mismo, si para reorganizar la naturaleza del Istmo de la manera en que lo requería el tránsito hidráulico fue necesario organizar en República el país e incorporar a esa República los grupos sociales nuevos que surgieron de aquella reorganización del mundo natural, ¿qué transformación social y política será necesaria para hacer viable la operación sostenida del Canal mediante el desarrollo sostenible del país?

Tras esta pregunta encontramos un giro inesperado en nuestra historia. “Sin Canal no hay país”, se nos decía, y hoy descubrimos que sin país no habrá Canal, y debemos decirlo. Nadie puede decir que tiene la respuesta entera a ese giro, que apensa empezamos a percibir. Esa respuesta, sin embargo, subyace a todos nuestros planteamientos precisamente porque no está en ninguno. Por lo mismo, no hay que buscarla: hay que construirla. Tal es, sin duda, el desafío mayor de nuestro tiempo en nuestra tierra, hoy como anteayer, aunque hoy con mayor urgencia.

Universidad de Panamá, 15 de junio de 2006/

Alto Boquete, Panamá, septiembre de 2023


* La Pupila Insomne, 5 de enero de 2014

[1] “Prólogo a El Poema del Niágara”. Nueva York, 1882. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, la Habana, 1975. VII, 225.

[2] El transitismo ha sido analizado con gran rigor por colegas como el sociólogo Marco Gandásegui – cuyo estudio clásico sobre la concentración del poder económico en Panamá cumplirá pronto cincuenta años de haber sido -, economistas como José Gómez y Juan Jované, y en particular por el historiador Alfredo Castillero Calvo, cuyo ensayo “Transitismo y Dependencia” (Revista Lotería, 1973) constituye un aporte pionero al tratamiento del tema. El impacto ambiental del transitismo, sin embargo, apenas ha sido tratado en la obra de geógrafos como Omar Jaén Suárez y Ligia Herrera, y en los capítulos dedicados al tema en la Historia General de Panamá publicada en el año 2003 y convertida desde entonces en una curiosidad de coleccionistas por los malos hábitos del sectarismo característico de nuestra pobre vida política.

Para el debate sobre la historia en Panamá

Guillermo Castro H.

El debate en torno a la ley que regularía la profesión de historiador en Panamá es apenas un síntoma de un mal más amplio y complejo. Toda ley, en efecto, es un medio para un fin mayor. Y en este caso ese fin mayor consiste en encontrar remedio a la deplorable situación de los estudios históricos en Panamá.

Se han dado algunos pasos al respecto, como la creación del CIHAC-AIP en el Ministerio de Cultura, y el inicio (finalmente) de las actividades del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá. El país cuenta además con el programa de becas de postgrado que maneja SENACYT, que si bien ha beneficiado sobre todo a especialistas de las ciencias naturales también está a disposición de sus colegas en ciencias sociales y Humanidades.

Otros elementos positivos incluyen lo avanzado en la investigación de la historia del Panamá antiguo desde entidades como el Instituto Smithsonian y la Fundación El Caño, así como los avances en materia de protección de nuestro patrimonio histórico. Y a esto se agrega la enorme cantidad de información histórica sobre Panamá en entidades culturales de países como Estados Unidos, España y Colombia, constantemente enriquecida por nuevos estudios sobre el pasado del Istmo producidos por historiadores de Panamá como de esos y otros países.

Ante este panorama, nuestra comunidad de partes interesadas en el desarrollo de la historia debería contribuir a establecer una agenda de temas pendientes de importancia para el futuro de Panamá. Necesitamos, realmente, conocer y dar a conocer mucho mejor la historia del trabajo, de la tecnología, de la agricultura, de la ciencia, del ambiente, de la cultura y del lugar de Panamá en la historia del mercado mundial. Desde la identificación de esas necesidades será mucho más sencillo identificar los medios necesarios para atenderlas, y trabajar juntos para obtenerlos.

La presencia de autores vinculados a esos campos constituye un valioso aporte inicial para tareas de tal complejidad. El Estado, sin embargo, debe comprender esta tarea y comprometerse con ella. El conocimiento de la propia historia es un elemento fundamental en la formación y desarrollo de la identidad nacional, tanto más valiosa en tiempos de reordenamiento del sistema mundial, y de nuestras propias opciones de futuro.

Panamá, 10 de marzo de 2022

Tal nuestro riesgo, tal nuestra esperanza

Guillermo Castro H.

El concepto de formación económico – social – elaborado por Marx a fines de la década de 1850, pero incorporado al desarrollo del marxismo solo en la segunda mitad del siglo XX -, permite referir aquel otro, más amplio y abstracto, de modo de producción, a sociedades específicas en tiempos puntuales.  El primero, en efecto, resalta el hecho de que en toda sociedad existe “una determinada producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango [e] influencia”, la cual constituye “un éter particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve.”[i]

En Panamá, el tránsito interoceánico ha desempeñado un importante papel en el desarrollo histórico del Istmo durante miles de años, a partir de múltiples rutas existentes en el territorio. De cinco siglo acá, sin embargo, ese tránsito se ha concentrado en una ruta específica para una función específica: facilitar la la circulación del capital a escala mundial.

De allí ha resultado una formación económico – social que podemos llamar transitista, cuya formulación teórica no se origina en nuestro marxismo, sino desde nuestro liberalismo. El transitismo, en efecto, fue presentado por primera vez al país por Hernán Porras en 1953, en un ensayo de vasta influencia en nuestra cultura, destinado a demostrar que en Panamá había clases sociales, sino grupos étnicos vinculados entre sí por sus relaciones con la oligarquía blanca que controlaba las relaciones de todos con la economía de tránsito.[ii]

Veinte años después, el transitismo fue objeto de generalización teórica por parte del historiador Alfredo Castillero.[iii] Eran tiempos nuevos: la oligarquía blanca había perdido el control político de la situación, y una alianza entre los cholos del interior y los mestizos de la Capital negociaba con Estados Unidos el fin de su enclave colonial en Panamá.

Desde esa circunstancia, Castillero enfatizó tres rasgos fundamentales en el transitismo. Uno fue la concentración del tránsito interoceánico por una sola ruta, bajo control de una potencia extranjera. Otro, la subordinación de las actividades productivas en el conjunto del territorio del país a las necesidades del tránsito. Y el último, la concentración de la renta producida por el tránsito, y del poder político en el Istmo, en los sectores sociales que controlan esa actividad.

Hoy, las actividades asociadas a la circulación del capital en el mercado mundial generan cerca del 90% del Producto Interno Bruto de Panamá, mientras las vinculadas a los sectores industrial y agropecuario se disputan el 10% restante. Esas actividades, además, se concentran en el Corredor Interoceánico establecido a lo largo del Canal de Panamá, que ya concentra el 50% de la población del país.

El factor determinante en la formación transitista panameña durante el siglo XX radicó en el control del Corredor Interoceánico por una potencia extranjera. En el XXI, la integración del Canal a la economía interna, y del país al mercado global, crearon una circunstancia inédita en nuestra historia. Esto, a su vez, inauguró un proceso de transición que aún está en marcha, y que determinará en su momento las nuevas formas de organización del país.

Esas formas nuevas ya se anuncian en la reorganización territorial de la economía y la sociedad panameñas. Esa reorganización va desde la creación de nuevas vías interoceánicas en diversos puntos del país,  a la recuperación de nuestra función como puente terrestre entre las Américas, y la presencia de formas nuevas y más complejas de actividad económica más allá del Corredor interoceánico.

Por otra parte, esa transición opera a partir del empeño de los sectores conservadores en preservar un orden de cosas en el que constiuyen una minoría social con el poder de una mayoría política. Esto genera una brecha creciente entre esa minoría social y los sectores mayoritarios del país, que demandan una reforma del Estado que garantice la representatividad del sistema político y permita organizar el tránsito de una manera no transitista, de modo que los frutos de esa actividad lleguen a todas las regiones del país.

Es a través de este aflorar de viejas y nuevas contradicciones que participamos, junto a todos los pueblos de nuesta América, en una circunstancia en la que el mundo “está en tránsito violento, de un estado social a otro.” Ante un cambio tal, si no hay una gestión política previsora,

los elementos de los pueblos se desquician y confunden; las ideas se obscurecen; se mezclan la justicia y la venganza; se exageran la acción y la reacción; hasta que luego, por la soberana potencia de la razón, que a todas las demás domina, y brota, como la aurora de la noche, de todas las tempestades de las almas, acrisólense los confundidos elementos, disípanse las nubes del combate, y van asentándose en sus cauces las fuerzas originales del estado nuevo: ahora estamos, en cosas sociales, en medio del combate.[iv]

Tales nuestros riesgos; tal, nuestra esperanza.

Panamá, 5 de marzo de 2019

 

[i] Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857 – 1858. I. Siglo XXI Editores, México, 2007. I, 27 – 28.

[ii] “Papel histórico de los grupos humanos en Panamá” (1953). Gandásegui, Marco (compilador): Las Clases Sociales en Panamá. CELA, segunda edición, Panamá. 2002, 41-78.

[iii] Nueva Sociedad Nº 5, San José, marzo-abril, 1973, pp 35-50; Estudios Sociales Centroamericanos Nº 5, San José, mayo-agosto, 1973, pp.  65-114;  Revista Cultural Lotería, Panamá, agosto-septiembre 1973, de la cual se tiró una separata, y Anuarios de Estudios Centroamericanos Nº1, San José, 1975.

[iv]Cuentos de Hoy y de Mañana, por Rafael Castro Palomares”. La América, Nueva York, octubre de 1883. Obras Completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. V, 109.

 

Nota sobre el Estado, el país y su Universidad

Nota sobre el Estado, el país y su Universidad

Guillermo Castro H.

La discusión sobre el Gobierno de la Universidad de Panamá está íntimamente asociada a la que demanda el Gobierno del país. La dificultad para encararla en estos términos se hace aún mayor cuando los medios de comunicación informen sobre la Universidad y el Gobierno de un modo que busca exacerbar los conflictos entre personas, antes que para discutir las ideas que puedan estar en pugna, convirtiéndose así en verdaderas armas de distracción masiva.

En el caso de la Universidad de Panamá, por ejemplo, esto acentúa la percepción de que la contradicción principal radica en quién ocupa la Rectoría, cuando habría que buscarla en la pérdida de vinculación de la Universidad con el país al que debe servir de centro de producción y debate de conocimientos sobre sí mismo, y sobre sus desafíos y oportunidades en el mundo contemporáneo. Este problema se agrava, además, porque el Estado nacional ha venido a reducir su relación con la Universidad a la de un mero proveedor de fondos de funcionamiento, y no está – desde hace mucho – en capacidad ni disposición de proporcionar un marco de relación correspondiente a una visión del desarrollo nacional que vaya más allá de proporcionarle al mercado los subsidios y la protección legal que necesita para funcionar a su libre arbitrio.

No es de extrañar, así, que el sistema nacional de educación superior tienda cada vez más a convertirse en un mercado de servicios académicos de formación profesional. En ese mercado convergen como si fueran iguales entidades públicas y privadas, y son las primeras, con sus intereses legítimamente particulares, las que imponen su lógica y sus demandas a las segundas, cuyos intereses sólo puede ser legítimos en la medida en que sean nacionales. En una situación como esta, la Universidad no sabe hacia dónde encaminarse – y tiende espontáneamente a replegarse sobre sí misma hasta el riesgo de asfixia -, como no lo sabe la Nación, porque el Estado ha dejado de cumplir la función de representante del interés general de nuestra sociedad.

En estas circunstancias, el orden de cosas vigente en el país y en sus instituciones, origen de los problemas que nos aquejan, tiende inevitablemente a aislar a la Universidad de su entorno. Distinta sería – y será – la situación cuando el tema de las relaciones entre la Universidad y la sociedad sea llevado a la sociedad misma, saliendo del campus para debatirlo con organizaciones sindicales, profesionales, empresariales, comunistarias y con el propio Estado, además de hacerlo con todos los estamentos universitarios, como es natural.

Para algunos, esto puede parecer un riesgo político excesivo. Y, sin embargo, el riesgo puede ser mucho mayor si no se entiende que si no se resuelve el problema por esa vía a partir de la alianza de los universitarios con los sectores más sanos de nuestra sociedad, la solución quedará en manos de los sectores más retrógrados de nuestra vida nacional, para mal del país entero.

Panamá, ese país Caribe (a 26 años de entonces)

Comparto un texto ya antiguo, en términos humanos, que quizás contenga todavía algo de aquellas verdades a que se refería Martí, que una vez puestas en movimiento siguen andando hasta que dejan de serlo…

Panamá, ese país Caribe

Guillermo Castro Herrera / Panamá, 19 de mayo de 1988.

En medio del ir y venir de noticias sobre agresiones y resistencias, es poco lo que finalmente se dice sobre Panamá y los panameños en los medios internacionales de información. Queda a veces la impresión, incluso, de que se habla de un lugar poblado por banqueros, militares –gringos y nacionales- y políticos de traje blanco y habano en boca, todo ello rodeado por la nada. Sin embargo, este es uno de los rincones más fascinantes de la América Latina, poblado por descendientes de catorce etnias distintas, con una cultura popular rica y diversa, y con una fuerte personalidad nacional. No en balde fue el primer punto de tierra firme donde intentó Cristóbal Colón fundar un asentamiento de españoles, cuatrocientos años antes de que el Canal fuera construido con dólares norteamericanos y sudor de peones antillanos.

Para explicar Panamá, quizás haya que decir en primer término que este es un país Caribe y no centroamericano. La frontera con Costa Rica, en efecto, no solo define un límite político. Además, de eso, la raya imaginaria separa dos universos culturales, lingüísticos y conductuales profundamente distintos. Hasta allí, Centroamérica, indígena, española y mestiza, tierra de tortillas asadas de maíz blanco y alimentos finamente picados, con su polo cultural en México. Desde allí, el Caribe, africano, español e indígena también, enriquecido además con toda suerte de aportes de Asia y la Europa mediterránea, tierra de frituras y mariscos, con su polo cultural en Cuba y la Dominicana. La primera tierra de guitarra. Esta tierra de tambor. Allá, de Rubén Darío. Acá, de Nicolás Guillén.

El español es el idioma oficial de esta república de dos millones y medio de habitantes, que se comunican entre sí en otras trece lenguas adicionales, desde el guaymí y el kuna autóctonos, hasta el chino, el hindú y el bronco y musical inglés de las Antillas. La Constitución Nacional declara al catolicismo como religión mayoritaria del país. Lo practican, con matices muy del trópico, los descendientes de españoles y mestizos, junto a los musulmanes, los taoístas chinos, los budistas y el universo inacabable de las sectas evangélicas que pregonan la exclusiva salvación en Cristo. Todos los creyentes además, de uno u otro modo, participan de un ambiente de religiosidad popular fuertemente impregnado del culto a la santería, surgido del encuentro entre el catolicismo colonial y la religiosidad de los esclavos africanos de siglos ya idos.

Nadie puede extrañase, en una tierra así, de que sean el desenfado y un sentido íntimo y preciso de lo justo y lo injusto, los rasgos más característicos de la personalidad de este pueblo. El primero se traduce en una tendencia incontenible a vivir con toda la alegría posible una existencia a menudo difícil y esforzada. El segundo se expresa en una forma de solidaridad hacia los más débiles que, en su momento, llevó al general Torrijos a decir que este pueblo era más lastimero que justiciero. Ambos, además, confluyen en un orgullo nacional fuerte y sencillo, tan panameños para hacer de su país una nación, frente al empeño norteamericano por hacer de Panamá, simplemente, la periferia de un Canal.

Ese empeño en deshacernos hace parte de lo caribe que somos. En este mediterráneo americano surgieron a la condición de potencia Estados Unidos, a lo largo de una cadena de intervenciones que se inició en Cuba y Puerto Rico en 1898, siguió con Panamá en 1903 y llegó hasta Haití y la dominicana en 1914 y 1916.

Así se inició el camino en que andamos y andándolo así, en lucha por nuestro derecho a ser la nación que somos, lo seguiremos hasta el fin con todos nuestros hermanos.

Panamá: el país que merecemos ser

Panamá: el país que merecemos ser
Guillermo Castro H.[1]

Para Ricaurte Soler y José de Jesús Martínez, aquí, con nosotros

Época de cambios

El debate sobre los problemas que encara la sociedad panameña a comienzos del siglo XXI suele evadir lo que debería ser su premisa más evidente: el hecho de que el nuestro ha sido el último país de nuestra América en culminar su proceso de formación como Estado nacional soberano. Menos de un cuarto de siglo ha transcurrido desde que abandonaran nuestro territorio las últimas unidades del ejército extranjero que una vez estuvieran albergadas en las bases militares de la que fuera Zona del Canal de Panamá, y que tantas veces actuaran como factor decisivo en nuestra vida política, incluso mediante intervenciones de enorme violencia en nuestros asuntos internos. Por primera vez desde los inicios de la República, en aquel noviembre de 1903, somos enteramente responsables por su destino. Y por primera vez también, tras 485 años de control extranjero, la ruta interoceánica de Panamá está bajo control del Estado de los habitantes del Istmo.

Diversas circunstancias convergen en esta percepción alienada de la conquista del derecho a ejercer los deberes de la soberanía. Está el mal final de la lucha por la recuperación del Canal, tan tenazmente librada entre 1936 y 1979, que vino a descomponerse en la aventura autoritaria de 1984 a 1989, hasta desembocar en el golpe de Estado ejecutado por las fuerzas armadas acantonadas en las bases que alguna vez albergara la Zona del Canal y la puesta en marcha del programa de reforma del Estado y ajuste estructural que abarcó toda la década de 1990.

Esos azares de la política criolla han contribuido también a ocultar – tras una cortina de anécdotas, invectivas y recriminaciones finalmente pueblerinas – el hecho de que la incorporación del Canal a la economía interna aceleró el desarrollo del capitalismo en el país, de un modo que llevó a la liquidación de todo el sector productivo – estatal y privado -, asociado al modelo anterior de desarrollo protegido, al tiempo que catapultaba una economía atrasada a la vorágine del proceso de globalización. Y esto ocurrió, además, en el preciso momento en que el Estado se privaba de la mayor parte de sus capacidades para conducir el desarrollo económico del país, y delegaba esa función en las llamadas “fuerzas del mercado”, que en su accionar no reconocen otra ley que la del más fuerte.

No es de extrañar, en esas circunstancias, que los tres primeros quinquenios del siglo llevaran al país a una situación de crecimiento económico con degradación ambiental y deterioro social. El resultado inevitable ha sido una situación de anomia y desorden, de creciente riesgo para todas las partes involucradas.

Todo esto ha ocurrido, por otra parte, en otra circunstancia, tan elusiva como ubicua en nuestro caso. El mundo no atraviesa hoy por una época de cambios, como quisieran los liberales, sino por un cambio de épocas, que es lo que más temen los conservadores. Lo que ocurre en Panamá hace parte de los procesos de desintegración -y de la formación de opciones de re-integración – que recorren el sistema mundial. Faltan hoy aquellos referentes de la Guerra Fría, de tan aparente claridad, y todas las sociedades del planeta, la nuestra incluida, avanzan a tientas, sin columna de fuego que las guíe a través del desierto de la crisis. Así las cosas, lo sensato sería encarar los desafíos que nos plantea el futuro, para encaminar los cambios que ya están en curso hacia la transformación de la sociedad que hemos sido en la que podemos llegar a ser. Y esto obliga, en primer término, a pensar con orden, que siempre es más difícil que morir con honra.

Tiempos de transformación

Un problema que ha venido forjándose a lo largo de 500 años no puede ser encarado con la última teoría de moda, ni con la imitación de lo que imaginamos que ha sido el camino hacia el éxito de otras sociedades, distintas a la nuestra y que a menudo conocemos poco y mal. Por el contrario, conviene recordar que en el análisis de la formación y las transformaciones de las estructuras y las prácticas sociales tienen especial importancia tres tipos de proceso histórico distinto, estrechamente relacionados entre sí.

El primero de esos procesos se organiza en torno a estructuras de larga duración, como las derivadas de la función de tránsito desempeñada por el territorio de Panamá desde mucho antes de la Conquista europea. El segundo, de duración media, corresponde al despliegue de las estructuras de organización territorial y social correspondientes al papel desempeñado por el Istmo en el proceso de formación y desarrollo del moderno sistema mundial, a partir de la Conquista europea. A esta duración media corresponde, en particular, aquel tipo de formación económico – social que el historiador Alfredo Castillero designara en 1973 como “transitista”, esto es, organizada en torno al monopolio del tránsito y la concentración de sus beneficios por parte de formaciones estatales extranjeras, entre los siglos XVI y XX, y por el Estado nacional de Panamá en el XXI.

El tercer tipo de proceso, finalmente, se expresa en las transiciones entre aquellas grandes etapas y, en particular, entre los distintos momentos en el desarrollo de la segunda. Este último tipo de proceso, de corta duración con respecto a los otros dos, ve acentuarse los conflictos no resueltos del pasado, como ve formarse nuevas opciones de futuro. Bien comprendido y aprovechado, puede conducir tanto a superar y trascender los conflictos de ayer como a la previsión de los del mañana, abriendo paso al despliegue de todas las capacidades de progreso y transformación acumuladas por la sociedad en su desarrollo. Mal comprendido, bien puede conducir a una situación de estancamiento y descomposición por vía lenta, en el que – al decir de Antonio Gramsci -,

La vieja sociedad resiste y se asegura un período de “respiro”, exterminando físicamente a la élite adversaria y aterrorizando a las masas de reserva; o bien ocurre la destrucción recíproca de las fuerzas en conflicto con la instauración de la paz de los cementeros y, en el peor de los casos, bajo la vigilancia de un centinela extranjero.[2]

Nuestra sociedad se encuentra hoy, precisamente, inmersa en un proceso de transición entre dos etapas de su historia. No es el primero, por supuesto. No será el último, tampoco. Lo que realmente importa, aquí y ahora, es comprender que la larga, mediana y corta duración no definen tiempos distintos, sino tres dimensiones diferentes de un mismo devenir, íntimamente asociadas entre sí, aunque diversas en su función y su significado históricos. A lo largo de estos tiempos del tiempo, los diversos elementos de la vida social cosas dejan de ser lo que habían sido en un período anterior, cambian a ritmos muy desiguales, y terminan por desembocar en estructuras generales de una calidad distinta a la precedente.

Así, los cambios acumulados en la fase final del proceso de transición del Estado semicolonial al plenamente soberano constituyen el aspecto principal de la formación de las contradicciones que animan una transformación en curso, que hoy nos toca encarar. Esos cambios incluyen, por ejemplo:

  1. El paso de una economía de enclave, articulada a un canal vinculado a la economía interna de los Estados Unidos y organizada en torno a un sector agropecuario atrasado y a una Zona de Libre Comercio y un Centro Financiero Internacional volcados hacia el exterior, a una distinta y más compleja, rápidamente transnacionalizada, que hoy se estructura como una Plataforma de Servicios Globales en pleno desarrollo, y un mercado de servicios ambientales en proceso de formación.
  2. La incorporación a la vida nacional de nuevos sectores emergentes – desde corporaciones transnacionales hasta movimientos indígenas y campesinos, de trabajadores urbanos y de profesionales de capas medias -, que se combina con la declinación de actores tradicionales de gran influencia ayer apenas, como las organizaciones empresariales, cívicas y sindicales forjadas al interior del modelo de desarrollo protegido hoy en desintegración.
  3. El paso desde una sociedad de fuertes valores rurales y estrechos vínculos entre los sectores populares y capas medias profesionales de origen reciente, a otra de carácter urbano, de gran desigualdad estructural y precarios niveles de organización.
  4. La transformación de los pobres de la ciudad y el campo, y de amplios sectores de capas medias empobrecidas, desde la situación de aceptación más o menos pacífica de su condición de marginalidad, gestada sobre todo a partir del golpe de Estado de diciembre de 1989, hacia otra de creciente voluntad y capacidad para reclamar mejores condiciones de vida, a partir de la actividad tanto de sectores de trabajadores – del campo y de la ciudad, manuales e intelectuales -, cada vez mejor educados y organizados, como del incremento en el número y las mejoras en la educación y la organización de grupos antes marginales – como los pueblos originarios – y de la solidaridad internacional de reciben.
  5. La creciente vinculación de nuestros movimientos sociales a la vida política de la región, que va dejando atrás un prolongado período de aislamiento parroquial y abre posibilidades inéditas de aprendizaje y maduración política a una población que se caracteriza en su bajísimo nivel de organización, y su alto nivel de dependencia de los peores hábitos del clientelismo político.
  6. Una crisis de identidad que expresa, en primer término, el agotamiento de la autoridad moral y cultural de los viejos grupos dominantes, y se acentúa con el ingreso a la vida activa de nuevas generaciones de jóvenes que han crecido y maduran en el proceso de transición, sin más referencia al pasado que la que puede brindarles un sistema educativo hace tiempo agotado, y las mitologías cívicas de las que participan sus mayores.

Estos cambios, sin embargo, no se traducen todavía en un verdadero proceso de renovación de la sociedad panameña y su Estado. Señalan apenas el ingreso a un momento en nuestra historia en el que todo lo que ayer apenas parecía sólido hoy se desintegra ante los ojos de todos, y se inicia un proceso de transformación que, al menos en sus primeras fases, será por necesidad lento, contradictorio y de apariencia errática. De momento, y en ausencia de un liderazgo histórico capaz de conducirlo, ese proceso ha dado lugar a un fenómeno de apariencia aberrante: la formación de un Gobierno cada vez más fuerte y un Estado cada vez más débil, como se aprecia en cuatro ejemplos característicos.

Uno, el debilitamiento de la capacidad de gestión de los grandes organismos estatales a cargo de la atención a demandas sociales masivas, como las de educación, salud y seguridad social.  Otro, la multiplicación de agencias con mandatos puntuales en sectores como los del transporte, el agua, la recolección de desechos, la energía, la incorporación de tecnologías innovadoras a la gestión pública, la gestión de la ciencia, la recolección de impuestos, la titulación de tierras y la formación profesional. El tercero, la creciente militarización de la fuerza pública, en curso desde mediados de la década de 1990, y su implicación cada vez mayor en proyectos regionales de seguridad y control. Y el cuarto, por el que nos felicitamos cada día, corresponde a la decisión de proteger a la operación del Canal de los riesgos que genera el deterioro de la sociedad a la que debe servir, reconociendo en la práctica que ese deterioro puede ser administrado, en el mejor de los casos, pero no revertido en el marco del ordenamiento estatal y social vigente.

De momento, esto nos ha llevado a una circunstancia caracterizada por la erosión simultánea de la eficiencia del Gobierno y de la legitimidad del Estado en la tarea de conducir los cambios en curso en el país, que genera un riesgo creciente de anomia social y política. Con todo, el nuestro es todavía un tiempo “de ebullición, no de condensación; de mezcla de elementos, no de obra enérgica de elementos unidos”, en el que “las especies luchan por el dominio en la unidad del género”, como dijera Martí del suyo en 1881.[3]

En un tiempo así, el problema mayor que debemos encarar consiste en crear las condiciones que permitan hacer posible lo que va siendo percibido como necesario por sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad, cada uno desde su propia perspectiva de interés.[4] Se trata, en otros términos, de ser capaces de identificar y expresar a través de una enérgica demanda de reforma cultural y moral – esto es, política – el interés general de la Nación que emerge en el siglo XXI, a partir de la descomposición de la que se forjó en la lucha contra el colonialismo y su Estado a lo largo del siglo XX.

Ese interés, como sabemos, es el de los grupos sociales fundamentales de nuestra sociedad en superar un conjunto de obstáculos a su propio desarrollo que afloran en ese proceso de descomposición, desde la ausencia de control de la gestión pública por parte de la ciudadanía hasta las limitaciones legales y prácticas al derecho de los trabajadores a la organización, pasando por las condiciones de desamparo en que se encuentran los productores nacionales, y por aquellas otras que fomentan el saqueo del patrimonio natural de la Nación y, en particular, de sus pueblos imaginarios.

Frente a todo esto, podemos tener motivos de optimismo bien fundados.  Nosotros, los panameños, hemos sido capaces en el pasado de encarar con éxito desafíos de tan extraordinaria complejidad como la negociación de los Tratados Torrijos Carter, que pusieron fin tanto al enclave colonial norteamericano en Panamá, como a la condición semicolonial de nuestro Estado. Trabajar con la gente, y desde ella, será la mejor manera de vincular entre sí las iniciativas que ya están en marcha en el país, y de proporcionarles la orientación que les permita contribuir a establecer en Panamá un Estado capaz de representar y ejercer el interés general de la nación en este momento de su historia.

Pausa (que no conclusión)

Al cerrar la nota de su cuaderno de apuntes sobre los tiempos de ebullición que le había correspondido vivir, se preguntaba Martí: “¿Se unirán en consorcio urgente, esencial y bendito, los pueblos conexos y antiguos de América? ¿Se dividirán, por ambiciones de vientre y celos de villorrio, en nacioncillas desmeduladas, extraviadas, laterales, dialécticas…?” La nuestra es, justamente, la última de aquellas nacioncillas, que por su propio esfuerzo – y a pesar de las conductas a menudo “desmeduladas, extraviadas, laterales” de sus propios dirigentes – ha sabido llegar a las vísperas de su plenitud.

Alcanzar esa plenitud, ejercerla y disfrutarla, es una meta que está al alcance – finalmente – de lo mejor de nosotros mismos. Por eso mismo, crear las condiciones que permitan a nuestra gente conocerse y ejercerse en la construcción de una vida justa y buena para todos es, sin duda, el más importante desafío que encaran hoy los hombres y mujeres de cultura de mi tierra.

Para nosotros, ha llegado el momento de poner en imperativo el himno de la Nación que fuimos, para anunciar que si deseamos un país distinto, debemos crear un sociedad diferente. Identificar esa diferencia, y las formas de construirla y ejercerla con todos y para el bien de todos los que aspiramos a vivir en una Patria libre, equitativa y efectivamente soberana, es la tarea más compleja que encaran hoy los panameños. Diga entonces el Himno del país que viene:

“Alcancemos por fin la victoria,

en el campo feliz de la unión.

Con ardientes fulgores de gloria,

se ilumine la nueva nación.

Es preciso quitar todo velo,

del pasado, el calvario y la cruz.

Y que alumbre el azul de tu cielo,

de justicia la espléndida luz.”

Universidad Autónoma de Chiriquí, 22 de septiembre de 2014

[1] Conferencia inaugural del XIV Congreso Centroamericano de Sociología. Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá. 22 de septiembre de 2014.

[2] Gramsci, Antonio, 2003: Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado Moderno. Nueva Visión, Buenos Aires. Traducción de José Aricó. “El príncipe moderno”, p. 61

[3] “No hay letras, que son expresión, hasta que no hay esencia que expresar en ellas. Ni habrá literatura hispanoamericana, hasta que no haya – Hispanoamérica. Estamos en tiempos de ebullición, no de condensación; de mezcla de elementos, no de obra enérgica de elementos unidos. Están luchando las especies por el dominio en la unidad del género. – El apego hidalgo a lo pasado cierra el paso al anhelo apostólico de lo porvenir. Los patricios, y los neopatricios se oponen a que gocen de su derecho de unidad los libertos y los plebeyos. Temen que les arrebaten su preponderancia natural, o no les reconozcan en el Gbno. su parte legítima – se apegan los indios con exceso y ardor a su Gbno. La práctica sesuda se impone a la poesía ligera. Las instituciones que nacen de los propios elementos del país, únicas durables, van asentándose, trabajosa pero seguramente, sobre las instituciones importadas, caíbles al menor soplo del viento. Siglos tarda en crearse lo que ha de durar siglos.[…] Lamentémonos ahora de que la gran obra nos falta, no porque nos falte ella, sino por que esa es señal de que nos falta aún el pueblo magno de que ha de ser reflejo, – que ha de reflejar – (de que ha de ser reflejo) ¿Se unirán en consorcio urgente, esencial y bendito, los pueblos conexos y antiguos de América? ¿Se dividirán, por ambiciones de vientre y celos de villorrio, en nacioncillas desmeduladas, extraviadas, laterales, dialécticas…?”

Martí, José (1975: XXI, 164): Cuadernos de Apuntes, 5 (1881). Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. XXI, 164.

[4] Tal el interés que subyace, por ejemplo, en la demanda cada vez más generalizada de que se proceda a convocar a una Asamblea Constituyente para normar en nuevos términos las relaciones entre los panameños y su Estado.

Panamá: transitismo, Canal, ambiente

Panamá: transitismo, Canal, ambiente

Entrevista a Guillermo Castro Herrera

Luis Pulido Ritter / La Estrella de Panamá

 

 1. Playas, ríos, lagos, islas y el agua que tomamos. ¿Es irrazonable desear y exigir el control público de estos recursos?

Creo que la pregunta está mal planteada.

El problema no consiste tanto en qué controla el Estado, sino y sobre todo en quién controla al propio Estado.

Quienes lo vienen controlando en Panamá a lo largo de los últimos 20 o 30 años han encarado nuestra relación con el entorno natural como una serie de oportunidades de saqueo, y a la protección del mismo como un obstáculo para aprovechar esas oportunidades.

El control público de esos recursos es indispensable para garantizar que estén al servicio del bien común, pero eso supone la creación de un Estado que funcione a partir del control social de la gestión pública.

Una sociedad así tendrá que estar mucho más y mejor organizada que la que tenemos hoy, que no se sustenta en el pleno ejercicio de la libertad de organización de todos los habitantes del país, sino en las restricciones al ejercicio de ese derecho, sobre todo cuando quienes aspiran a ejercerlo son los trabajadores y los grupos comunitarios y populares.

 

2. En tu libro El agua entre los mares reconoces “una contradicción insoluble entre el transitismo y el tránsito” . ¿Quizás un diagnóstico apocalíptico para Panamá?

Solemos asociar el Apocalipsis con una suerte de fin catastrófico de todo lo existente, seguido de un largo período de caos y violencia sin fin.

En sentido estricto, sin embargo, el Apocalipsis designa el fin de los tiempos de la opresión y la llegada de una era de justicia.

Visto así, el tránsito como actividad puede llegar a ser mucho más productivo – y mucho más equitativo en la distribución de sus beneficios – de lo que ha sido y es el transitismo como modalidad histórica de organización de esa actividad.

Esa modalidad de organización ya fue descrita en 1973 por el historiador Alfredo Castillero: ella se caracteriza por el monopolio de una sola de las rutas de tránsito por un poder estatal extranjero; por la concentración de sus ingresos en manos de una élite, y por la centralización del poder derivado de esa organización para poner al país entero al servicio de esa actividad en particular.

El Apocalipsis de que aquí se trata es el del transitismo.

Ese Apocalipsis deberá liberar al tránsito del carácter opresivo y excluyente que le impone su modalidad transitista; permitirá disponer de sus beneficios para construir una vida mejor para todos, y restablecerá el papel de Panamá como puente terrestre y punto de encuentro de todos los pueblos y todas las economías de las Américas.

 

3. En esta dialéctica -de larga duración entre transitismo y tránsito-, ¿qué papel juega la ampliación del Canal de Panamá?

En su modalidad actual, toda expansión del tránsito es una expansión de las contradicciones del transitismo.

En ese sentido, en las condiciones del siglo XXI el transitismo conspira contra el tránsito en la medida en que lo torna cada vez más conflictivo, erosiona sus bases naturales de sustentación, y hace cada vez más difícil su gestión territorial, administrativa y política.

A su modo, el Presidente Ernesto Pérez Balladares captó lo más esencial de este problema al decir en alguna ocasión que Panamá se vería ante la disyuntiva de desarrollar el país o subdesarrollar el Canal.

Esa disyuntiva está más activa que nunca.

A modo de ejemplo, bastaría con el contraste entre la eficiencia en la administración del Canal y el caos reinante en sus áreas urbanas aledañas, que incluye a una parte cada vez mayor de la cuenca hidrográfica que abastece de agua a ambos.

La lógica del transitismo fragmenta lo que debería estar integrado, y centraliza lo que debería ser autónomo, siempre en aras de la concentración del poder en torno a la ruta interoceánica, cuya consecuencia inevitable es el subdesarrollo constante del resto del país.

 

4. Una agenda ambiental -”transformar para conservar” – en América Latina. ¿Es posible pensar y además gestionar más allá de las fronteras nacionales?

Si antes eso era imginable, hoy ya es imprescindible.

La crisis ambiental tiene un carácter global, pues resulta de las interacciones entre sistemas sociales y sistemas naturales a escala planetaria, con resultados no previstos ni deseados, como el cambio climático y la creación de los enormes basureros oceánicos.

Lo que opera a esa escala, a esa escala debe ser encarado.

El problema inmediato radica en que, en su forma actual, esa escala es la del mercado mundial gestado a partir del siglo XVI en torno a un núcleo Noratlántico de origen, que hoy tiende a desplazarse a la región de Asia – Pacífico.

Global, aquí, significa la primacía de las economías de esas regiones, que dependen para su crecimiento incesante de los subsidios en materias primas, alimentos, servicios y fuerza de trabajo que les proporcionan las demás sociedades del planeta.

En este sentido, estamos atrapados en una doble contradicción: no puede haber soluciones locales, pero tampoco las habrá globales en el marco del orden vigente.

Para América Latina, esto plantea dilemas de una singular complejidad.

Somos la última gran reserva de recursos naturales del planeta: hídricos, minerales, forestales, agrarios, energéticos y demás.

Por eso, el fenómeno dominante en nuestra historia ambiental contemporánea es la acelerada transformación del patrimonio natural en capital natural, mediante la expropiación de las comunidades humanas de nuestras fronteras interiores.

Esto ocurre por encima y más allá de nuestras fronteras nacionales, y tendría que ser enfrentado de la misma manera, mediante una política regional de integración de esas reservas de recursos, que fomente el trabajo con la naturaleza – y no contra ella – a partir del trabajo con nuestra gente, y no contra ellos.

Esa política de conservación para el desarrollo sostenible – que ponga fin a la de subsidiar el crecimiento económico mediante el despilfarro de las riquezas naturales – demanda un Estado de amplia base democrática, administrado por una sociedad culta y bien organizada, capaz de identificar y ejercer intereses comunes con sus vecinos.

Y por ahora, lo más parecido a eso es lo que se intuye en los programas de los nuevos movimientos sociales de la región, en particular aquellos que plantean la demanda del vivir bien todos, y la contraponen al deseo de una vida mejor para una minoría cada vez más reducida.

4. La ACP, como primera empresa del país, ¿no podría ser un gestor institucional en esta dirección?

En las circunstancias actuales, la ACP opera en una contradicción creciente con el resto de la institucionalidad estatal, y es percibida como cada vez más distante de los intereses y necesidades de las grandes mayoría nacionales.

Esto es muy peligroso para el país, y para la propia ACP.

Ese peligro debe y puede ser encarado modificando el entorno institucional de la ACP para facilitarle a ésta una interacción mucho más virtuosa con el resto del país.

De momento, seguimos teniendo una empresa muy moderna en una sociedad muy atrasada, en una relación que – dentro del ordenamiento estatal vigente – tenderá a ser conflictiva.

 

5. Soñemos un poco: es posible que, en la clase política de América Latina, se inserte el tema ambiental en una campaña política como lo han hecho -aunque ya no exclusivamente – los Verdes en Europa?

La clase política en América Latina se reduce, en lo fundamental, al conjunto de los administradores del Estado creado por el neoliberalismo triunfante de la década de 1990 en adelante.

Su propósito fundamental es el del Estado a su cargo: garantizar el crecimiento económico sostenido, y no el desarrollo sostenible, salvo en aquellos casos en que éste sea compatible con aquél.

Aquello que anunciaron los Verdes alemanes en tiempos de Petra Kelly emerge aquí en los nuevos movimientos sociales del campo y la ciudad.

En esos movimientos se combina tanto la lucha de los pobres del campo y la selva por conservar el control de su entorno, como el de los pobres de la ciudad por alcanzar el del suyo.

Cada vez que estas demandas han alcanzado algún grado de expresión en el sistema político formal, han sido devoradas, metabolizadas y convertidas en legislación y normas devueltas a la sociedad como imposiciones, y no como mecanismos de participación.

Con lo cual regresamos a lo realmente esencial: que el ambiente expresa el resultado de las interacciones entre la sociedad y entorno natural; que cada sociedad ha tenido un ambiente que le ha sido característico, como lo tiene la nuestra, y que el cambio de ese ambiente ha ocurrido como resultado de la transformación de la sociedad – estimulada, sin duda, por el deterioro de su entorno natural.

Si deseamos un ambiente distinto, debemos construir una sociedad diferente.

Identificar esa diferencia, y los modos de ejercerla, es el principal desafío cultural y político de nuestro tiempo.

El país del Canal

El país del Canal

 Guillermo Castro H.

 El conflicto contractual entre la Autoridad del Canal de Panamá y el Grupo Unidos por el Canal ha tenido, motivado por los sobrecostos en que alega haber incurrido el consorcio que tiene a su cargo la ampliación de la vía interoceánica, ha tenido – entre otras – la virtud de traer de vuelta al Canal al terreno del debate público en Panamá. Con ello se anuncia el fin – quizás, ojalá – del intento de proteger a la operación del Canal de los males políticos de la sociedad a cuyo servicio se encuentra, y se abre la posibilidad de enfrentar aquel riesgo encarando esos males, mediante una reforma constitucional de 1994, que hace de la Autoridad del Canal de Panamá una entidad pública dotada de una autonomía sin precedentes en la historia nacional.

Así planteado el problema, la pregunta clave viene a ser la siguiente: si el Estado controla el Canal, ¿quién controla al Estado? La búsqueda de una respuesta a una pregunta así planteada obligaría a abrir una discusión del mayor interés sobre una serie de temas conexos. Por ejemplo, si en 1994 el Gobierno nacional consideró necesario aislar el Canal de Panamá de los vaivenes de la política criolla, que expresaba a su vez las formas de organización de la economía y la sociedad panameños, ¿por qué no se consideró transformar esa economía y esa sociedad de modo que se convirtieran de elemento de riesgo en factor de estímulo y apoyo a una gestión eficiente del Canal?

La respuesta tendría que ser evidente: aquel gobierno era expresión de aquel país, y cualquier intento de cambiar el país hubiera significado su propia liquidación. Por lo mismo, en vez de abordar el desafío en su raíz, las autoridades estatales hicieron del Canal el espejo donde los panameños podemos contemplar a diario lo peligrosos que somos para nosotros mismos, debido a nuestra incapacidad para encarar los problemas de fondo que arrastramos desde (al menos) la derrota liberal en la Guerra de los Mil Días, librada entre 1899 y 1902 y culminada en una victoria conservadora al amparo de la amenaza de intervención por parte de los Estados Unidos. Se fueron en cambio por las ramas, y es la agitación del follaje por el diferendo administrativo sobre los costos de la ampliación del Canal lo que puede recordarnos – o no – que esas raíces existen.

Ernesto Pérez Balladares, Presidente de la República entre 1994 y 1999, dijo alguna vez que estábamos ante la disyuntiva de desarrollar el país o subdesarrollar el Canal. Nunca tuvo tanta razón como en estos días. Quizás ha llegado la hora de poner a la República en condiciones de encarar las responsabilidades que le corresponden para poner el Canal a su servicio. Para eso, habrá que empezar por preguntarse si la operación eficiente del Canal es compatible con la presencia de una sociedad democrática, equitativa y comprometida con la sostenibilidad de su propio desarrollo, y con un Estado que controle el Canal en correspondencia con esos propósitos.